Guatemala, febrero 15 de 2011. Para terminar con la impunidad es necesario que los operadores de justicia apliquen las leyes, sean transparentes en sus actuaciones, se doten de suficientes recursos a las instituciones de justicia, agilizar los trámites judiciales y que todos los sectores colaboren para luchar contra este flagelo, concluyeron expertos que participaron en el foro: "Las experiencias Latinoamericanas en la lucha contra la impunidad".

En la actividad participaron: Francisco Dall´Anese Ruiz, jefe de la CICIG; Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República; Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Eduardo Ibarrola, embajador de México, y Ricardo Gil Lavedra, jurista y diputado de Argentina.

En su intervención, el Comisionado expuso que los jueces fortalecen un Estado de Derecho cuando restablecen los derechos de los ciudadanos; en caso contrario ellos fomentan a los poderes informales cuando sirven de instrumento para estas estructuras.

"La impunidad se evidencia cuando los operadores de justicia no responden a los intereses de la ley sino a los intereses particulares de quienes se dedican a la corrupción, genocidio, limpieza social u otros delitos; y sectores interesados sirven para silenciar la ley a manera de que no se aplique".

Por ello, dijo que los operadores de justicia tienen que tener claro que para terminar con este flagelo deben de ajustarse a lo que señala la Constitución de la República: "Los que decidimos trabajar por la justicia, tenemos que asumir nuestra responsabilidad".

Falta de transparencia
El Comisionado hizo ver que también se contribuye con la impunidad cuando no hay transparencia en el desarrollo de algún juicio público, como es el caso del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en donde se está juzgando al ex presidente Alfonso Portillo por el delito de peculado.

"Es inaceptable que cuando se juzga a un ex presidente de la República, un tribunal decida restringir el ingreso del público que tiene derecho a enterarse de lo que sucede en el juicio". El Comisionado lamentó que ningún sector de la sociedad ha reaccionado para hacer valer su derecho de informarse sobre cómo se está desarrollando este debate contra el ex mandatario, por lo que manifestó que esa pasividad también "contribuye a la impunidad".

Además, calificó de doble moral a las personas que están detrás de las campañas negras de personas o instituciones que trabajan en pro de la justicia: "Hay capitales que pagan lobistas en Washington y Nueva York para desprestigiar a las instituciones de justicia, concretamente a la CICIG; estos sectores tienen dinero para pretender terminar con la labor de la Comisión".

El jefe de la CICIG también agregó que el no pago de impuestos provoca que no se proporcione suficiente presupuesto a las instituciones de justicia, las cuales por la falta de recursos no pueden trabajar de manera eficiente, como es el caso del Ministerio Público y Organismo Judicial.

Expuso que otros de los factores que contribuyen con la impunidad es la debilidad en la elección de jueces, malos salarios, el irrespeto a los períodos constitucionales de los funcionarios judiciales y la falta de igualdad ante la ley. "Mientras Guatemala no tenga instituciones fuertes no podrá resolver la impunidad que persiste en el país".

A todo nivel
A criterio de Claudia Paz y Paz, Fiscal General, la impunidad es un fenómeno que afecta a los sistemas de justicia a nivel latinoamericano, pero dijo que se debe reflexionar en qué casos y en qué niveles este flagelo se puede tolerar en una sociedad para entender si el sistema judicial está cumpliendo con su función.

"No se puede decir que la impunidad que existió en la década de 1944 a 1954 es la misma que se vivió durante el conflicto armado o después de la firma de los acuerdos de paz. La cultura burocrática en el sistema de justicia favorece la impunidad y la corrupción, y la única manera de terminar con este problema es efectuar los trámites judiciales de manera sencilla, incorporar tecnología moderna que permita agilizar los casos y mejorar la coordinación y comunicación entre las instituciones de justicia", expresó.

La funcionaria hizo ver que hay problemas en la investigación criminal, por esa razón dijo que es necesario contar con una Policía especializada que acompañe las investigaciones del MP para esclarecer los casos; pero "tiene que ser una Policía autónoma que esté blindada a cualquier influencia de poder político".

Para la Fiscal General la depuración en el sistema de justicia también es necesaria para terminar con la impunidad: "Hay estructuras ilegales que se han incrustado y se mantienen en las instituciones, las cuales se crearon durante el conflicto armado interno a efecto de garantizarse la impunidad".

Sistema débil
Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expuso que el sistema judicial está debilitado por la incrustación de estos cuerpos ilegales de seguridad, y que todos los sectores deben trabajar para luchar contra la impunidad.

"Todo el sistema de justicia sigue débil y copado por redes ilegales que no se han logrado desarticular; no obstante, tengo esperanzas de que esta situación cambie, pero necesitamos que al Organismo Judicial se le doten de recursos para realizar su trabajo de manera eficiente".

Agregó que pese a las limitaciones de presupuesto, hay personas de ese organismo que están dispuestas a luchar para mantener la independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales son los principales atributos que debe tener un juez para impartir justicia.

Para Eduardo Ibarrola, embajador de México, las leyes emitidas por los organismos legislativos de muchos países "no aplican la ley, no sancionan las conductas ilícitas, no juzgan a los que violan el derecho ni encarcelan a los delincuentes".

A criterio del diplomático hay una debilidad institucional para aplicar la ley y perseguir a los delincuentes violentos, y comentó que existe una gran cantidad de normas jurídicas que han quedado en el olvido o no se aplican, y con ello se evidencia la impunidad que persiste en muchos países.

El embajador considera que las razones de esta situación son la debilidad de las instituciones, la corrupción, los intereses creados, el temor, y la vulnerabilidad de los actores estatales encargados de aplicar la ley.

"La impunidad genera una mayor delincuencia, dificulta la vida social, ahuyenta las inversiones y la creación de fuentes de trabajo, y provoca frustración en los ciudadanos que repercute a que proliferen los linchamientos o la venganzas personales", aseveró.

En opinión de Ricardo Gil Lavedra, jurista y diputado de Argentina, el sistema de justicia tiene una tarea importante para que los delincuentes sean castigados y sus crímenes no queden impunes: "La justicia y la no tolerancia a la impunidad es el único camino que tienen las sociedades democráticas para avanzar en un Estado de Derecho; la impunidad es el incentivo a la repetición y legitimidad de algún delito".

Por ello dijo que para aplicar justicia se necesita voluntad de las autoridades judiciales y políticas, quienes deben subordinarse a la Constitución y a los valores de la democracia de un país.