Estrategia y Negocios entrevista al Comisionado

Estrategia y Negocios entrevista al Comisionado

NOTICIA 051


La periodista Velia Jaramillo de la revista Estrategia y Negocios entrevistó recientemente al Comisionado, Iván Velásquez Gómez, y a la Fiscal General de la República, Thelma Aldana, quienes abordaron entre otros temas los procesos impulsados por la CICIG y el MP, la factibilidad de exportar el modelo de la CICIG a otros países y el fortalecimiento del MP y del sistema de justicia guatemalteco. (Se publica con fines informativos).

Iván Velásquez, comisionado de Cicig: “No estamos condenados a vivir en la impunidad”

El fiscal colombiano, perseguido por develar los secretos de la narcopolítica en su país, removió hasta los cimientos las estructuras mafiosas enquistadas en el Estado guatemalteco y llevó a la cárcel a los “intocables”.

Por Velia Jaramillo, estrategiaynegocios.net

Hoy recapitula: “los procesos impulsados por Cicig demostraron que no estamos condenados a vivir en la impunidad”. Pero advierte, en entrevista exclusiva para E&N: “Siempre se corre el riesgo que esto sea flor de un día, de que se acabe la primavera y quede solo el recuerdo”.

Iván Velásquez Gómez llegó a Guatemala como nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, el 1 de octubre de 2013. El abogado había encabezado, como Director Regional de Fiscalías en Medellín, una lucha frontal contra los grupos de autodefensa. Luego, desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia y al frente de una comisión de la Sala Penal, investigó desde 2006 las relaciones entre congresistas y grupos paramilitares. Sus indagatorias llevaron a la condena de más de 50 congresistas, algunos tan influyentes como Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe. Velásquez reveló la vinculación de más de 130 diputados con estructuras criminales ligadas a “narcopolíticos”, y sufrió las consecuencias.

En 2012, renunció, tras denunciar espionaje, persecución y ataques en su contra, como consecuencia de haber investigado lo que definió como la “tragedia nacional” que era la parapolítica. En soledad, había soportado amenazas y hostigamiento, escribió por esos días la columnista de El Espectador Cecilia Orozco. “Velásquez, el investigador estrella de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, de los congresistas corruptos, de los partidos clientelistas y de sus propios colegas, los magistrados titulares, cuya conducta está cada vez más cerca de la de sus procesados”.
Un magistrado acosado en su país, Velásquez se ganó, el cambio, el reconocimiento de organizaciones internacionales pro-justicia por su trabajo en Colombia. Esas credenciales le valieron para, en septiembre de 2013, ser designado como Comisionado de la Cicig en Guatemala.

Apenas 18 meses después, el colombiano sorprendió al país al presentar en abril de 2015 los resultados de una investigación conjunta con el Ministerio Público, que puso al descubierto una red criminal cuyas cabezas eran, según los investigadores, el propio presidente y la vicepresidenta de la república. Guatemala se levantó masivamente a respaldar los procesos y el comisionado se convirtió en una figura mediática y admirada, conforme las indagatorias de Cicig y el Ministerio Público iban tocando a poderosos diputados, jueces, magistrados, abogados de la impunidad, funcionarios de Estado y empresarios.

En 2015, Foreign Policy lo incluyó entre los “Cien líderes pensadores del mundo” y ese mismo año, el diario El Espectador de Colombia lo reivindicó en su país de origen al nombrarlo “Personaje del año”.

Velásquez nunca olvidará las marcas ciudadanas, que durante 22 semanas respaldaron las investigaciones de Cicig y el MP. Pero advierte: “solo en la medida en que la participación se mantenga, contribuyendo a la transformación, un proceso de estos puede ser irreversible”.

¿Cuáles lecciones dejó la primavera guatemalteca?
Cuando resolvimos con el Ministerio Público presentar el caso La Línea, estábamos en medio de una discusión acerca de la continuidad de la comisión y todo apuntaba a que la Cicig no iba a seguir después de septiembre de 2015. Teníamos la hipótesis de que había una corrupción estructural en Guatemala, con raíces profundas, lo que hace que de gobierno a gobierno, estructuras corruptas puedan permanecer, sustituirse o mimetizarse transitoriamente. Como último aporte de la Cicig al país, queríamos dejar una radiografía de esa corrupción estructural muy enraizada no solo en el Estado sino en la sociedad.

