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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

Foro: "Reformas constitucionales en materia de justicia"

Guatemala, julio 8 de 2011. Juristas nacionales y extranjeros participaron recientemente en el foro: "Reformas Constitucionales en Materia de Justicia", en donde se expuso una propuesta de ley que busca la profesionalización de jueces, magistrados y fiscales para hacer eficiente el sistema de justicia. La actividad fue organizada por El Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCP) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

En el evento participaron: Lorena Escobar, del equipo jurídico del proyecto de ley; Oswaldo Samayoa del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; Guillermo López Lone, de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo Español.

El objetivo del foro fue para contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia como lo establecen los Acuerdos de Paz a efecto de combatir la corrupción, garantizar el libre acceso a la justicia y la independencia judicial.

El proyecto de ley
Los cinco puntos centrales de la propuesta están enfocados a:

  1. La carrera judicial para jueces y magistrados
  2. La Corte Suprema de Justicia
  3. La Asistencia legal gratuita
  4. La Policía Nacional Civil
  5. El Ministerio Público

Escobar explicó que el proyecto a las reformas constitucionales –propuesta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos- es un mecanismo de balance entre las necesidades de la estabilidad constitucional y las exigencias que demanda el cambio social político y económico que tiene el Estado de Guatemala en la actualidad.

La abogada hizo ver que la profesionalización del recurso humano en materia judicial es el punto medular de los cinco ejes que integra el proyecto de ley, por lo cual manifestó que era importante que el Congreso aprobara esta propuesta.

"Nuestro país necesita cambios en el sistema de justicia y fortalecer la seguridad ciudadana, motivos por los cuales nace esta propuesta de las tres instituciones académicas, que no tienen ningún interés político ni partidiario", aseveró Escobar.

Los cinco ejes:
El proyecto de ley sobre las reformas constitucionales en materia de justicia consta de los siguientes puntos:

  1. Carrera judicial para jueces y magistrados: Se busca garantizar la independencia judicial y se le quitaría la función a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de administrarla. Esta atribución pasaría al Consejo de la Carrera Judicial por lo cual se propone la reestructuración de la integración de esta instancia, la cual actualmente es presidida por el presidente de la CSJ.
  2. Corte Suprema de Justicia: Con esta reforma se pretende la ampliación a 10 años del período de funciones de los magistrados de la CSJ, que actualmente es de 5. Además se propone un método paulatino de sustitución, y cambios en la manera de integrar la comisión que postula a los candidatos para ser electos como magistrados de este organismo, a través de la eliminación de la representación individual de los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país.
  3. Asistencia legal gratuita: Se busca que el Estado asuma su compromiso de prestar asistencia legal gratuita a la población que no cuenta con los recursos suficientes cuando requieren formular acusaciones por algún hecho delictivo, ya que actualmente el Instituto de la Defensa Pública Penal no cuenta con este servicio.
  4. Policía Nacional Civil: Se pretende la profesionalización de su recurso humano y el reconocimiento constitucional de esta institución, porque así se evitan reformas "antojadizas" a su cuerpo normativo ordinario y que pueden responder a las tendencias de los gobiernos de turno.
  5. Ministerio Público: Se busca la modificación a la forma de integrar la comisión que postula a los candidatos a ser electos como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, a través de la eliminación de la representación individual de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país.

Se necesita agilizar la justicia
En su intervención Oswaldo Samayoa del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala hizo ver que las reformas propuestas necesitan mejoras, porque no es factible que la carrera judicial garantice la independencia de los jueces ya que de ser de esta manera cualquier juez se respaldaría en esta figura cuando se le reclame que su resolución no está apegada a Derecho.

"En nuestro país aún mantenemos el modelo de magistrado de la CSJ que da órdenes a los jueces; el modelo de gestión o de espacio judicial debe ser independiente en lo interno y no sólo a lo externo", comentó.

Agregó que los Acuerdos de Paz plantean la división de las funciones jurisdiccionales de las administrativas para que los jueces trabajen de manera eficiente.

Por ello dijo que se necesitan realizar los cambios en el modelo de gestión judicial, la reestructuración de un Consejo de la judicatura y de la carrera judicial, que permita mejorar y hacer eficiente el sistema judicial.

En relación con la forma en que se eligen a los magistrados, expresó que con las reformas también se debe buscar que ningún representante de las universidades participe en estos procesos: "Lamentablemente estos procesos han servido para crear más universidades en el país y generar el pago y favores políticos".

"También consideramos importante que las reformas al MP incluyan que el presidente de turno no cambie al Fiscal General de la República sólo porque se le antoja; lamentablemente el Congreso rehúsa a discutir las reformas a la Ley Orgánica del MP", expuso.

En cuanto a la asistencia legal gratuita comentó que no era necesaria una reforma constitucional para efectuar este cambio, porque el artículo 12 de la Constitución establece el derecho de defensa, y que este cambio se podría discutir a través de una ley orgánica.

Experiencias extranjeras
Guillermo López Lone, de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, planteó que en su país se vieron en la necesidad de reformar en materia judicial la Constitución por la percepción que se tenía de que el Organismo Judicial no era independiente.

Por ello, recientemente el Congreso aprobó que a la CSJ se le quitara las atribuciones administrativas y se dedicará sólo a lo jurisdiccional, pero aún está en análisis si estas funciones quedarán en el Consejo de la Judicatura.

López expuso que entre los alcances de una reforma judicial está entre otros, una carrera judicial profunda y una elección independiente de magistrados de la CSJ, quienes deberán ser electos por sus méritos y no por favores políticos.

En opinión de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo Español, son necesarias las reformas judiciales, porque un buen juez es una garantía para que el sistema judicial funcione, por lo que se debe combinar sistemáticamente la experiencia con la formación jurídica.

"El juez debe tener una buena formación y que actúe con la capacidad de reflexión y pedagogía para que el ciudadano entienda por qué no le ha dado la razón y se la ha dado a otra persona", aseveró.

Para Martín los jueces también deben tener una garantía de inamovilidad, lo cual no significa impunidad, pero deben sentirse estables para que realicen eficientemente su trabajo.

A consideración del Magistrado es el Consejo de la Carrera Judicial el que se debe encargar de las funciones administrativas y del funcionamiento de un Organismo Judicial, que decida sobre traslados y nombramientos.

Los panelistas coincidieron que sumado a las reformas judiciales debe existir una autonomía presupuestaria y suficientes recursos para que el sistema de justicia funcione eficientemente.

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