Guatemala, enero 27 de 2014. Independientemente de las decisiones que adopten el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de Naciones Unidas relacionadas con la permanencia de la CICIG más allá del 3 de septiembre del 2015, lo cierto es que el convenio suscrito en el 2007 y renovado sin ninguna modificación para el período 2013-2015, le impone a la Comisión el cumplimiento de un mandato cuyo núcleo central es la lucha contra la impunidad y que se ejerce no sólo mediante las investigaciones sino también por medio de informes temáticos, propuestas de reformas legales y acciones de diverso orden que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y particularmente de las instituciones de justicia.

Pero esas labores, que ejerceremos hasta el último día de nuestro mandato, no podrían llevarse a cabo si no existe de parte de las autoridades y del pueblo de Guatemala dirección, responsables como deben ser de su destino histórico, de quienes requerimos toda la colaboración necesaria para el cabal desempeño de nuestras actividades. A final de cuentas, la CICIG no es más que la concreción de un propósito común de Guatemala y la comunidad de naciones de robustecer las instituciones de este país, poniendo a su servicio -sin falsos heroísmos ni actitudes mesiánicas- la experiencia internacional acumulada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

En ese sentido, desde sus inicios la Comisión ha venido compartiendo con el Ministerio Público -fiscales, investigadores y analistaslas buenas prácticas de la investigación criminal, entendiendo que es en el ejercicio cotidiano de sus funciones como se logra una mejor y más adecuada transferencia de capacidades, complementada con jornadas académicas de refuerzo y apoyo teórico.

Estas competencias serán incrementadas durante este periodo en la medida en que sea más intensa la actividad investigativa de la Comisión, que apoyará también a otras fiscalías que combaten el crimen organizado, en desarrollo de un propósito compartido con la Fiscal General de desarticular estructuras criminales no sólo a través de la persecución de sus integrantes sino además de la incautación de sus bienes, lo que adicionalmente garantizará las debidas reparaciones individuales y colectivas, personales y sociales, que la justicia debe incluir entre sus prioridades fundamentales.

Por último, en el proceso de fortalecimiento institucional y consolidación del Estado de Derecho, es necesario que la Comisión tenga una mayor cercanía con la comunidad, entre otras finalidades. para promover mecanismos de participación ciudadana que, a través de veedurías cívicas, por ejemplo, empodere a las personas en la vigilancia de lo público y las haga partícipes de su realidad, de su gobierno y de su destino.

Tengan la certeza de que durante esta nueva prórroga de su mandato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dedicará todo su esfuerzo y sus capacidades a contribuir con las aspiraciones nacionales de construir un mejor país.