ARTÍCULO 02 | Foto: CICIG.
Con el impulso del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia se ha fortalecido la coordinación institucional y los mecanismos en las universidades para la revisión y análisis de las sentencias ejecutadas en los tribunales de justicia, con el fin de formular recomendaciones para garantizar una persecución penal efectiva.
Esta instancia fue creada con el objetivo principal de medir la calidad, eficacia y eficiencia del sistema de justicia, como un servicio público que protege y garantiza los derechos de los ciudadanos de manera efectiva.
El Observatorio está integrado por el Organismo Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y la CICIG. Este proyecto es apoyado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
El Observatorio propone espacios para la auditoría social y de participación ciudadana para fortalecer la gestión del Organismo Judicial. Además, con la contribución de la sociedad civil vinculada al trabajo de la administración de justicia y la coordinación interinstitucional se enriquecerán el proceso de análisis y la construcción conjunta de propuestas.
Análisis de expedientes
Como parte del proyecto para realizar el análisis de las sentencias se capacitaron a 35 estudiantes de las facultades de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC) y de la Universidad Rafael Landívar (URL) -en la ciudad capital y en la sede regional de Quetzaltenango.
Este grupo de universitarios fue dividido en cuatro equipos para el estudio de 600 expedientes judiciales referentes a los delitos contemplados en las siguientes leyes: Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley de Armas y Municiones, Ley contra la Corrupción, Ley contra el Lavado de Dinero, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; y la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.
El estudio también incluyó los delitos de asesinato (estrechamente vinculados a la Ley contra la Delincuencia Organizada) y los delitos cometidos contra periodistas, que abarcó los casos conocidos por la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos en el período de estudio, 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.
Con base en lo anterior, el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia logró llegar a las siguientes conclusiones preliminares:
Para mejorar la política judicial en el manejo de casos
- Es necesario profundizar en una visión sistémica de la justicia penal, en donde exista una mayor proyección del impacto que las reformas al Código Penal y la creación de nuevos delitos puedan tener en las cargas de trabajo de las instituciones.
- Se identifica la necesidad de avanzar hacia la implementación de las reformas judiciales que fueron aprobadas por el decreto 7-2011 para disminuir la saturación actual que presentan los tribunales de sentencia penal. Es necesario potenciar el uso de salidas alternas, el procedimiento abreviado, implementar el procedimiento simplificado para acelerar el tiempo de solución de casos de menor gravedad.
Para mejorar la gestión del despacho judicial
- El Organismo Judicial ha de procurar reorganizar su estructura orgánica hacia un modelo de gestión más flexible que le permita hacerse cargo de las nuevas demandas al sistema judicial. Para ello es fundamental fortalecer la figura del administrador de despacho para que supervise adecuadamente el trabajo de la agenda judicial, y que se encargue de organizar el trabajo del despacho judicial y supervise las funciones de los auxiliares judiciales.
- Entre estas medidas se debe elevar el número de jueces de los tribunales de sentencia a 5, a efecto que puedan trabajar simultáneamente el tribunal integrado en pleno y dos jueces unipersonales, sin necesidad de interferirse en sus respectivas agendas judiciales.
- El mecanismo de evaluación de desempeño judicial debe de estar vinculado a la productividad de cada juez. Para ello, los datos establecidos por el Observatorio de Justicia u otros mecanismos objetivos de medición de rendimiento, permitirán establecer los tiempos medios de actuación procesal y poder evidenciar los casos de negligencia o demora extrema en la tramitación de procesos. Igualmente, permitirán identificar a los mejores jueces y tribunales y salas de apelaciones.
- El Organismo Judicial debe mejorar los sistemas de registro y elaboración de estadísticas judiciales, con el objeto contar con información desagregada de los perfiles de víctimas y agresores en los delitos de femicidio, violencia contra la mujer y violencia sexual, a efecto de definir políticas institucionales más adecuadas.
En relación con los derechos de la víctima
- Es preciso establecer sistema que permitan brindar información a las víctimas sobre sus derechos, los mecanismos para ejercitarlos y proporcionar asistencia legal para hacerlos efectivos.
- La baja participación de la víctima dentro del proceso obedece a la falta de recursos económicos para poder contratar un abogado y otros costes que implica acudir a un proceso penal, así como la falta de información sobre los mecanismos para hacerlos valer. Es necesario fortalecer los programas de protección de víctimas y testigos para lograr una mayor participación.
- El derecho de la víctima a una reparación integral ha de ser efectivamente tutelado por los jueces, aplicando para ello la legislación sobre reparación digna y la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos para decretar el contenido de la reparación integral.
Para proteger los derechos de los sindicados
- Se hace necesario fortalecer el mecanismo de control de la detención en los jueces de primera instancia que tienen a su cargo la primera declaración de los sindicados. Esto debe implicar generar delegaciones del INACIF en los juzgados de turno para evaluaciones inmediatas de las personas detenidas, cuando hayan sido víctimas de tortura.
- Desde la perspectiva del imputado es fundamental garantizar que no se permita el abandono de los abogados particulares del proceso, porque esto genera indefensión e impide contar con el tiempo y los recursos para preparar una defensa eficaz.
En contra del litigio malicioso y abuso del amparo
- Se recomienda fortalecer a través de capacitación a los tribunales de sentencia para que apliquen de forma correcta el principio de concentración y tomen medidas para no prolongar innecesariamente el juicio oral.
- Se recomienda que las salas de apelaciones, constituidas en tribunales de amparo sean capacitadas sobre la improcedencia de dar trámite a las acciones constitucionales de amparo en contra del auto de ofrecimiento de prueba y otras resoluciones, porque esto demora indebidamente los procesos y contravendría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte de Constitucionalidad referente a no admitir el amparo para obstaculizar el proceso.