Acordamos que debíamos hacer una investigación mucho más sistémica y afrontar el tema de corrupción no como actos individuales, sino desde toda la estructura del Estado. De ahí que investigamos la corrupción en el sistema judicial, del órgano legislativo, del ejecutivo, de entidades descentralizadas y también de la sociedad, como el caso de Haroldo Mendoza (vinculado con narcotráfico) o de empresarios que eventualmente pudieran estar vinculados, sin distingos. Ahora en Guatemala todo el mundo cree que el que esté vinculado a temas de corrupción puede ser sometido a un proceso penal.

Altos funcionarios han sido llevados a la justicia, pero falta demostrar que los ilícitos se dieron, obtener sentencias condenatorias de los jueces. ¿Cuál es su expectativa?

Tengo confianza en la solidez de los casos. Confiamos en que precisamente por esa solidez probatoria y por el nuevo ambiente que se genera en el país los jueces actúen con imparcialidad y que sus decisiones estén construidas sobre todo esto que se les presenta y no por presiones que se puedan ejercer por cualquier actor externo a la judicatura. Naturalmente, esto es una prueba no solo para las investigaciones sino para el sistema.

CICIG: ¿MODELO EXPORTABLE?
En el medio de la coyuntura en Guatemala, había voces pidiendo una Cicig en México, en Honduras, El Salvador. Ya hay una instancia creada en Honduras ¿Cuánto del modelo guatemalteco es exportable? ¿Ve factible una Cicig centroamericana?

Cada país tiene que definir cómo enfrenta sus problemas de impunidad, de acuerdo con su sistema de justicia y con el nivel de independencia que los órganos de investigación o que los jueces tienen en cada país. Es un diseño que tiene que hacerse mirando la realidad local.

Lo que ha permitido en Guatemala que la Cicig llegue al punto en que se encuentra y haya contribuido de la manera como ha contribuido, tiene que ver mucho con que es un órgano de cooperación complementario y no sustituto. En eso si tiene que existir uniformidad en todos los países, que no se suplante, sino que se fortalezca a la autoridad nacional.

En Guatemala a la Cicig se le ha dado la capacidad de adelantar investigaciones preliminares de manera independiente inclusive del Ministerio Público. Podemos recibir una denuncia y hacer verificaciones, estudiar y pedir documentación, buscar en entidades del Estado información sobre el tema específico. Pero en el momento que consideramos que hay un caso para desarrollar, tiene que intervenir el MP.La Cicig no tiene la titularidad de la acción penal, no puede pedir una orden de captura, un allanamiento, una intercepción telefónica, todo ello tiene que gestionarse mediante una solicitud que hace el fiscal del caso, que es guatemalteco, al juez.

Honduras buscó un mecanismo que todavía no sabemos si es muy diferente, pero en todo caso no es el mismo. Convinieron una forma de “acompañamiento activo” según el convenio de Honduras con la OEA, ¿Cual es el nivel de ese acompañamiento activo?; ¿Cual la posibilidad de estar frente al Ministerio Público hondureño en las investigaciones? Eso podría definir el mayor o menor resultado que una misión de esta naturaleza podría tener.

El modelo de la Cicig en Guatemala, las acciones desarrolladas, son elementos no para reproducir lo mismo a Honduras, El Salvador, Colombia. Pero si se tiene un compromiso serio de Estado de luchar contra erradicar la impunidad, éstos países podrían analizar la experiencia y tomar elementos útiles.

¿Cuál ha sido el efecto de Cicig en el fortalecimiento del organismo investigador guatemalteco, y que otros cambios quisiera ver antes de que la misión se retire?
Hay unas capacidades concretas tangibles, y otras intangibles. Entre las intangibles, está el empoderamiento de los fiscales con el acompañamiento de la comisión. La transferencia de capacidades se hace en el trabajo conjunto. Es en el desarrollo de las investigaciones que se adquieren habilidades en el diseño de un plan de investigación, en la manera como se ejecuta ese plan, en cómo se preparan después las imputaciones y los elementos probatorios.

