DOS CONDENAS EN CASO PLAZAS FANTASMA

DOS CONDENAS EN CASO PLAZAS FANTASMA

COMUNICADO 049


Por este caso hay otros 31 sindicados

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó el día de hoy de manera unánime a Claudia María Bolaños Morales y a José Estuardo Blanco Aguilar, colaboradores del diputado y expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, por su participación en la red de plazas fantasma en dicho organismo.

Luego de analizar las pruebas en contra de los dos sindicados, el Tribunal sentenció a Claudia Bolaños Morales a 17 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción (multa Q10 mil) y lavado de dinero (multa de Q3 millones). Mientras que Blanco Aguilar fue condenado a 11 años de cárcel por asociación ilícita y peculado por sustracción (multa de Q10 mil).

Los tres jueces del Tribunal valoraron las pruebas presentadas por la CICIG y el Ministerio Público, con las cuales se determinó la existencia de una estructura criminal que operaba con el fin de apropiarse de fondos del Congreso de la República, a través de la creación de 30 plazas fantasma.

El Tribunal programó para el próximo 9 de junio la audiencia de reparación digna para los agraviados y la lectura íntegra de la sentencia.

Antecedentes
La investigación determinó que Claudia Bolaños Morales –exadministradora única de la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A, propiedad del diputado Pedro Muadi Menéndez- tenía firma registrada en 29 cuentas a nombre de trabajadores del Legislativo, quienes devengaban salarios desde Q7 mil hasta Q20 mil, con cargos de secretarias ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias parlamentarios. La sindicada también utilizaba su cuenta para depositar su salario de Q20 mil que devengaba del Congreso con el cargo de secretaria ejecutiva II, pero no acudía a trabajar.

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En el caso de José Estuardo Blanco Aguilar (exjefe del grupo de seguridad de Pedro Muadi Menéndez) se estableció que participó en la estructura criminal al contactar al menos tres guardias de seguridad para que suscribieran contratos laborales con el Congreso de manera irregular. Tampoco se presentaban a laborar al Congreso, sino que trabajaban en una empresa privada contratada por Muadi Menéndez para su seguridad personal.

Por una serie de acciones legales presentadas por la defensa de algunos de los sindicados, están pendientes de la audiencia de apertura a juicio 31 personas, entre ellos el exdiputado Muadi Menéndez.

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