COMUNICADO 041 | Foto: Emisoras Unidas.

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, ligó hoy a proceso  y envío a prisión preventiva al abogado Roberto López Villatoro, a su hermana Clara López Villatoro por cohecho activo, así como al magistrado Eddy Orellana Donis, por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Luego de la audiencia de primera declaración, la jueza estimó que existían suficientes medios de investigación para que los tres sindicados quedaran sujetos a proceso penal y guarden prisión preventiva en base al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad.

La jueza fijó un plazo dos meses y medio para que la Fiscalía presente las conclusiones de la investigación y la acusación formal en contra de los tres sindicados.

Las investigaciones revelaron una estrategia impulsada por López Villatoro para intervenir en el nombramiento de las más altas autoridades del Poder Judicial del país, mediante la creación de una estructura paralela a las Comisiones de Postulaciones para la elección de la actual Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Lo anterior fue llevado a cabo en complicidad con varios legisladores y comisionados que integraron las Comisiones de Postulaciones en el 2014.

 Se estableció que Sergio Roberto López Villatoro llevó a cabo una estrategia para acercar intereses públicos y privados e influir sobre algunos de los Comisionados. Para ello convocó, reservó y financió reuniones en fechas claves y determinantes -fuera del espacio de transparencia que establece la Ley de Comisiones de Postulación-, con integrantes de las mismas para poder tratar el proceso de elección de magistrados y de esta manera influir en la decisión de los comisionados.

Además coordinó reuniones con diputados para influir en el voto y favorecer a candidatos que previamente habían hablado con él. Invirtió casi un millón de quetzales en actos de campaña, con el fin de promover la elección de representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) y otros candidatos a integrar las Comisiones de Postulación, y así contar con la máxima cantidad de personas afines a sus intereses dentro de las mismas. Mantuvo reuniones reiteradas y constantes con personas que postularon su candidatura a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, con algunos integrantes de las Comisiones de Postulación, y con algunos diputados del Congreso de la República de Guatemala.

El 11 de enero del 2017, la FECI solicitó el levantamiento del antejuicio en contra de Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La CICIG había recibido previamente una denuncia sobre pagos provenientes de Sergio López Villatoro para un apartamento, presuntamente otorgado al magistrado Orellana Donis, en la zona 14 de la ciudad capital. Al revisar la información y reunir los indicios, se pudo establecer que las fechas de los pagos al inmueble coincidían con el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación.

Antecedentes

Por este caso se presentaron solicitudes de antejuicio contra Marwin Eduardo Herrera Solares, magistrado presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil, así como de Carlos Rodimiro Lucero Paz, magistrado presidente de la Sala Segunda del ramo de Familia.

Continúan prófugos Marlon Aníbal Rosales y Claudia Patricia Abril Hernández De Cerda, socios fundadores de una red de empresas lideradas por Roberto López Villatoro.