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En eso ha habido buenos resultados y se viene fortaleciendo el Ministerio Público no solo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad que es la más cercana del MP a la Cicig, sino con otras fiscalías. El caso de Aceros de Guatemala (por evasión fiscal) no lo trabajamos con la Fiscalía Contra la Impunidad, sino con la Fiscalía de Delitos Económicos. Hemos trabajado casos con la Fiscalía de Derechos Humanos, con la Fiscalía de Lavado de Activos.

Hay otros logros adicionales, como la base de datos que se construyó en el Ministerio Público con ingenieros guatemaltecos, inclusive superior a la de la Cicig, que ha sido de mucha utilidad. En cuanto a métodos de investigación, hay que destacar el aporte de Cicig en la transformación normativa, para introducir métodos especiales de investigación que no existían en Guatemala y que hoy permiten utilizar herramientas tan importantes para la investigación como las interceptaciones telefónicas.

EMPRESARIOS FRENTE A LA IMPUNIDAD
Usted hizo un llamado a crear un impuesto temporal para financiar esta lucha contra la impunidad. ¿Cómo tomó la negativa de los empresarios?

Creo que independientemente de donde se busquen los recursos, no se puede luchar contra la impunidad con un sistema de justicia débil. El presidente Juan Manuel Santos, de visita en Guatemala, contó de qué manera el Plan Colombia fue 90% financiado por colombianos, con un impuesto de guerra que se creó en el país y que permitió fortalecer no solo a las fuerzas armadas, sino el aparato judicial.

Algunos sectores sociales y los propios acusados –encabezados por Otto Pérez- condenan que las investigaciones y los procesos no toquen a grandes empresas, a lo que llaman “La Línea 2”. ¿Cuál ha sido el papel del poder económico en las estructuras de impunidad y cuál debería ser su rol en la lucha para terminar con ellas?

No hay un sesgo en la actividad de la Cicig, no responde a intereses de nadie, no está protegiendo intereses ni privilegia persecuciones. Actuamos de acuerdo con lo que vayamos obteniendo, sin que haya un freno, en el sentido de no investigar o tocar a determinado sector o personaje. En el caso de Igss-Pisa; miembros representantes de los empresarios en la Junta Directiva del IGSS fueron vinculados a proceso y un juez los tiene privados de la libertad. Cuando se encontró que un diputado que se decía era el enlace de los empresarios organizados con el Congreso de la República, Pedro Muadi, estaba involucrado en la venta de plazas fantasmas, se le vinculó a proceso y está privado de libertad. Cuando vimos que en el caso de Aceros de Guatemala se produjeron componendas para tratar de lograr impunidad frente a una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria contra la empresa, el caso se presento judicialmente y se produjeron las capturas.

Lo que ocurre es que en esa modalidad especifica de defraudación tributaria conocida como La Línea, no hemos encontrado participación de grandes empresarios.

El ex presidente Pérez Molina, ha dicho también que el MP obedece a Cicig y la Cicig a la embajada de Estados Unidos. No hemos tenido ninguna interferencia de ningún donante. Hay una absoluta independencia, cuando yo hablo de la independencia de la Cicig la digo en términos absolutos, ni siquiera Naciones Unidas nos dan indicaciones aquí de que se debe hacer o no hacer. Estamos comprometidos en la lucha por la verdad, y la lucha por la verdad no puede tener matices.

Un año después: ¿Qué cambió con la primavera guatemalteca?

La primavera democrática en Guatemala cumplió un año. Un año desde que el presidente de la república y sus principales funcionarios fueron acusados de corrupción y se enfrentaron a la justicia. Un año del inicio de las mayores movilizaciones ciudadanas en la historia del país. Altísimos exfuncionarios, diputados, jueces, empresarios, siguen bajo proceso.

En 2015, la Cicig, un modelo de colaboración para desarticular estructuras criminales enquistadas en el poder que había sido creado ocho años antes en Guatemala, mostró su poder. Una escalada de casos presentada por el organismo internacional y el Ministerio Público, llevó a prisión y mantiene bajo procesos judiciales a buena parte de la clase política y gobernante de la anterior administración. 

