CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

El enriquecimiento ilícito debe ser tipificado en la legislación guatemalteca

Guatemala, abril 18 de 2011. Varios países como México, Belice, Costa Rica, Colombia y Chile han encontrado herramientas para combatir la corrupción en la administración pública, al utilizar la figura del enriquecimiento ilícito para luchar contra este flagelo.

En Guatemala el enriquecimiento ilícito es una conducta que permanece impune porque no está tipificado como delito en la legislación del país. Representantes de diversos sectores coinciden en que es urgente que el Congreso de la República apruebe la iniciativa que incluye la creación de este delito y otras reformas penales anticorrupción.

Los delitos
Algunos de los delitos que buscan combatir la corrupción en la administración pública:

  • Enriquecimiento ilícito
  • Testaferrato
  • Cobro ilegal de comisiones
  • Falsedad en la declaración jurada patrimonial
  • Tráfico de influencias
  • Nombramientos ilegales
  • Cohecho pasivo
  • Cohecho activo

Actualmente en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República se discuten estas reformas y la incorporación de nuevos delitos al Código Penal para combatir la corrupción en las oficinas públicas. En esta instancia participan representantes del sector justicia, comunidad internacional, diputados, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad guatemalteca.

Esta iniciativa, que tiene dictamen favorable desde diciembre del 2008, tipifica una serie de delitos que buscan sancionar hechos de corrupción, entre éstos resalta el enriquecimiento ilícito, testaferrato, cobro ilegal de comisiones, falsedad en la declaración jurada patrimonial, tráfico de influencias, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y activo.

Con la aprobación de esta normativa se pretende incluir inhabilitaciones para ocupar cargos gubernamentales a funcionarios y empleados públicos que hayan cometido delitos contra la administración pública, así como un aumento de las penas. Incluso, también se busca la penalización de las personas particulares que reciban y administren fondos públicos.

Combate la impunidad
“Consideramos que para enfrentar la impunidad en Guatemala es crucial la reforma del Código Penal para incorporar nuevos tipos penales y modificar los ya existentes en relación con graves conductas de corrupción que atentan contra la administración pública y la justicia”, manifestó Francisco Dall´Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Agregó que el Congreso tiene en este período legislativo la oportunidad de alcanzar acuerdos históricos en la lucha contra la impunidad al aprobar iniciativas que se encuentran actualmente en trámite, principalmente la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y de otros que erradiquen la corrupción en las oficinas públicas, así como las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y las modificaciones al régimen de investigación criminal de la Policía Nacional Civil.

En la lucha contra la corrupción
Entre los países que está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito están:

  • Estados Unidos
  • México
  • Belice
  • El Salvador
  • Honduras
  • Costa Rica
  • Colombia
  • Ecuador
  • Venezuela
  • Bolivia
  • Paraguay
  • Brasil

Para Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, es imprescindible que se apruebe esta propuesta de ley porque la corrupción es uno de los mayores flagelos que tiene el país y no se cuenta con herramientas jurídicas y capacidades para enfrentar los delitos que se cometen en la administración pública.

“Es una ley anticorrupción porque incorpora figuras que no están tipificadas en el Código Penal, como el enriquecimiento ilícito y el testaferrato; además reforma los delitos de corrupción vigentes que tienen penas irrisorias, las cuales fomentan más la impunidad”, enfatizó.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala calificó de “positivo” y de una “gran oportunidad” para el país la aprobación de la iniciativa, porque crea nuevas figuras penales para castigar la corrupción y el manejo de fondos en la administración pública.

“Con esta ley se sancionarán a las personas particulares que incurran en algún delito en el manejo de los fondos públicos, como por ejemplo a representantes de organizaciones no gubernamentales a quienes el Gobierno contrata para administrar dinero destinado para algún proyecto gubernamental y sobre el cual muchas veces no se tiene control”, explicó.

A consideración de Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos, con el beneplácito de esta ley por parte del Legislativo se daría un paso importante para la lucha contra la impunidad, y es un fuerte mensaje para los países que cooperan con Guatemala.

El diputado Oliverio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, enfatizó que la normativa está dirigida a funcionarios públicos y a personas particulares que incurran en algún delito en el manejo de los fondos del Estado, por lo que espera el apoyo de las bancadas del Legislativo para su pronta aprobación.

Los sectores señalaron que la anuencia de esta ley es una “prueba de fuego” para los partidos políticos representados en el Congreso en este año electoral, porque de esta manera la población valorará el compromiso que tienen para combatir la corrupción en la administración pública.

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