NOTICIA 052

El periodista Martin Reischke de la agencia alemana Deutsche Welle, entrevistó recientemente al Comisionado Iván Velásquez Gómez para hablar sobre el nuevo caso de corrupción denominado cooptación del Estado de Guatemala. (Se publica con fines informativos).

“No hay evidencia de que las estructuras corruptas hayan sido desarticuladas”

Tras la revelación de una nueva red de corrupción, Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dice a DW que las redes criminales están lejos de ser desarticuladas.

El jueves de la semana pasada (2.6.2016), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con el Ministerio Público (MP) reveló la existencia de una nueva estructura ilícita creada para el financiamiento electoral del Partido Patriota, el partido del ex-Presidente Otto Pérez Molina. A raíz de este caso están detenidos o con orden de captura decenas de altos ex-funcionarios políticos y empresarios.

¿Cuál es la diferencia entre estas revelaciones y anteriores etapas de la investigación de actos corruptos del gobierno de Pérez Molina?

Iván Velásquez: Podríamos decir que lo presentado como cooptación del Estado de Guatemala es el marco general dentro del que se realizaron actividades específicas como, por ejemplo, en el caso de “La Línea” (una red criminal de defraudación aduanera). La última semana se explicó de qué manera inicialmente una actividad del partido buscando financiamiento fue ilícita; pero después, cuando son gobierno desde el 14 de enero del 2012 se apropian prácticamente del Estado, por lo menos en el ejecutivo, y utilizan los que deberían ser los mecanismos ordinarios de funcionamiento del Estado, las entidades públicas, a través de la contratación, para su propio beneficio con los porcentajes que cobraban por cada uno de esas contrataciones.

La estructura se diseñó como red de empresas de cartón para lavar los ingresos ya en el año 2007, mucho antes de que el Partido Patriota ganara las elecciones en 2011. ¿Dejó de funcionar tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina en agosto de 2015?

Como un aprovechamiento para Otto Pérez Molina y (la ex-Vicepresidenta) Roxana Baldetti, podríamos suponer, pero no afirmar con certeza, que hubiera concluido en el momento en el que ellos salen del gobierno. No podríamos afirmarlo con certeza, porque también hay otra modalidad que se refiere a dejar contratos amarrados en los que la obtención de beneficios se produce con posterioridad inclusive al vencimiento del período presidencial.

Entonces, ¿la estructura siguió funcionando?

Hay casos que están sometidos a investigación, en los que se podría afirmar que las estructuras de corrupción son anteriores al gobierno Patriota y que son utilizadas después por el gobierno. Eventualmente podrían haber sido utilizadas por funcionarios del gobierno anterior, y podrían ser utilizadas o estar todavía activas hoy. No hay ninguna evidencia que permita afirmar que las estructuras corruptas ya fueron desarticuladas.

Tras las revelaciones de la última semana, ¿Ud. cree que es posible ganar las elecciones presidenciales en Guatemala de una forma legal?

Lo que habíamos presentado en julio del 2015 en el informe temático conocido como “El financiamiento de la política en Guatemala” mostraba que en el centro de toda la actividad política estaba la corrupción que permitía obtener grandes sumas de dinero para financiar campañas políticas. Eso daría lugar a responderle negativamente, que es difícil, con otra forma de actuar, ganar unas elecciones. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia que el gobierno actual haya tenido una vinculación corrupta como para obtener recursos y ganar las elecciones. Por el contrario, lo que públicamente se conoce es que fue una campaña con más o menos pocos recursos. Si así fuera, entonces podríamos decir que es un principio de cambio.

Como un primer paso en las reformas políticas de Guatemala, la nueva “Ley electoral y de partidos políticos” fue recientemente aprobada. ¿Estas reformas ya representan un cambio estructural en el sistema político del país?

Creo que es un avance. Las reformas introducidas a la “Ley electoral y de partidos políticos” pretenden sanear la actividad política, otorgarle mayores y más efectivos controles al Tribunal Supremo Electoral, democratizar la utilización de los medios de comunicación y ofrecer la posibilidad que los candidatos tengan acceso en igualdad de condiciones a medios de comunicación. Falta todavía, pero se van sentando unas bases como para asegurar que se logre realizar elecciones que sean el resultado del genuino interés o la participación de la ciudadanía.

Una demanda importante de la Fiscal General ha sido la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para que tuviera más independencia del poder ejecutivo. La reforma a esta ley ya fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, en un primer paso no tuvo el apoyo de la bancada del Presidente Jimmy Morales. ¿Cómo encaja esto con la postura del mandatario de luchar contra la corrupción y fortalecer la justicia?

La relación del Presidente con su bancada ya es un tema político en el que nosotros no intervenimos. Hay expresiones del Presidente y expresiones de jefes de bancada, mostrando una cierta independencia entre el Presidente y su partido. No tenemos elementos para calificar, y aun teniéndolos, no tenemos tampoco ninguna competencia para pronunciar sobre problemas políticos.

Tras haber relevado el caso de “La Línea” el año pasado, el ex-Presidente Pérez Molina ha culpado a la CICIG y a Ud. personalmente de haberse puesto al servicio de EEUU que –según el ex-mandatario– busca tener más injerencia en la región por razones geoestratégicas. ¿Qué le responde al ex-Presidente?

Yo no le respondo al ex-Presidente. Respondo a insinuaciones generales que se han hecho al respecto que la CICIG actúa según la agenda de EEUU. Respondo que la CICIG no defiende sino los intereses de Guatemala, y que está en el compromiso de contribuir con las autoridades y especialmente con la sociedad guatemalteca en la construcción de un Estado social y democrático de derecho que permita avanzar no sólo en cuanto a la modernización del sistema de justicia, sino a la erradicación de las estructuras criminales que han venido capturando el Estado.