COMUNICADO  028

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó la existencia de redes de trata de niños a través de trámites ilegales de adopción, identificó algunas maneras en que éstas operan, así como irregularidades que se detectaron en procesos de adopción y particularmente en aquellos efectuados durante el llamado “período de transición”.

En esta etapa los procesos que se iniciaron con anterioridad a la vigencia de la Ley de Adopciones (31 de diciembre de 2007) se tramitaron conforme la vía de la jurisdicción voluntaria que regulaba la anterior legislación. Asimismo, el informe contiene información de anomalías detectadas en procesos de adopciones iniciados bajo la normativa actualmente vigente.

Francisco Dall´Anese Ruiz, jefe de la CICIG, presentó este informe como resultado del convenio de cooperación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para efectuar estudios a favor de la niñez y adolescencia.

Otra de las finalidades de esta investigación fue establecer algunas recomendaciones para prevenir de que las redes de trata de personas con modalidad de adopción irregular continúen operando impunemente.

Las redes de adopción irregular en Guatemala han estado integradas por determinadas personas pertenecientes a diversos ámbitos, tanto públicos (hospitales registros civiles, Procuraduría General de la Nación y Organismo Judicial) como privados (notarios, mandatarios, comadronas, jaladoras o enganchadoras, quienes están vinculadas con casas cuna).

En algunos casos las madres biológicas han sido amenazadas, coaccionadas o engañadas para que entreguen a sus hijos en adopción. En otros casos los niños han sido robados, a quienes se les falsifica toda su documentación o se recurre a mujeres que suplantan a las madres biológicas a través de la falsificación de documentos de identidad.

En otros casos se detectó una modalidad conocida como “lavado de niños”, consistente en presentar ante un Juzgado de la Niñez y Adolescencia a niños robados o comprados, simulando haber sido abandonados, a efecto de que fuesen declarados en situación de abandono y así iniciar el trámite de adopción.

A partir del análisis de los llamados “casos en transición” la CICIG pudo establecer que la Procuraduría General de la Nación (PGN) desafortunadamente incumplió sus deberes de protección a menores víctimas de trata, y fue en numerosos casos el rol contralor de esta institución meramente formal. En otros casos existen claros indicios del involucramiento de funcionarios en las redes de adopción.

También se detectó que algunos jueces de la Niñez y Adolescencia no cumplieron con su rol como protectores de la niñez, según lo establecido en la legislación guatemalteca.

El informe contabilizó un total de 3342 niños, entre los cuales en sus procesos de adopción se presentaron las siguientes irregularidades:

• 337 (10%) no fueron registrados ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).
• 1043 ingresaron a la PGN, después de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones.
• 1416 fueron presentados al proceso de verificación (más de 60% con irregularidades).
• Solicitud de medidas de protección a favor de 879 niños (entre los cuales, 512 ya habían salido del país durante los primeros meses del 2008).
• Alrededor de 200 casos están todavía pendientes.
• Al menos 20% de adopciones pendientes tienen ilegalidades, las cuales son investigadas por Ministerio Público (MP).

Problemas con la nueva ley

Aún con muchos avances positivos en la implementación de la Ley de Adopciones, la CICIG también detectó varias irregularidades en los expedientes de adopción que se iniciaron con la Ley de Adopciones.

Entre las anomalías descubiertas se encuentra principalmente la falta de investigación del origen del niño y alteraciones en la documentación del niño y/o la madre que originan las declaratorias de adoptabilidad, al menos en un 60%.

Otra irregularidad detectada al momento de realizar el informe fue la utilización de la figura de la familia sustituta, como mecanismo para ocultar prácticas irregulares de adopción. Un ejemplo de ello son casos relacionados con la entrega en adopción a familias extranjeras sin residencia en Guatemala.

En este sentido, se reconocen los esfuerzos que en los últimos meses han realizado tanto la Corte Suprema de Justicia y el CNA de reglamentar internamente el funcionamiento de esta figura para evitar que se continúe con las prácticas ilegales detectadas.

Recomendaciones

El documento establece las siguientes recomendaciones para cada una de las instituciones vinculadas con el sistema de protección a la niñez y adolescencia:

• Que los órganos y entidades correspondientes investiguen y sancionen los ilícitos cometidos.
• Que el Estado en su conjunto realice acciones para enfrentar y procurar la erradicación de las estructuras dedicadas a la trata de personas bajo la modalidad de adopción ilegal, como parte de la política criminal del Estado. Para el efecto debe utilizar los mecanismos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y desarrollar estrategias de persecución penal que vinculen los ilícitos cometidos a otros propios de este tipo de fenómeno criminal, incluido el lavado de activos.
• Que los órganos e instituciones correspondientes corrijan los vacíos y prácticas institucionales que posibilitan la adopción irregular.
• Que los órganos e instituciones mencionadas, que han jugado un rol en los trámites de adopción, efectúen las investigaciones correspondientes y en su caso apliquen las sanciones administrativas que sean pertinentes para aquellos funcionarios que presuntamente han cometido irregularidades, así como denunciar penalmente a las personas cuyas conductas revistan características de delito.
• Aprobar y publicar un reglamento a la Ley de Adopciones, que regule todas las fases del procedimiento de adopción, las funciones y atribuciones que corresponde a cada una de las instituciones encargadas del mismo.
• Fortalecer el equipo de investigadores de la PGN para contar con la capacidad de determinar el origen del niño y establecer la obligación de cotejar, en todos los casos, con una base de datos de niños robados, y de esta manera prevenir las adopciones irregulares.