Creada para desarticular los “Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (Ciacs), Cicig, junto con la fiscalía guatemalteca, demostró como esas estructuras criminales, habían penetrado todas las esferas del poder público guatemalteco:estaban en la entidad fiscalizadora, sobornando a importadores; en el Seguro Social concretando fraudulentos contratos que llevaron a la muerte a enfermos renales; en las aduanas negociando millonarios proyectos con sobornos incluidos, en el Congreso, desviando recursos a través de plazas fantasmas; en los juzgados, vendiendo fallos judiciales. 

Solo en su último año de gestión, Cicig y el MP desarrollaron 21 investigaciones criminales, dentro de las cuales más de 184 personas fueron imputadas. Diputados, jueces, ministros de Estado, un candidato vicepresidencial, el presidente del Banco de Guatemala y hasta el expresidente de la república, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes están hoy frente a la justicia resultado de dichas investigaciones.

EL CASO “LA LÍNEA”

El 16 de abril de 2015, la Cicig y el Ministerio Público presentaron ante los tribunales el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”. Sus investigaciones revelaron que los integrantes de esta red criminal obtuvieron ganancias ilícitas manipulando la administración tributaria. En la trama, resultaron involucrados la máxima autoridad recaudadora, el superintendente de Administración Tributaria (SAT) y funcionarios de la entidad. Pero la red llegaba mucho más arriba: el presidente de la república, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta, Roxana Baldetti y su secretario privado, Juan Carlos Monzón eran las cabezas, denunciaron el comisionado de Cicig, Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana.

El caso desató las mayores movilizaciones ciudadanas en la historia del país. 
Mientras las protestas en la plaza continuaban, entre abril y septiembre, Cicig y el Ministerio Público siguieron desenredando la madeja de corrupción: mandaron a juicio a abogados y jueces que en los días posteriores a los operativos de “La Línea” negociaron la salida de algunos acusados mediante sobornos. 

La de La Línea fue una gran investigación que se nutrió, según Cicig, del análisis de grandes cantidades de datos obtenidos: más de 88.920 sesiones intercepciones telefónicas; 5.906 correos electrónicos; 100 informes de instituciones y más de 650.000 folios encontrados en 17 allanamientos. Se requirió información financiera sobre al menos 100 personas y 22 empresas, se analizaron 2.814 declaraciones de mercancías: y se giraron 49 órdenes de captura y más de 175.000 documentos obtenidos en extracciones forenses.

El superintendente de la SAT, Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz fueron capturados, así como la entonces intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio y particulares que integraban la estructura. 

La investigación detectó más de 1.500 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS)alteradas para pagar menos impuestos y determinó que La Línea era utilizada por al menos 340 importadores quienes recurrían, a este mecanismo de defraudación para ingresar mercadería por las diferentes aduanas del país. Nueve importadores ya fueron acusados de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera. El resto serán llamados a comparecer.

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LA POLÍTICA EN MANOS DE LOS CRIMINALES
En su informe “Financiamiento de la política en Guatemala”, publicado en el año 2015, la entidad internacional fotografió de cuerpo entero las debilidades del sistema político: “Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca”, concluyó.

Advirtió que “el financiamiento actual de la política está en manos principalmente de proveedores del Estado, así como en manos de grupos criminales”. Según sus estimaciones, un poco menos del 25% del financiamiento proviene de empresarios, más de un 50% de proveedores del Estado, y de estructuras criminales, el resto.

A partir de sus investigaciones, Cicig advirtió entonces que: “Es el flujo de recursos para la obra pública el que alimenta de manera principal el financiamiento de la política, promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas con estos grupos”.

Figuras clave en este modelo de financiamiento político oscuro son los que el informe identifica como “recaudadores”, quienes movilizan fondos aprovechando contactos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes y estructuras criminales, actuando en las campañas presidenciales de manera independiente a los partidos y entregando los recursos directamente al candidato presidencial, en algunos casos sin reportar detalles de los aportes. Cuando el presidenciable llega al poder, el recaudador alcanza una fuerte influencia frente al gobernante, lo cual se presta al tráfico de influencias. 
Cicig apunta a uno de los casos más emblemáticos: el de Gustavo Alejos, recaudador y posteriormente Secretario Privado del expresidente Álvaro Colom, cargo desde el cual construyó redes de tráfico de influencias.

