NOTICIA 042
El verspertino La Hora publicó un reportaje sobre los cinco actores clave en la lucha contra las estructuras criminales enquistadas en el Estado. Ellos son: El Comisionado Iván Velásquez Gómez; la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara; el director de la PNC, Nery Ramos, Ramos; y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa. (Se publica con fines informativos).
Cinco actores clave en la lucha contra la impunidad
Por redacción La Hora
La lucha contra la impunidad requiere del apoyo de todos los sectores que conforman el país, pero también de personajes clave que dirijan los cambios necesarios para fortalecer las instituciones encargadas del combate a las estructuras criminales enquistadas en el Estado. Los retos de estas figuras públicas son grandes, pero ya dieron los primeros pasos para lograr verdaderas transformaciones en el sistema. ¿Quiénes son estos actores y qué obstáculos deberán enfrentar?
THELMA ALDANA: LA SORPRESA
Thelma Aldana fue electa como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) el 9 de junio de 2014 por el expresidente Otto Pérez Molina. El nombramiento de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) generó mucha suspicacia entre los observadores del proceso, ya que desde antes de su designación, se rumoraba que era la favorita del Ejecutivo por sus vínculos a grupos de poder con influencia en las comisiones de postulación y la línea conservadora que mantenía en sus fallos. No se esperaba ninguna sorpresa de Aldana, más que continuara con la pasividad sospechosa de sus antecesores.
Sin embargo, la fiscal demostró la independencia del órgano que la eligió el 16 de abril de 2015, cuando, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el MP destapó el caso de corrupción más importante de los últimos años: el caso de la estructura de defraudación aduanera La Línea, que finalmente llevo a la renuncia y posterior procesamiento del exbinomio presidencial.
A este caso se han sumado otras investigaciones que han tocado a las más altas esferas del Gobierno y las élites económicas, los cuales impulsaron una indignación ciudadana que, a un año de desestructurada La Línea, todavía demanda reformas urgentes al sistema.
Gerson Sotomayor, experto en temas de justicia, señaló que el principal reto de la fiscal general es fortalecer la institucionalidad del MP.
Grandes avances se realizaron con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del ente investigador, pero aún falta mucho para tener una Fiscalía General efectiva e independiente, explicó.
Uno de los principales factores en contra de este fortalecimiento es la falta de presupuesto, ya que, a pesar de que la readecuación presupuestaria aprobada por el Congreso incrementa los fondos del MP, todavía no es suficiente para elevar su cobertura nacional y contratar más personal.
Para Domingo López, abogado litigante de la Procuraduría General de la Nación, otro reto será llevar a sentencias los casos de corrupción, ya que hay grupos con mucha influencia que intentarán deslegitimar los esfuerzos de los investigadores.
Actualmente Aldana lidera el diálogo nacional para la reforma del sector justicia y el proceso de implementación de la Política Criminal del Estado.
IVÁN VELASQUEZ, EL TEMIBLE
Como Iván “El Temible” bautizaron los usuarios de redes sociales al comisionado Iván Velázquez, quien sin duda ha hecho temblar a los poderes paralelos del país. Con una gran trayectoria en la investigación de la parapolítica en Colombia, llegó a Guatemala a finales del 2013 para hacerse cargo de la CICIG.
El comisionado dio un giro inesperado a la línea en la que hasta entonces había trabajado la Comisión, devolviéndole el respeto y la fortaleza a la entidad internacional.
Velázquez impulsó complejas investigaciones en coordinación con la fiscal general, con las cuales demostró los niveles de podredumbre de la institucionalidad en el país. Así mismo se ha encargado de promover reformas imprescindibles para la reforma del sector justicia, a modo de fortalecer los órganos judiciales para que, en un futuro, ya no dependan de la CICIG.
Su trabajo le ha ganado el respaldo de gran parte de la sociedad guatemalteca y de organizaciones académicas o civiles, al punto que el expresidente Otto Pérez Molina tuvo que firmar la renovación del mandato de la Comisión contra su propia voluntad, debido a la presión popular y diplomática para que lo hiciera.
El informe “Contra todos los pronósticos: la CICIG en Guatemala”, presentado ayer por Open Society, destaca los avances alcanzados por la CICIG con el desmantelamiento de casos importantes de mafias políticas y estructuras político-criminales; sin embargo, reconoce que los vicios del sistema persisten, dificultando cambios en los intereses que mueven al país.
Lo retos señalados por el informe tienen que ver con mantener el impulso de los casos de corrupción revelados en 2015 y de las reformas judiciales que deben ser aprobadas en los próximos meses.
Un obstáculo para alcanzar estas metas es que Guatemala continúa siendo dirigida por una clase política nueva, inexperta y fragmentada que no da signos de querer transformar verdaderamente el sistema.
Además, aún hay redes del crimen organizado que, incomodadas por el trabajo de la CICIG y el MP, hacen todo lo posible por desestabilizar su imagen y los procesos a su cargo.
FRANCISCO RIVAS, HOMBRE DE CONFIANZA
Francisco Rivas Lara dirige una cartera clave para la lucha contra la impunidad: el Ministerio de Gobernación. Hasta hace poco, el funcionario era el primer subsecretario del MP, encargado de coordinar investigaciones de casos de alto impacto y persecución penal estratégica.
Rivas llegó a la Fiscalía en 2003 como auxiliar de la unidad que se dedica a combatir los delitos sexuales y adopciones irregulares, y luego fue escalando hasta trabajar de cerca con la exfiscal general Claudia Paz y Paz.
