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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

COMUNICADO DE PRENSA 078

CONDENAN A JUEZA JISELA REINOSO A 11 AÑOS DE PRISIÓN

Guatemala, octubre 04 de 2016. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal halló suficientes pruebas para condenar por unanimidad a 11 años de prisión a la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue inhabilitada para ejercer cargos públicos mientras dure la sentencia.

Los jueces Saúl Álvarez Ruiz, César Amézquita Ruano y Julio Jerónimo Xitumul valoraron las pruebas presentadas por la CICIG y el MP, por lo que le impusieron la pena de 6 años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero y una multa de Q389,434.97. Mientras que por el delito de enriquecimiento ilícito, 5 años de cárcel conmutables y una multa de Q50 mil. El total de la multa es de Q439,434.97 más las costas procesales.

El Tribunal señaló que “existen rubros donde no hay una justificación" por supuestos préstamos para compra de un bien inmueble y dos vehículos que no correspondía a los ingresos de la jueza. Reinoso Trujillo continuará con las medidas sustitutivas hasta que esté firme el fallo.

Los jueces absolvieron a la jueza Reinoso Trujillo del delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, ya que adujeron que existió una responsabilidad administrativa que debe ser considerada en la Contraloría General de Cuentas y no por el Tribunal.

El Tribunal declaró sin lugar un incidente planteado por la defensa de la jueza, en el que alegaban que las pruebas en su contra eran ilegales.

Antecedentes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró en mayo del 2015 la inmunidad a la jueza por existir indicios de un incremento injustificado de su patrimonio, ya que poseía bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultaban incongruentes con sus ingresos que devenga como empleada pública y como docente. Además algunas propiedades de la jueza fueron canceladas parcialmente con dineros que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias.

Además realizó pagos de cuotas de enganche y de un crédito hipotecario con dineros cuyo origen se desconocían; pagó casi la mitad del valor de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 que desbordaba sus posibilidades financieras de acuerdo al nivel de ingresos que percibe como jueza y docente, como lo demostraron las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios.

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