EX PRESIDENTE PORTILLO Y DOS EX MINISTROS INTEGRARON UNA ESTRUCTURA PARALELA PARA SUSTRAER FONDOS DEL ESTADO

Guatemala, abril 26 de 2011. La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que el ex presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera junto con los ex ministros Manuel Hiram Maza Castellanos, Eduardo Arévalo Lacs, y miembros del Ejército conformaron una estructura organizada que situada en el poder gubernativo, administrativo y financiero, contaron con la capacidad para generarse impunidad y poder sustraer fondos del erario público.

Lo anterior fue expresado por la abogada de la CICIG, Flor de María Gálvez, en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en el segundo día de la fase de conclusiones en el juicio contra los tres ex funcionarios, sindicados de sustraer Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en el 2001. Por ello la Comisión solicitó 10 años de prisión (pena máxima) y una multa de Q25 mil (máxima) por el delito de peculado.

"Se comprobó la existencia de una estructura paralela organizada enquistada en el Estado de Guatemala, que coadyuvó a la colocación de personas en puestos específicos con el objeto de la sustracción de fondos del Estado de Guatemala", aseveró.

La abogada además solicitó al Tribunal que se inhabilite a los tres sindicados de sus derechos políticos, incapacidad para ocupar cargos públicos y que se les prive del derecho de elegir y ser electo.

"El voto de confianza que todos los guatemaltecos depositaron en ellos fue defraudado y traicionado por funcionarios que juraron cumplir con la Constitución de la República y únicamente se dedicaron a saquear las arcas del Estado, causando el peor ejemplo para los guatemaltecos", enfatizó la profesional del Derecho.

Agregó que por su falta de probidad ninguno de los tres funcionarios tienen méritos para ocupar cargos gubernamentales, porque los "empleos públicos pertenecen al Estado y no son patrimonio de particulares".

La abogada de la Comisión destacó los peritajes con los cuales se comprobó la sustracción de Q120 millones del erario público.

Antecedentes del caso
Alfonso Portillo aprovechó su calidad de Presidente de la República y Comandante General del Ejército y, con el consentimiento de sus ministros de la Defensa Nacional y Finanzas Públicas, giró las instrucciones para que se iniciara una modificación presupuestaria a favor del Ministerio de la Defensa Nacional por la cantidad de Q120 millones.

Luego que el ex mandatario autorizara la transferencia de los Q120 millones al Ministerio de la Defensa Nacional, con el Acuerdo Gubernativo 16-2001, ordenó a Napoleón Rojas Méndez y Jacobo Esdras Salán Sánchez (ex jefes de su seguridad privada) a trasladar y entregar los días 5, 6 y 9 de marzo del 2001 la cantidad de Q30 millones a José Armando Llort Quiteño (ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional).

En el caso de Maza Castellanos participó en el delito de peculado al consentir la sustracción de la millonaria suma, y para ello se valió de su calidad de ministro de Finanzas Públicas al ordenar al Director Técnico de Presupuesto para que se iniciara las gestiones necesarias para acreditar los Q120 millones al MDN, concretamente al reglón 285 de "materiales y equipos diversos". Esta acción Maza la efectúo contando únicamente con la instrucción verbal del ex mandatario.

El martes 27 de febrero de 2001 Maza firmó la resolución ministerial que aprobó el dictamen número No. 115 de la Dirección Técnica de Presupuesto, sin que el mismo contara con un análisis de los motivos que justificara dicha modificación, como lo establece el Manual de Modificaciones Presupuestarias.

Arévalo Lacs consintió la sustracción de 120 millones de quetzales del erario público al firmar el Acuerdo Gubernativo 16-2001 al actuar como Ministro de la Defensa Nacional, y por medio del cual permitió el traslado de los Q120 millones al MDN.

"Consintió que los días jueves 1 y viernes 2 de marzo de 2001 el capitán asimilado Juan José de León Pineda (ex jefe de la Subdivisión Financiera del Departamento de Finanzas del Ejército) retirara en efectivo del Banco de Guatemala la suma total de Q120 millones para que le fueran trasladados al ex presidente Portillo; en junio del 2001 ordenó la emisión de 5 certificaciones que justificaron la salida del dinero y las mismas fueron archivadas bajo la figura de secreto militar", manifestó la abogada de la CICIG.

Detalló cada una de las pruebas documentales, dictámenes periciales y testimonios que se presentaron durante el debate con los cuales aseguró que se demostró la culpabilidad del ex presidente Portillo y de los dos ex ministros.

Gálvez recalcó que la CICIG interviene como querellante adhesivo en este proceso porque en su mandato está apoyar y coadyuvar a las instituciones del Estado guatemalteco en la persecución penal por delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Mañana sigue la exposición de las conclusiones de las otras partes que se adhirieron en este proceso penal contra los tres sindicados.