El litigio malicioso, un obstáculo para la justicia

El litigio malicioso, un obstáculo para la justicia

 ARTÍCULO 000 | Ilustración: CICIG.


Para frenar el avance de dichos procesos, el abogado litigante por lo regular presenta amparos, apelaciones, incidentes, recusaciones, quejas, exhibiciones personales o cualquier otro recurso con el propósito de retrasar el trámite de los procesos judiciales.

Las recusaciones a los jueces son las acciones que principalmente interponen los abogados defensores para detener el avance de los procesos penales en contra de sus defendidos. Posteriormente a esa acción se presentan los amparos cuando los jueces rechazan dichas recusaciones.

Incluso la recusación es utilizada por los abogados defensores para impedir que se ejecute un fallo judicial que perjudica a sus clientes. El artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial señala la prohibición a los abogados de actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera se recusado a causa de la intervención del profesional.

Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoya al Ministerio Público (MP) en la investigación de los casos se ha observado una práctica recurrente de los defensores de retrasar las causas penales en los tribunales de justicia.

Esta estrategia de la defensa se realiza principalmente en los procesos en los cuales los sindicados están involucrados en hechos de corrupción, incluso la utilizan los abogados cuando sus defendidos están en prisión preventiva con el fin de que no sean ligados a proceso, y posteriormente argumentan que sus defendidos están detenidos de manera ilegal.

En varios casos, los jueces han frenado las intenciones de los defensores de retrasar los procesos. Sin embargo hay otros que ceden ante los litigantes para entorpecer el avance de algún proceso judicial.

El Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios en el artículo 19 se señala que el abogado debe abstenerse del abuso de medios de Impugnación y de toda gestión puramente dilatoria, que entorpezca el desarrollo del procedimiento. Este vicio afecta el prestigio de la profesión y el concepto de la justicia.

La CICIG estima que toda persona sindicada tiene derecho a utilizar los recursos que la ley le permite, ser citado y oído ante juez competente y previamente establecido, pero no los debe no debe utilizar -a través de su defensa- como un instrumento de impunidad para evitar que su caso avance conforme lo establece la ley.

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