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        Comunicados 2017
COMUNICADO DE PRENSA 078 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 078 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 077 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 075 Guatemala, oct 25 de 2017.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

“Jueces tienen grandes desafíos en lucha contra redes criminales”

Guatemala, junio 20 de 2017. El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó hoy en el Congreso Internacional “Independencia Judicial y redes criminales”, en el cual destacó la imparcialidad que deben tener jueces y magistrados en la lucha contra la impunidad, y los desafíos que deben enfrentar para el combate a las estructuras criminales en el país.

La actividad fue organizada por el Organismo Judicial, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y la Universidad de San Carlos, con el apoyo de USAID.

En su exposición, el Comisionado destacó que la independencia significa que los jueces deben ejercer una soberanía real en el ejercicio de su función estatal. Para ello el sistema jurídico debe otorgar las garantías necesarias a fin de que la judicatura ejerza su rol sin presiones de parte de los sujetos interesados en el proceso, incluidos los tres poderes del Estado y otros órganos jurisdiccionales.

El Comisionado citó el Séptimo Congreso de la Naciones Unidas sobre la “Prevención del delito y tratamiento del delincuente”, celebrado en Milán en 1985, en el cual se señala los principios básicos relativos a la independencia judicial.

“El principio dos, señala que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, manifestó.

Agregó que para lograr la independencia del Poder Judicial es necesario: la previsión de un autogobierno de dicho poder; el sometimiento de los jueces y magistrados al imperio de la ley y la inamovilidad. “Para que la judicatura sea independiente se deben respetar los estándares básicos que le otorgan estabilidad y permanencia, así como una debida protección ante factores o grupos de presión e intereses particulares o generales”, aseveró.

En el caso de Guatemala, el Comisionado señaló que se observa un poder Judicial que avanza y aporta en la lucha contra la impunidad; que apuesta a las herramientas tecnológicas de vanguardia; que genera acuerdos y cooperaciones entre los diversos órganos del sistema de justicia guatemalteco. “Una judicatura que impulsó en sus orígenes las reformas constitucionales y es parte activa de los proyectos recientes como el Observatorio Judicial y el Sistema Integral de Justicia, con el fin de disminuir los índices de impunidad”, comentó.

Redes criminales
En relación al combate a las redes criminales, el Comisionado expresó que la mutación del crimen organizado debe generar cambios en la forma de investigar y juzgar el fenómeno como tal. “El desafío de nuestros operadores del sistema de justicia -en especial de nuestras fiscalías, ministerios públicos y de los jueces- es adaptar sus conceptos y herramientas a sabiendas de que muchos grupos criminales ya no se estructuran como modelos verticales sino horizontales, y a su vez un gran número de ellos se ordenan en redes conformadas por nódulos, siendo cada uno de estos una asociación ilícita en sí misma”, aseveró.

Por ello, dijo, que el rol del Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado supone un doble reto: entender la dinámica cambiante de las organizaciones criminales y contar con instituciones capaces de investigar y juzgar la responsabilidad de sus integrantes en un plazo razonable de conformidad con las reglas del debido proceso legal.

“El desafío de la judicatura actual es lograr flexibilizar y adaptar su estructura, herramientas y conceptos a los fenómenos de la actualidad y redes criminales, a fin de cumplir su función con base en el Derecho Penal y la Política Criminal, sancionando a los culpables y desarticulando a las estructuras criminales”.

Sin embargo señaló que para que la lucha contra la criminalidad sea posible, “el Estado deberá adoptar todos los mecanismos y facilitar los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia e investigadores de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer su labor, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos”, puntualizó.

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