CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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        Comunicados 2017
COMUNICADO DE PRENSA 057 Guatemala, agosto 18 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 056 Guatemala, agosto 08 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 055 Guatemala, agosto 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 054 Guatemala, agosto 01 de 2017.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, recibió al Comisionado Iván Velásquez Gómez, en la sede de Nueva York, con quien abordó, entre otros temas, los avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.

 

"Continúo con el compromiso de liberar al Estado de las redes político económicas ilícitas"(Entrevista El Periódico)

Guatemala, julio 27 de 2017. La periodista Evelyn Boche de El Periódico entrevistó al Comisionado Iván Velásquez Gómez, quien reiteró su compromiso de luchar contra la impunidad para que exista un sistema de justicia que responda a los intereses de la población guatemalteca y latinoamericana. También se refirió a algunos casos que la CICIG apoya al Ministerio Público. (Se publica con fines informativos).

 

VIDEO DE LA ENTREVISTA

Por Evelyn Boche

¿Qué lo motivó a quedarse dos años más en Guatemala?

– Me mueve a permanecer la convicción de la búsqueda de un sistema de justicia que pueda responder a los intereses de la población guatemalteca y latinoamericana. La lucha contra la impunidad ha sido otra de mis preocupaciones constantes.

¿Sopesó los apoyos políticos?

– A medida que avanza la investigación de la corrupción y de las estructuras criminales, se van generando más contradicciones con más personas, aumenta el número de preocupados por la acción de la CICIG. Cada año ha habido condiciones distintas. No hice ninguna evaluación de respaldos, contradicciones, apoyos o rechazos. Hay un trabajo que se ha venido desarrollando, con mucha responsabilidad y seriedad, y es un trabajo inconcluso, que apenas empieza. Todavía no hay bases para afirmar que no habrá retroceso. Continúo con el compromiso de que hay que sacar el proyecto adelante, para liberar al Estado de las redes político económicas, ilícitas, lo que va a demandar mucho esfuerzo y tiempo. Las bases, creo que todavía no están muy bien cimentadas.

¿Cómo percibe el apoyo de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en esa tarea?

– No hay duda que hay una contradicción con el Ejecutivo, que no hay que ocultarla ni adornarla. Hay una situación evidente, debido a la investigación que se derivó contra el hermano del Presidente y su hijo. Eso, naturalmente lastima las relaciones. Asumimos el riesgo de fractura de la relación y correspondía actuar con rectitud. Eso genera un malestar, disgusto, contradicción, mucho más cuando desde algunos sectores, casi todos ignorantes, pretenden azuzar con la idea de que se trata de una persecución porque no hay ningún delito.

¿Esa fractura ha tenido incidencia en el trabajo que desarrolla la CICIG?

– No, no ha habido ni confrontación ni falta de comunicación. En cada caso que se ha requerido de acciones que se desarrollen, inclusive, buenas relaciones con varios ministros.

¿Es más político el quiebre?

– No, es más un problema personal.

¿Cuánto tiempo más se necesita para llevar ante la justicia todos los casos que evidencian la penetración de las redes criminales en el Estado?

– Una gran dificultad ha sido el avance de los procesos, que haya juicios. Desde el principio, hemos insistido en la necesidad de que haya juicio porque tenemos la certeza de que vamos a obtener sentencias condenatorias. La esperanza es que se destrabe el caso La Línea, en el proceso Negociantes de la Salud ya se fijó juicio. También ha habido algunas sentencias de sindicados que se han acogido al procedimiento abreviado. Y algunas voces señalan que la CICIG está urgida de sentencias.

La gente quiere condenas.

– Lo más conveniente para el país es que haya juicios prontos. En algún foro, yo planteaba la posibilidad que una decisión de la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Organismo Judicial que tiene ahora también la función administrativa, que dispusiera medidas de emergencia para que estos grandes casos pudieran tramitarse los juicios prontamente. Y en ese foro estaba el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, y él decía que fue una experiencia que se tuvo en Perú para el caso Fujimori. Creo que eso sería posible en el país, si hay, por decir algo, cinco grandes casos, que cada uno de esos tuviera asignado un juez para que se dedicara exclusivamente con toda atención.