DE LA IMPUNIDAD A LA JUSTICIA ¿COMO SE LOGRA?

Arturo Aguilar, Oficial Político de CICIG, apuntó en un reciente foro, las etapas que debieron pasar Cicig y su entorno para llegar a los casos de alto impacto que hoy son noticia. “Cicig encontró un sistema jurídico y normativo que no contaba con las herramientas suficientes, e impulsó la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada; la reforma al Código Procesal Penal para hacer procedimientos más expeditos, y los métodos especiales de investigación criminal, entre ellos la intervención de comunicaciones y testigos protegidos. Sin esto no se hubiera podido hacer nada, son herramientas fundamentales para combatir fenómenos de criminalidad”. 

Además, apuntó, Cicig “demostró que era posible procesar a ciertos personajes, lo que terminó con el mito de que la justicia solo llega a los que no tienen poder”.

Clave en los resultados fue el fortalecimiento del Ministerio Público, dijo Aguilar, a través de la FECI, Fiscalía Contra la Impunidad y la constitución de la División de Análisis Criminal, centro neurálgico del procesamiento de información del MP a través del cual se genera información para grandes casos. 
Claudia Paz y Paz fungió como la fiscal general cuando fue llevado a la justicia el ex-jefe de facto Efraín Reyes Montt, acusado de crímenes de guerra. En ese momento recordó durante su participación en el Foro Centroamericano de Periodismo celebrado el 9 de mayo en San Salvador “la posibilidad de juzgar en el país a un exjefe de Estado por genocidio fue muy importante para el país, para nosotros como fiscales fue la posibilidad de saldar una deuda histórica. Para los victimas, fue sobre todo la posibilidad de llegar frente a la justicia, frente al perpetrador, Efraín Ríos Montt, narrar su sufrimiento”.

Fue en ese proceso, sostiene Paz y Paz, “que un poder que no existía en el país, el de los fiscales y jueces, se recuperó”. El mismo juez que envió a juicio a Efraín Ríos Montt, Miguel Ángel Gálvez, enviaría después a juicio a Otto Pérez Molina.



POLÍTICOS, JUECES Y DIPUTADOS, FRENTE A LA JUSTICIA

Uno de los focos de Cicig en la lucha contra la impunidad ha sido la independencia judicial. En su último informe, advirtió: “Toda sociedad debe luchar por tener jueces independientes e imparciales, para cumplir con su deber de impartir justicia. La independencia judicial debe basarse en un proceso riguroso, objetivo, transparente y público para elegir profesionales del derecho, que aseguren el ingreso a la judicatura de personas íntegras e idóneas”.

El desempeño de los jueces guatemaltecos ha estado bajo el ojo de la Comisión, entidad que en su último informe de labores advirtió: “En el Organismo Judicial hay algunos jueces que dañan la adecuada administración de justicia”. De ahí que la Comisión abrió dentro de su plan de trabajo una línea de investigaciones sobre corrupción judicial, que llevaron a solicitar el retiro de antejuicio a cuatro jueces y un magistrado, tres de ellos capturados y ligados a proceso. 

La corrupción en el sector salud, una realidad que cobra vidas y que fue uno de los disparadores de la indignación ciudadana, también fue objeto de investigaciones. Las indagatorias de Cicig y MP en el llamado casos IGSS-PISA, mantienen en prisión al exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, y bajo proceso a integrantes de la Junta Directiva, entre ellos Julio Roberto Suárez Guerra, quien al momento de su captura fungía como presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, así como a directivos de la droguería PISA beneficiada con un contrato irregular. 

