Guatemala, abril 25 de 2011. El Ministerio Público (MP) solicitó 10 años de prisión por el delito de peculado para el ex presidente Alfonso Portillo e igual pena para los ex ministros Manuel Hiram Maza Castellanos y Eduardo Arévalo Lacs, sindicados de sustraer Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en el 2001.

En la fase de conclusiones del juicio contra los tres ex funcionarios, la fiscal Eunice Mendizábal además solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal que se inhabilite a los tres sindicados de sus derechos civiles, de optar a cargos públicos y de elegir y ser electo.

La fiscal detalló la participación de cada uno de los acusados en este caso. "Como consecuencia del papel que cada uno ejecutó se propiciaron las condiciones adecuadas que facilitaron la sustracción de los Q120 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional", manifestó.

La fiscal expresó que Portillo incurrió en el delito de peculado al ordenar a Maza Castellanos que transfiriera Q120 millones, contraviniendo lo que señala el Manual de Modificaciones Presupuestarias que establece una serie de requisitos para realizar ese tipo de operaciones, y los cuales el ex mandatario no respetó.

Señaló que Portillo faltó a su deber de probidad al autorizar esa millonaria suma a sabiendas de que el Estado de Guatemala se había comprometido a reducir los activos del Ejército en un 33% como consecuencia de los recién firmados acuerdos de paz.

"Autorizó la transferencia de los Q120 millones al MDN, con el Acuerdo Gubernativo 16-2001, y se benefició con Q30 millones que entregó a José Armando Llort Quiteño (ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional) para uso personal; también ordenó a Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas (ex jefes de seguridad de Portillo) entregar esta suma de dinero y después los manda a que la recuperen por inconvenientes que surgieron después con Llort Quiteño".

Explicó que el artículo 182 de la Constitución de la República establece que el Presidente de la República es el Comandante General del Ejército y quien deberá velar por los intereses de la población, por lo que era la autoridad máxima del MDN y por lo tanto responsable del manejo de los fondos en ese ministerio.

En el caso de Maza Castellanos, la fiscal señaló que cooperó en la realización del ilícito al propiciar que se autorizara un presupuesto por más de Q1,800 millones, con lo cual contravino los Acuerdos de Paz en los cuales se establecía la reducción de los activos del Ejército. Para el efecto autorizó 5 modificaciones presupuestarias -incluyendo la 16-2001 con la cual justificó la salida de los Q120 millones- y entregó esa suma al MDN sin estar autorizado.

"Eduardo Arévalo Lacs participó como autor del delito de peculado al refrendar el Acuerdo Gubernativo 16-2001 que permitió el traslado de los Q120 millones al MDN; también porque ordenó el retiro de ese dinero en efectivo a través del cobro de los dos cheques por Juan José de León Pineda (ex jefe de la Subdivisión Financiera del Departamento de Finanzas del Ejército) sin que él estuviera facultado para manejar dinero en efectivo", aseveró.

Asimismo, dijo que Arévalo Lacs ordenó la emisión de las certificaciones como único documento de egreso y mandó a que las mismas se archivaran bajo la figura de secreto militar como respaldo del gasto de los Q120 millones. Sólo ese ministerio tenía la facultad de recibir y manejar fondos en efectivo, y con ello se propiciaron las condiciones adecuadas para la sustracción y el ocultamiento del dinero.

La fiscal expuso cada una de las pruebas documentales, dictámenes periciales y las declaraciones de testigos que se presentaron durante el debate, con las cuales expresó que se demostró la responsabilidad del ex presidente Portillo y de los dos ex ministros.

Mañana continúa la exposición de las conclusiones de los querellantes adhesivos en este proceso penal contra los tres sindicados.