CASO ROSENBERG: A JUICIO HERMANOS VALDÉS PAIZ POR HOMICIDIO EN GRADO DE COMPLICIDAD

Guatemala, agosto 2 de 2013. El juez Tercero de Instancia Penal, Óscar Sagastume, halló  que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG fueron  contundentes, y por ello resolvió enviar a juicio por el delito de homicidio en grado de complicidad a los hermanos José Estuardo Valdés Paiz y Francisco José Ramón Valdés Paiz por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano.

El juez resolvió fijarles a los hermanos Valdés Paiz una fianza de Q500 mil para recobrar su libertad, y les impuso arresto domiciliario con vigilancia y arraigo. Ello luego de que la defensa planteara una revisión de la medida de prisión a cambio de medidas sustitutivas.

En la audiencia de apertura a juicio, el juez también resolvió que Diego Moreno Botrán y Nicolaid Rodolfo Ibarra Figueredo debe enfrentar juicio por el delito de colusión (acuerdo entre personas organizadas para perjudicar a terceros).

El fallo del juez Sagastume es un claro mensaje para los grupos poderosos de que nadie puede estar por encima de la ley.

En la diligencia el MP y la CICIG presentaron 122 medios de prueba, testimoniales, documentales, materiales y científicos que incluye: informes balísticos, análisis intercomunicacionales, grabaciones por videocamara, declaraciones en anticipo de prueba para demostrar la vinculación de los sindicados en este hecho.

El juez Sagastume también confirmó la participación de la CICIG como querellante adhesivo en el proceso contra los hermanos Valdés Paiz y los otros sindicados.

Antecedentes
El 10 de mayo del 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, en la zona 14 de la ciudad capital. Antes de su asesinato el profesional dejó grabado un video en el cual responsabilizó de su muerte a altos funcionarios del gobierno de ese entonces. La investigación reveló un resultado diferente a los señalamientos del abogado.

El 15 de julio de 2010, el Tribunal de Sentencia Penal condenó a 9 personas (autores materiales), con penas de 8 a 48 años de prisión. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2011.