COMUNICADO 005
Una vez finalizada la fase de entrevistas realizadas por la Comisión de Postulación a los candidatos para conformar la lista de elegibles a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, La CICIG reconoce el trabajo realizado por la Comisión de Postulación para la selección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Se destaca el espacio otorgado a los representantes de la Sociedad Civil y a la CICIG, quienes no sólo hemos asistido a las sesiones de la Comisión sino a las entrevistas públicas realizadas a los candidatos y candidatas, con acceso a la información presentada por los mismos.
La etapa de entrevistas públicas a los postulantes, —incorporada por primera vez al funcionamiento de las comisiones de postulación—permitió observar las ventajas de un mecanismo que ofrece transparencia y publicidad del proceso. La mayoría de los candidatos fueron entrevistados con profundidad y certeza. Como resultado de las entrevistas se confirmaron en buena parte las observaciones expuestas por la sociedad civil y la CICIG, así mismo los postulantes tuvieron oportunidad de explicar algunos de los señalamientos formulados en su contra. También se logró un mejor conocimiento de los planes de trabajo de los candidatos y fue posible complementar la información escrita que habían aportado los postulantes con sus expresiones y consideraciones verbales.
La CIClG ha acompañado este proceso, presenció todas las entrevistas realizadas y emitió consideraciones que podrían ser útiles a los Comisionados para reflexionar y decidir en la selección de los mejores profesionales a tan alto cargo dentro del sistema de justicia nacional.
Entre estas consideraciones, la CICIG desea hacer énfasis en algunos resultados de las entrevistas:
- Hubo una serie de candidatos que en sus entrevistas confirmaron que aún no tienen la experiencia o el perfil necesario para acceder al cargo de Fiscal General de Guatemala y tampoco objetivamente demostraron conocimiento y experiencia en materia penal. Debe señalarse que desde la presentación de los antecedentes, resultaba previsible que numerosos candidatos no alcanzarían los estándares requeridos para ocupar el cargo de Fiscal General, en conformidad con el perfil establecido por la Comisión de Postulación. Las entrevistas permitieron, en la mayoría de los casos, confirman dicha apreciación
- Del grupo de candidatos integrantes en la actualidad del Ministerio Público, la mayoría no tienen la suficiente experiencia en cargos directivos. Tampoco presentaron propuestas concretas referidas a criterios de persecución penal o de políticas institucionales, en particular métodos innovadores de investigación criminal o políticas específicas de depuración que acompañaran sus declaraciones. Sus intervenciones apuntaron más a generalidades o aspiraciones difusas, acerca de fortalecimiento de las actividades de capacitación, recuperación de la “mística de trabajo” o mejora de la investigación penal.
- Por otra parte, algunos candidatos acreditaron su experiencia como abogados litigantes pero al mismo tiempo demostraron serias dificultades para trasladar esos conocimientos a políticas institucionales o de gestión. La experiencia del litigio no necesariamente resulta útil a la hora de orientar las políticas institucionales, o de gestión del Ministerio Público, ámbito para el cual a menudo se requieren conocimientos técnicos y/o años de experiencia en el servicio público del sector justicia.
- Algunos abogados sostuvieron no estar vinculados al crimen organizado, empero confirmaron haber ejercido en diversas oportunidades la defensa de funcionarios o políticos investigados por corrupción, particulares o ex funcionarios sindicados de graves defraudaciones al fisco, militares acusados de violaciones a los derechos humanos, etc. La CICIG reitera que el ejercicio profesional y el derecho de defensa son derechos constitucionales y legales indiscutidos, pero que la defensa habitual de estas personas, es una opción profesional que genera incompatibilidades con un cargo que requiere la absoluta idoneidad e independencia para la persecución de distintas manifestaciones delictivas desde la óptica de la protección de los derechos de los asociados y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Resulta entonces incompatible abiertamente, que en el ejercicio profesional los abogados utilicen por ejemplo, estrategias judiciales de abuso de las acciones constitucionales o recursos judiciales que lleven a dilación de juicios y proceso que generan condenas internacionales para el Estado de Guatemala y especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un abogado que presente antecedentes de esta naturaleza, no podría ser el Fiscal General de Guatemala que investiga entre otras conductas violaciones a derechos humanos y que está en la búsqueda de pronta y cumplida justicia.
- Otros candidatos confirmaron que al haber ocupado cargos de responsabilidad en instituciones públicas, no demostraron la capacidad o voluntad de enfrentar graves violaciones a los derechos de las personas ocurridas bajo las áreas de su responsabilidad, por no tomar las medidas correctivas en su momento contra los funcionarios a su cargo responsables de las mismas. Para los funcionarios públicos la Constitución Política, establece una mayor responsabilidad que a los particulares precisamente por obrar a nombre del Estado en sus actuaciones.
- La CICIG, considera que el presente proceso es una oportunidad inédita para Guatemala, en cuanto a definir de entre los postulantes, los mejores seis que deberán integrar la nómina de la cual será electo el Fiscal General de la República. La Comisión de Postulación tiene por delante la ardua labor, pero la verdadera oportunidad, de establecer con criterios objetivos, quiénes de los postulantes no cumplen con los estándares requeridos para el cargo y, más importante, cuáles son los candidatos que mejor cumplen con el perfil ideal diseñado por la Comisión de Postulación para ser investidos para uno de los cargos más esenciales del sistema de Justicia. La CICIG insta a la Comisión de Postulación a que concluya este proceso conforme a la ley y a las expectativas de la ciudadanía guatemalteca de construir un estado de derecho.