ARTÍCULO 001 | Foto: CICIG.
El Sistema Integrado de Justicia (SIJ) está orientado a identificar mecanismos y ajustes institucionales idóneos que permitan reducir los niveles de impunidad en el país a través de la medición de la eficiencia y eficacia de la justicia, enfocada inicialmente al área penal.
Es un espacio impulsado por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el acompañamiento técnico de la CICIG, destinado a brindar asesoría especializada e información de alta calidad para la toma de decisiones conjuntas en el sector justicia.
Como parte del proyecto se creó un inédito sistema informático con la capacidad para desplegar información interinstitucional, y medir los indicadores relacionados a la eficiencia, eficacia e impunidad para todos los delitos en cada municipio de Guatemala, abarcando el período 2008-2016.
De esa cuenta, el Sistema Integrado de Justicia presenta los siguientes resultados de su primer informe de trabajo:
Cuantitativos
- Los delitos que han incrementado su frecuencia son los acaecidos contra la mujer (pasando de 111 casos reportados cada 100,000 habitantes en 2008 a 386, en 2016).
- En promedio 428,107 casos son ingresados anualmente, habiendo subido el número de remitidos de 223,042 a 330,395.
- El número de casos con salida positiva (sentencia, criterio de oportunidad o suspensión de la persecución penal admitida) ha subido de 7 830 a 30 338 en valores absolutos y de un 3.51% al 9.47% relativamente, mostrando una notable mejoría del desempeño.
- Para el periodo 2008-2016 el total de impunidad para todos los delitos fue del 92.86%, siendo 96.40% la anual en 2008 y del 90.87% en 2016 (implicando entonces una reducción de 5.53%). La tendencia, de esa cuenta, sería una reducción promedio de 0.7% anual.
- La eficacia anual del sistema de justicia ha crecido del 3.6% en 2008 al 9.8% en 2015 -siendo además el año con menor impunidad registrada, con un 90.2%.
- Para el período 2008-2016, la impunidad máxima se ha registrado en el departamento de Alta Verapaz, con un 96.26% y la mínima en Sololá, con un 86.12%.
- Tomando en cuenta la incidencia delictiva de 2016, resulta que para investigar, procesar y defender adecuadamente a los más de 300 000 expedientes posiblemente constitutivos de delitos se necesitarían, a nivel nacional, el triple de los recursos humanos disponibles tal año.
Cualitativos
- Debilidad de los sistemas de carrera profesional, que hace a las instituciones de justicia vulnerables ante cualquier ataque a su independencia e imparcialidad, así como proclives a la corrupción. También para la generación de capacidades mínimas de las y los operadores de la justicia, en cada institución.
- Lentitud de la formación de personal calificado, especialmente para peritos del INACIF e investigadores de la PNC, ambos de suma relevancia.
- Crecimiento desigual de las instituciones de justicia, que afecta el acceso a la justicia, en especial de los más vulnerables. Ello se observa en términos de presencia territorial, por materia, entre otros.
- Débil planificación sectorial.
- Insuficiente coordinación interna en las instituciones.
- Concentración de fondos y recursos en el departamento central.
- Corrupción, amenazas y presiones relacionadas con redes criminales; ello se podría profundizar a nivel local.
- Discrecionalidad procesal y administrativa, que generan la reproducción de interpretaciones y prácticas impulsoras de impunidad.
- Problemas en las audiencias: programación no adecuada, tiempos previstos insuficientes, atrasos en el comienzo, ausencias de un actor procesal que anula lo actuado (defensor, fiscal, perito forense, etc.)
Principales recomendaciones
- Fortalecer la planificación desde una visión sistémico-sectorial, que permita que la cadena de justicia actúe de manera articulada, en cada una de sus instituciones.
- Optimizar los recursos existentes, con una perspectiva de mejora de la eficiencia y eficacia del sistema; luego, abogar por el incremento de presupuesto e inversión que permita hacer frente a la creciente demanda de justicia en el país.
- Mejorar los mecanismos de gestión estratégica en las instituciones, desde una plataforma sectorial, que ponga énfasis en las acciones de monitoreo y control interno, de tal manera que pueda analizarse la capacidad de respuesta de cada unidad de trabajo.
- Consolidación de estadísticas oficiales de la justicia en Guatemala de manera integrada.