Las voces disidentes cuestionarían que sean judicaturas pro-CICIG o condicionadas a resolver a favor.

– Cuando la CICIG interviene en un proceso se dice que su intervención genera presión. Sin embargo, son incontables las apelaciones que se presentan y eso significa que los jueces han resuelto en contra.

¿La idea de los tribunales exclusivos puede convertirse en una propuesta?

– La Corte Suprema tiene la palabra, tendrían que valorar de acuerdo con los recursos. No creo que haya un problema de inconstitucionalidad en eso.

¿La Comisión lo propondrá?

– No se ha presentado una inquietud formal al Organismo Judicial. Surgió como producto de conversaciones públicas.

Sus planteamientos tienen mucha incidencia, como la relacionada con el cierre de las cárceles en instalaciones militares.

– Como opinión. Yo espero que todos los jueces tengan independencia e imparcialidad absoluta para tomar las decisiones en cada caso, como corresponde. Lo hemos hablado con la Fiscal General, si no tuviéramos pruebas, no presentaríamos acusaciones. Si tenemos la certeza, aspiramos a que sea reconocido judicialmente a través de una sentencia condenatoria, no se trata de que los jueces tienen que condenar. Otra cosa es que por toda la actividad desarrollada y el conocimiento que existe en el país, una afirmación como esta, de las cárceles, no pase desapercibida. En estos días que se ha movido este tema, he escuchado a muchos decir que es algo que realmente debe ocuparnos, alguien debía decirlo. Creo, con toda sinceridad, que el tema de Mariscal Zavala debe preocupar al Estado, para establecer un verdadero régimen disciplinario porque se trata de una cárcel no de un centro de permanencia, que debe tener las restricciones propias, por lo que significa personas de tanto poder y de poder de corrupción, ya lo han demostrado muchos en las actividades por las que están privados de libertad. El Ejército no tendría porqué estar en medio de todo esto.

El expresidente Otto Pérez es un militar retirado al igual que el exministro Mauricio López Bonilla. ¿Cómo opera esa variable?

– Se habla del problema del hacinamiento, pues hacinados están en Mariscal Zavala. Y se producen decisiones como la del 14 de julio, donde la jueza envía a estas personas a Pavoncito, porque Mariscal Zavala ya está en condiciones de hacinamiento. Pero otro juez de turno, en la práctica de una exhibición personal, que contraría todas las condiciones legales, dispone que sean recluidos en Mariscal Zavala. ¿Cuál es la solución? Que no haya cárceles en establecimientos militares.

¿Qué demuestra esa facilidad y posibilidad de salirse con la suya?

– Yo creo, que es el gran poder que hay detrás de todo esto. Son personas que han tenido una incidencia, un reconocimiento social, otras personas que tienen un gran poder económico, otras un gran poder político, todo eso incide.

¿El procedimiento especial de aceptación de cargos supone una herramienta de desfogue para el sistema de justicia?

– Como está el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, será mucho más útil en los delitos de responsabilidad individual, no de crimen organizado, sino en delitos individuales como homicidio o atentado contra la propiedad, entre otros. Este proyecto tiene varias limitaciones, que yo veo acertadas: La persona que reconozca los cargos tiene que contar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta y quiénes fueron los copartícipes; se obliga a declarar en los procesos que se adelanten contra las demás personas, una especie de colaborador eficaz; está obligado a indemnizar. No es tan fácil. En este aspecto, de tener que narrar todas las circunstancias en las que realiza la conducta, cuando se trata de estructuras criminales. Este proyecto incorpora muchos cambios, después de tantas críticas, acerca de que propiciaba la impunidad, que era una ley para la corrupción. Yo decía, supongamos un caso como La Línea y el expresidente Otto Pérez Molina se va a acoger en sentencia anticipada…

¿Con esta iniciativa ya puede hacerlo, pese a ser un cabecilla?