Esta vinculación al trabajo del MP, le dio credibilidad ante la sociedad civil, que se manifestó satisfecha con su nombramiento.
En una conferencia de prensa, Iván Velázquez dio un espaldarazo de apoyo a Rivas Lara, señalando que “hay una excelente disposición en la relación del Ministerio de Gobernación con la CICIG para contribuir y realizar actividades conjuntas”.
Como primer logro, el Ministerio ha destacado la reducción de asesinatos en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior.
El ministro le ha apostado al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la reducción de la incidencia criminal y a la reestructuración del Sistema Penitenciario.
Entre los principales retos del Ministro está continuar con la reestructuración y fortalecimiento de la PNC, establecer planes de fiscalizar para combatir la corrupción a todo nivel, reestructurar el Sistema Penitenciario y construir más cárceles, capacitar y tecnificar la PNC, optimizar los recursos económicos que recibirá en el presupuesto e implementar una estrategia multisectorial que luche en contra de las estructuras delictivas.
Además, ayer se presentó oficialmente la Política Criminal del Estado, la cual pretende definir los lineamientos de acción de las entidades de seguridad y justicia, del presente hasta 2035.
El proyecto es impulsado por la fiscal general, Thelma Aldana, pero el Ministerio de Gobernación jugará un papel importante en el apoyo a la prevención, investigación, sanción y reinserción, que son los principales ejes que definen esta política.
NERY RAMOS, A CARGO DEL BRAZO DERECHO DEL MINGOB
Nery Ramos Ramos fue nombrado Director de la PNC en septiembre de 2015 por la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Antes de tomar posesión, fungió como subdirector General en Investigación Criminal; tiene una carrera de 15 años de servicio dentro de la institución policial.
El Ministro de Gobernación, Francisco Lara, lo confirmó en su posición y desde entonces trabajan juntos en el combate a la criminalidad.
El principal reto de la PNC es fortalecerse y autodepurarse. A criterio de Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, es importante iniciar por dignificar a los policías, pues de esa forma se evitará que se involucren en actos de corrupción.
“Yo sigo insistiendo en el tema del bienestar policial, porque mientras no se atienda es una fuente de corrupción, y motiva a que los policías se corrompan por las malas condiciones de cómo viven, que son muy desalentadoras; el Estado tiene que ver cómo enfrentar eso”, indicó.
De acuerdo con Mack, las autoridades deben prestar atención a buscar mecanismos de prevención y no de reacción, pues esto continúa sucediendo.
“Desafíos hay muchos, está el tema de los controles de la Policía, de Inspectoría, de una Policía que responda a la realidad de Guatemala, que no siga siendo represiva sino preventiva, la parte preventiva siempre será más barata y esa es su función”, indicó.
Por otro lado, la entrevistada reiteró la necesidad de trabajar contra la corrupción y actos delictivos en los que incurren algunos policías, además de apostar por implementar una Doctrina Policial adecuada.
Mack consideró como un avance la Escuela de Formación de Oficiales, pues es un intento por profesionalizar a los policías, aunque dijo que es necesario plasmar claramente los principios policiales.
JUAN FRANCISCO SOLÓRZANO, OTRO HOMBRE DE CONFIANZA
El pasado 9 de marzo el presidente Jimmy Morales juramentó a Juan Francisco Solórzano Foppa como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien deberá encarar diversos retos para aumentar la recaudación y limpiar la institución.
El funcionario trabajó 32 años en el MP, en análisis de estructuras de defraudación fiscal, aduanera y criminales.
En el comunicado en el que anunció su nombramiento, el Ejecutivo señaló que Solórzano Foppa “recibió el reconocimiento de la CICIG, por el apoyo brindado en el Caso La Línea, por haber participado en la dirección y supervisión personal del equipo de análisis”.
El funcionario estuvo al frente de la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía y estuvo vinculado con las investigaciones de los casos La Línea, Cigarreros y Agua Miel.
Solórzano debe enfrentarse a un reto grande pues tomará el control de una institución que ha perdido la credibilidad frente a la ciudadanía, que tiene niveles de productividad muy bajos y que cuenta con empleados desmotivados por casos de corrupción en los que se han visto involucradas personas que antes laboraron en la institución.
Los dos antecesores de Solórzano Foppa, Carlos Muñoz y Óscar Franco, enfrentan proceso penal y están en prisión preventiva por presuntamente prestarse a actos de corrupción.
Abelardo Medina, analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que “en principio, el nuevo titular debe conformar un equipo que lo ayude a recuperar su productividad, en cuanto a la recaudación fiscal, control de aduanas y sus demás funciones”, explica.
De la misma forma, el analista asegura que la recuperación de la credibilidad hacia la institución de parte de los contribuyentes, es fundamental en este proceso de recuperación pero es apenas una “pequeña parte” del trabajo que esta entidad requiere.
“Para recuperar esa credibilidad lo primero que debe hacer es luchar para eliminar los focos de discrecionalidad y lograr que los procesos de la SAT recuperen la transparencia”, dijo.
El día de su toma de posesión, el nuevo jefe de la SAT dijo que asumió el compromiso en el esfuerzo institucional de volver a la SAT hacia el objetivo por el que fue creada y pidió a la población de que “empiece a confiar” para que el aumento en la recaudación sea el reflejo de las buenas acciones que se hayan tomado.
En fecha reciente, el Ministerio de Finanzas y la SAT presentaron una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la entidad recaudadora, con el fin de fortalecer su capacidad de fiscalización. La iniciativa aún debe ser discutida en el Congreso de la República.