Diputados guatemaltecos tampoco han quedado fuera del terremoto Cicig-MP. Al diputado y expresidente del Congreso Pedro Muadi lo llevaron a antejuicio por un caso de plazas fantasmas. Baudilio Hichos fue acusado de participar en una adjudicación irregular. Mario Israel Rivera Cabrera, enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Con estos hechos, ya presentados como casos, la sociedad guatemalteca comprendió las dimensiones y el alcance de la corrupción en la administración del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en entidades descentralizadas”, concluye Cicig en su informe.

Banqueros y empresarios, arrasados por el ‘tsunami’ de la corrupción en Guatemala

El ‘tsunami’ de la corrupción en Guatemala, ya golpeó a grandes banqueros y empresarios. Ayer hubo 46 allanamientos, más de 25 detenciones, se citó a 14 más, y siete que ya guardan prisión (entre ellas Pérez Molina y Baldetti) por financiación ilegal al Partido Patriota, en el poder hasta 2015.

Este jueves el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y la fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, dieron a conocer los resultados de la macro-investigación desarrollada en el último año, que muestra como en la cooptación del Estado encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, numerosas empresas y sus representantes se vieron involucradas en lavado de dinero o financiamiento electoral ilícito.

El macro-caso, llamado “Cooptación del Estado”, deriva de los documentos, escuchas telefónicas y testimonios incautados y recibidos por Cicig-MP a partir del 16 de abril del 2015, cuando se develó el caso de corrupción aduanera “La Línea”, cuyas cabezas eran, según los entes investigadores, el entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.

El comisionado de Cicig explicó que al analizar la documentación incautada físicamente y en dispositivos electrónicos resultado de ese primer caso, “se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros”. Dichos indicios se referían a operaciones desde el año 2008, antes de que el Partido Patriota y Otto Pérez asumieran el poder.

Investigadores financieros de Cicig y el MP encontraron que, después de perder las elecciones de 2007, los líderes del PP diseñaron un complejo esquema que habría incluido una maquinaria para “lavar” fondos producto de financiamiento ilícito destinados a financiar la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que finalmente llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.

Dicha estructura, destacó la fiscal Thelma Aldana, no finalizó con la llegada de los patriotas al poder. A través de testaferros y empresas de cartón, la macro-estructura manejada por Pérez y Baldetti siguió lavando dinero, ahora proveniente de comisiones cobradas a proveedores del Estado. Cicig y MP estiman que de este modo, los exgobernantes se apropiaron de US$21 millones de recursos ilegales.

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“El Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo, con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, para ello se apropiaron de instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias”, concluyeron los investigadores. El MP recibió cerca de 100 declaraciones de representantes legales, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios de empresas investigadas, dijo Aldana. Sus testimonios, y las pruebas, confirmaron que Otto Pérez y Baldetti “fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de testaferros”.


A través de dichas empresas de cartón, tanto el expresidente como la exvicepresidenta “recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos”, detalló el comisionado.

El del Partido Patriota no fue un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, “sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dijo Velásquez.

Televisoras, banqueros y empresarios, en la trama
Las investigaciones detallan, como una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito, el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, tiene orden de captura internacional.

Cicig y el MP documentaron en su investigación, que, desde el año 2008 y hasta 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti tuvo bajo su control las empresas “de cartón” Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, las que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), hasta acumular US$2,2 millones. Al llegar al poder el Partido Patriota, los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de US$30,8 millones) en pauta entre 2012-2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas.
La segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito detectada por Cicig y el MP, involucra a empresarios o representantes de empresas queentregaron dinero a entidades que los operadores del PP les indicaban, expusieron los investigadores. Involucrados en esta investigación están empresarios y banqueros que ahora no pueden alegar ignorancia “porque ellos sabían a qué entidades debían dirigir los recursos en muchos de estos casos se trataba de empresas de cartón”, dijo Velásquez.

La tercera modalidad de delito encontrada por la investigación, es el de financiamiento ilícito. Cicig y el MP detectaron a varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. “Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón (exsecretario privado de Roana Baldetti) y Víctor Hugo Hernández (administrador de Monzón)”, detalla el informe. El monto aportado en esta modalidad superaría los US$ 6,4 millones no reportados al TSE.