– No hay problema quién sea, esa es una distinción del proyecto de aceptación de cargos, no importa el lugar que ocupe en la estructura. ¿Qué implicaría para una persona, por ejemplo, el ex Presidente y la ex Vicepresidenta? Tendrían que contar todo lo que ocurrió respecto de la defraudación tributaria y cuál fue el papel que desempeñó cada uno de los más de 30 involucrados. Eso no es algo tan fácil. Supongamos que entra en vigencia, en la primera etapa del caso Construcción y Corrupción. ¿Qué implicaría para los constructores a quienes se les imputa el cohecho? Tendrían que contar cómo fue esa correspondencia entre los pagos que había al Ministerio de Comunicaciones y los pagos que le hacían a las empresas de cartón de Alejandro Sinibaldi y contar quiénes fueron los intermediarios. Para mí, eso resulta –al contrario de decir que propicia impunidad– permite luchar con mayores herramientas contra la impunidad.

¿Por qué reducirle la pena a un cabecilla?

– Pero se le rebaja una tercera parte. No es posible conmutar pena. Tendrá la posibilidad de los otros beneficios de revisión de pena cuando cumpla un periodo determinado en privación de libertad. Para el Estado, representa que los defensores públicos pueden ya terminar rápidamente casos, dedicarse a atender otros diferentes, que el fiscal no va a estar tres meses de periodo de investigación, presentando la acusación y todo lo que implica el proceso hasta la sentencia. Para los jueces, no correr con el desgaste que significa tramitar todo el proceso en todas sus instancias y para el Sistema Penitenciario, tener definidos a los condenados de los detenidos preventivamente, y poder desarrollar reales políticas de reinserción. Por esa disminución de la tercera parte de la pena, que no es impunidad, es mucho lo que se gana.

¿Los más de cien prófugos suponen que ha habido filtración de información?

– Muchos han sido alertados. Por más cerrada que se pretenda mantener la investigación, es difícil que permanezca absolutamente reservada, porque cuando un investigador acude a preguntar por algo o habla con alguien, preguntando por algo, siempre se deduce que es porque puede haber compromiso de la persona relacionada con ese algo. Todos esperan que haya una respuesta del Ministerio Público en el tema Odebrecht. Quienes participaron en ese gran acto de corrupción, también saben que se está investigando el caso. ¿Cómo se puede impedir que una persona que crea que de pronto si va a ser descubierta, se vaya del país o se oculte desde ya?

Hace meses que el MP indicó que ya cuenta con la información del caso Odebrecht y Brasil ya liberó datos. ¿Se puede actuar más rápido para evitar esas fugas?

– Tratamos de hacer, con la mayor rapidez posible, todos los casos. Pero no podemos sacrificar contundencia probatoria por la rapidez. Solo cuando tengamos nuestra certeza, con apoyo de elementos probatorios de que existe una responsabilidad real, se judicializa el caso. Por más que se diga, todo el mundo sabía y apenas vienen a decirlo… ¡Pues todo el mundo lo sabía, pero nadie lo probaba! Ahora lo que necesitamos es, presentar los soportes probatorios. Eso demanda una actividad grande. Lo que ha implicado la revisión de tantos documentos digitales y físicos, que se recuperan o que se recaudan en los allanamientos, especialmente desde 16 de abril de 2015. Somos pequeños grupos. La CICIG es una muy pequeña entidad, al igual que la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad). Si pudiéramos tener un grupo de 500 personas dedicadas a esto…

¿Cuántos casos tiene en investigación?

– Mmm no sabría… cien casos, más activos. Claro que hay también un acumulado de expedientes que se han desprendido de otros. Algunos dicen, cómo es que aún con la presencia de la CICIG la impunidad no disminuye. En realidad, la actividad nuestra de apoyo al MP está circunscrita a la identificación, persecución, desarticulación y garantía de no repetición de los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad, no de la impunidad en el país. Con las condiciones actuales, con la escasa capacidad de respuesta que tienen los órganos de justicia, la lucha contra la impunidad no se va a ganar. Es necesario que haya un incremento tal de la capacidad de los órganos de justicia que den respuesta a la gran criminalidad existente. ¿Cuál ha sido el mérito? La desarticulación de estructuras criminales, como ha quedado evidenciado y demostrar con hechos e investigaciones, que la lucha contra la impunidad y la corrupción sí es posible. Es generar esperanza, pero eso solo no acabará con la impunidad. Se necesita esa otra respuesta del Estado que permanentemente reclamamos. Si no, esto queda como un buen ejemplo de investigaciones exitosas, pero no va a contribuir en la transformación del sistema de justicia.


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