COMUNICADO 016
La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling por presumir que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera, a quienes benefició con fianzas para salir en libertad.
La solicitud fue planteada por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, y se le asignó al juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, el cual ella misma preside.
En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez expresó: “Que los jueces vendan sus decisiones generan sentimientos de tristeza. Este caso demuestra que es indispensable examinar con rigor el sistema de justicia, (…) respaldamos a los jueces honestos, por lo que esperamos que desde el Gobierno se realicen todas las acciones necesarias para lograr la instauración de un verdadero sistema de justicia en el país”.
La conferencia de prensa fue presidida por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández.
Argumentos de la solicitud de antejuicio:
- El 16 de abril de 2015, fecha de las capturas de los integrantes de la red de defraudación aduanera, la jueza Sierra de Stalling convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha. La magnitud del operativo frustró la aspiración de la jueza, quien tuvo que reprogramarla para el día siguiente.
- La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados. Envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.
- La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó la razones para otorgar las fianzas (a Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, -presuntos líderes de la estructura- y Mónica Jáuregui (técnica aduanera) les impuso un pago de Q200 mil a cada uno. Mientras que a Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso -Técnicos aduaneros- les fijó una fianza de Q250 mil).
- El mismo día de los operativos y previa autorización judicial, se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía y personas cercanas a él, a cambio de dinero.
- La investigación reveló que el señor Luis Mendizábal Barrutía mantenía contacto frecuente con algunos miembros de la organización criminal, especialmente con Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana. Ellos y otros miembros de la red sostenían reuniones frecuentes en la Boutique Emilio -de su propiedad- y en cuyo parqueo se les pudo observar distribuyendo dinero, al parecer proveniente de negocios ilícitos.
- Mientras las autoridades realizaba el allanamiento en la vivienda de Francisco Javier Ortíz Arriaga, éste sostuvo prolongadas comunicaciones telefónicas con Luis Mendizábal Barrutia, en las que le informaba de las gestiones que estaba adelantando para lograr que le otorgaran medidas sustitutivas.
- Se determinó que entre los días 16 y 17 de abril, familiares de Francisco Javier Ortíz Arriaga, cobraron cuatro cheques por la suma de US$74,200.00 de la cuenta en dólares a su nombre; y un quinto cheque por Q1 millón 300 mil, de otra cuenta suya. En el formulario que la familiar de Ortíz Arriaga debió llenar por el cobro de este cheque anotó que los fondos se destinarían al pago de una fianza.
- El 17 de abril apenas daba inicio la audiencia de primera declaración, por lo que resultaba imposible anticipar si se habría de imponer una fianza a favor de Ortiz Arriaga, a no ser que el tema estuviera acordado previamente, y ello sólo podía suceder a través de la jueza Sierra de Stalling.
Por lo anterior se presume que las decisiones de la jueza Sierra de Stalling pudieron estar influenciadas por un ofrecimiento de tipo económico que aparentemente fue cumplido, si se tiene en cuenta la fuerte suma de dinero que movilizó Ortíz Arriaga días previos a la audiencia de primera declaración. Por ello, el Ministerio Público y la CICIG solicitan que se le retire la inmunidad para que se inicie una investigación penal que permita esclarecer los señalamientos en su contra.
ESTRUCTURA CRIMINAL: BUFETE DE IMPUNIDAD
En la conferencia de prensa también se reveló la existencia de una estructura criminal integrada por abogados que operan en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Usuarios de la estructura
LUIS ALBERTO MENDIZÁBAL BARRUTÍA (con orden de captura internacional)
FRANCISCO JAVIER ORTÍZ ARRIAGA (recapturado)
MIGUEL ANGEL LEMUS ALDANA (recapturado)
SALVADOR ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ (recapturado)
Estructura: Bufete de impunidad
JOSÉ ARTURO MORALES RODRIGUEZ (capturado)
RUTH EMILZA HIGUEROS ALAY (capturado)
JORGE LUIS ESCOBAR GÓMEZ (capturado)
Funcionaria Judicial
MARTA JOSEFINA SIERRA GONZÁLEZ DE STALLING, Jueza del Juzgado Octavo del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desde el año 1997.
Las interceptaciones telefónicas demuestran cómo a lo largo de la mañana del día 16 de abril del 2015 –día del operativo del caso “La Línea”- LUIS ALBERTO MENDIZÁBAL BARRUTIA, una vez informado del allanamiento de la Boutique Emilio y de la detención de FRANCISCO JAVIER ORTIZ ARRIAGA y MIGUEL ÁNGEL LEMUS ALDANA, inició una serie de contactos con el fin de contratar a una oficina que ofrece a sus usuarios servicios jurídicos irregulares dentro de procesos judiciales, liderada por JOSÉ ARTURO MORALES RODRIGUEZ, alias CHEPITO e integrada por RUTH EMILZA HIGUEROS ALAY, JORGE LUIS ESCOBAR GÓMEZ, y otros pendiente de captura.
A través de dichas llamadas, se evidencia cómo MENDIZABAL BARRUTIA busca, en un primer lugar, asegurar la presencia de abogados en la Boutique Emilio y, en segundo lugar, asegurarse que la oficina de abogados, gracias a los contactos y amistades de éstos con altos funcionarios del Organismo Judicial logren, mediante una remuneración económica, que los detenidos ORTIZ ARRIAGA y LEMUS ALDANA recuperen su libertad en la tarde de ese mismo día, bajo la figura de medidas sustitutivas. Es de relevancia destacar que en las llamadas también se refirió a SALVADOR ESTUARDO GÓNZÁLEZ, dudando de la conveniencia de ayudarlo o no con este beneficio debido a que, a juicio del propio MENDIZÁBAL, podría complicar las cosas.
En las llamadas realizadas a partir de las 13:00 horas, se advierte que los detenidos tendrían que pasar la noche del 16 de abril en la cárcel, debido al atraso que se dio en las diligencias de allanamiento, pero MENDIZABAL BARRUTIA le garantizó a la familia de ORTIZ ARRIAGA que, pagando el dinero a la mayor brevedad, se aseguraba el otorgamiento de las medidas sustitutivas al finalizar la audiencia de primera declaración.
Luego de brindar detalles de la investigación, el Comisionado Iván Velásquez afirmó: “Nuestro compromiso es tratar de sanear un organismo que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la justicia en el país. Un organismo en el que la ciudadanía pueda confiar plenamente, pero también una notificación para los abogados corruptos que incumpliendo con el código de ética, en lugar de ejercer la profesión como corresponde -con el conocimiento jurídico que se supone adquirieron en las aulas universitarias- participen en estos actos de corrupción, y logren -como sucedió en este caso particular- unas medidas que a nuestro juicio son absolutamente producto de un prevaricato”.
Afirmó que tanto el MP como la CICIG continuarán con las investigaciones, sin importar nombres o cargos.
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AUDIOS CONFERENCIA DE PRENSA
Fiscal Thelma Aldana:
Comisionado Iván Velásquez:
Ministro Mauricio López:
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