Al llegar al poder, el 14 de enero 2012, Pérez Molina y Baldetti habrían armado una red de operadores claves en distintas instituciones, los que siguieron alimentando a la estructura criminal mediante el cobro de comisiones a cambio de contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios. Estos operadores ejercían el poder real de las entidades del Estado y atendiendo a los intereses de la estructura, priorizaban programas, proyectos, contratos y pagos de deuda para recaudar comisiones equivalentes a por lo menos el 10% del contrato otorgado. Un 60% de las “comisiones” entregadas por contratistas del Estado eran para el presidente y la vicepresidenta y 40% para los restantes partícipes, definieron los investigadores. Al menos 450 contratos dentro del Estado manejó esta estructura criminal, precisaron Velásquez y Aldana.

En la macro estructura de corrupción también se involucran empresas de lavado de dinero, cambistas y de transporte de valores, en las que figura como actor prominente Jonathan Chévez, ya procesado por el caso Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ. También se vieron involucrados, dijo Velásquez, bancos del sistema que otorgaron préstamos hipotecarios a nombre de Baldetti y de Otto Pérez, préstamos posteriormente cancelados con deposito de las empresas lavadoras, en efectivo.

Todo este movimiento a través del sistema financiero es objeto de investigación, advirtió el comisionado. “Depositar 7 millones de quetzales (unos US$897.000) en montos menores para no ser detectado pero con una presencia diaria, constante, del mismo depositante hasta completar el valor adeudado tiene que generar alarma en cualquier sistema. No se puede afirmar en todos los casos que existiera complicidad de funcionarios o empleados de entidades bancarias, pero no es descartable”.

“El Estado se convirtió en una feria, en un negocio en que cualquier actividad produce lucro para quienes estaba llamados a actuar para los intereses del pueblo” acusó Velásquez. Hasta el grado, sostuvo, de que inversiones a plazo fijo de instituciones del estado que se constituían en Banrural fueron controladas por Roxana Baldetti a través de Julio Aldana Franco, intermediario de dicho banco, quien compartía con Baldetti las comisiones que recibía por clientes de instituciones públicas como la Empresa Portuaria Quetzal, Inguat, Renap, entre otras. Parte de estos recursos sirvieron para hacer pagos al hermano de la vicepresidenta, Mario Baldetti, o pagar saldos de tarjetas de crédito de Roxana Baldetti.

Banqueros, empresarios, funcionarios, entre los capturados

Como parte de este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, en coordinación con Cicig, realizaron 46 allanamientos este jueves. Más de 25 personas fueron detenidas, se citó a 14 más, y siete que ya guardan prisión, entre ellas Pérez Molina y Baldetti serán conducidas. Los detenidos -funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares- son acusados de delitos relacionados al lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. Hay siete órdenes de captura internacional coordinadas con Interpol.

Se informó que hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra Fernando Peña, presidente y Julio Aldana, representante comercial de Banrural, y contra Flavio Montenegro, gerente del Banco G&T Continental. El gerente de negocios de Banrural, Abner Fonseca, fue detenido. Fernando Peña está acusado de lavado de activos, dijo Velásquez. Montenegro, por su parte, estaría involucrado en financiamiento electoral ilegal, precisó Aldana.
Constructores presuntamente involucrados en los ilícitos también fueron capturados o enfrentan órdenes de captura, entre ellos, el expresidente de la Cámara de la Construcción y propietario de la empresa Conasa, Álvaro Mayorga. De acuerdo con la revista Contrapoder, se detuvo a Boris Orlando Navas Aguilar, representante legal de Sigma, a Max Roberto Burgos Fallaice, de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, la empresa que supervisa los trabajos que ejecutan Sigma y HW Contractors.

Se citó a proceso al empresario farmacéutico Jack Irving Cohen, propietario de JI Cohen y empresa proveedora del Estado. Gustavo Adolfo Alejos, empresario farmacéutico, financista y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, también enfrenta orden de captura. Ya están detenidos el exministro de Agricultura del Gobierno de Alfonso Portillo y actual dirigente cooperativista, Edín Barrientos, señalado de lavado de dinero; y el exdiputado Marvín Díaz, del Partido Patriota, así como el director del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rudy Gallardo.

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