Guatemala, julio 6 de 2011. ¿Qué hace que una sociedad viva en la legalidad? La respuesta puede estar en la responsabilidad compartida que debemos tener los ciudadanos de respetar el Estado de Derecho. Pensemos al respecto: cuando las personas no acatan ni respetan la ley, el lugar donde vivimos se vuelve inseguro, inestable y corrupto.

Cuando no hacemos el esfuerzo de vivir legalmente, multiplicamos ese ejemplo a otras personas y se reduce la oportunidad para que la sociedad viva en una cultura de legalidad. Cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad para construir una sociedad enmarcada en la legalidad, un entorno que apoye el imperio de la ley en donde podamos vivir sin miedo ni corrupción, y la injusticia no bloquee el éxito y desarrollo del país.

La cultura de la legalidad es un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones. En una sociedad regida por el Estado de Derecho la población tiene el deber de participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas y organizaciones dentro de esa sociedad, incluyendo al mismo Gobierno.

El fomento de la cultura de legalidad debe abarcar a todos. Debe impulsarse una educación cívica y escolar para que el mensaje llegue a todos los sectores de la sociedad. Es necesario utilizar un lenguaje sencillo y directo para llegar a los jóvenes y motivar un cambio cultural en el adulto.

En esta tarea deben involucrarse instituciones gubernamentales, religiosas y culturales, las cuales tienen extensas redes que llegan a grandes segmentos de la población. Las instituciones públicas deben crear programas educativos a todo nivel: primaria, secundaria y universitaria para ayudar a entender que vivir en la legalidad mejora la calidad de vida y crea conciencia sobre el papel y la responsabilidad ciudadana.

Mientras que organizaciones no gubernamentales, empresas, etc., pueden fomentar la conciencia sobre el papel y la responsabilidad de los ciudadanos en el respeto de las leyes de un país, así como mostrar cómo la delincuencia y la corrupción roban los valores culturales e identidad de una sociedad.

Los medios de comunicación social también desempeñan un papel importante en el fomento y el fortalecimiento de la legalidad, resaltando sus fortalezas a través de publicaciones o transmisiones sobre este tema y mediante la información veraz y objetiva. Además deben hacer públicos los esfuerzos gubernamentales y de la ciudadanía sobre el fomento de la cultura de legalidad y transmitir programas que valoren y difundan el Estado de Derecho.

Las instituciones policíacas también deben contribuir a promover la enseñanza del Estado de Derecho, al dar el ejemplo con sus actuaciones de no tolerar la corrupción dentro de sus filas y fomentar la cultura de legalidad. Además, deben involucrar a la ciudadanía en la solución de los problemas comunitarios de seguridad.

La experiencia de Palermo
El fomento de la cultura de legalidad ha tenido éxito en ciudades como Palermo (Italia) y Medellín (Colombia) en donde con el impulso de programas educativos, culturales y el compromiso de toda la sociedad lograron reducir los altos índices de criminalidad y así vivir en un clima de paz y tranquilidad.

Por décadas Palermo fue sinónimo de crimen organizado, corrupción y violencia. En la actualidad esa ciudad se ha convertido en un símbolo de renacimiento gracias a un extraordinario proceso que involucró a líderes políticos, civiles, miembros de la iglesia, medios locales y autoridades para terminar con la violencia e intimidación de la mafia "Cosa Nostra" que operaba allí.

Durante las décadas de los 70´s y 80´s, este grupo criminal intensificó sus actividades convirtiendo a esa región en un paso internacional de tráfico de drogas, lo cual causó la muerte de miles de personas e intimidación y chantaje de otras. Esta situación provocó que surgiera en la década de los 80´s un movimiento cívico que involucró a abogados, políticos y sacerdotes.

Este movimiento fue liderado por el profesor Leoluca Orlando, quien después se convirtió en el alcalde de la ciudad de Palermo. Este grupo organizó reuniones públicas en donde se pronunciaba en contra de ese sistema de ilegalidad y promovió vivir en una cultura de legalidad.

La presión de este movimiento social dio valor a los editores y periodistas de los medios de comunicación para que difundieran la situación crítica que vivía Palermo, y ello coadyuvó a que las autoridades gubernamentales accionaran contra las mafias que operaban en esa ciudad.

La reacción de la mafia no se hizo esperar y reaccionó al asesinar a decenas de personas, pero en lugar de que ello causara intimidación provocó que los ciudadanos se armaran de valor para luchar por la libertad y la democracia. Por la presión que ejercieron sus habitantes, el Congreso Italiano aprobó leyes que incluían el embargo de bienes de la mafia y penas más rígidas de prisión para los integrantes de las organizaciones criminales.

A ello se sumó el impulso de programas educativos en las escuelas y en la sociedad, y los resultados fueron notorios: el número de asesinatos en Palermo pasó de 240 en 1984 a 3 crímenes en el 2000. Además ahora las personas no tienen temor de declarar en los tribunales de justicia sobre determinado hecho delictivo, como sucedía en el pasado.

En Colombia
Por los altos índices de criminalidad en Medellín (Colombia), también allí se impulsó una cultura de legalidad que incluyó aprobación de leyes, programas educativos y culturales para frenar el clima de inseguridad y corrupción que vivían sus habitantes por las operaciones del narcotráfico. Con ello se logró reducir a 30 crímenes anuales de 300 que se cometieron en la década de los 90´s.

También Colombia ha designado en el pensum educativo la cultura de la legalidad como uno de sus cuatro pilares más importantes de su política anticorrupción a nivel nacional. En el año 2004, la educación escolarizada en estado de derecho en Colombia aumentó de programas pilotos en Bogotá y Medellín a 8 municipios importantes de todo el país.

Este programa desarrolla un currículo que potencia las habilidades en los estudiantes para que asuman la responsabilidad de construir y mantener una sociedad basada en un Estado de Derecho. Para lograr esta meta, desarrolla en los estudiantes competencias cognitivas, afectivas y comunicativas que articuladas entre sí, facilitan la solución de conflictos de manera inteligente, acciones que sean empáticas, pacíficas, participativas, responsables y democráticas, y el aprendizaje para valorar las diferencias y enriquecerse con ellas.

El currículo para la cultura de la legalidad fue adaptado a Colombia por docentes de Bogotá y Medellín, bajo la asesoría de la organización estadounidense NSIC (National Strategy Information Center). Consiste en un plan de estudios que contiene 36 lecciones diseñadas especialmente para ser trabajadas con estudiantes de noveno grado durante un año escolar.

Opiniones de sectores guatemaltecos
A criterio de representantes de sectores sociales, el respeto a una cultura de legalidad debe iniciar por jueces, magistrados, fiscales y funcionarios públicos para que se viva en un clima de seguridad jurídica.

"La legalidad no significa que jueces o magistrados actúen con total impunidad y que nadie pueda cuestionar sus fallos o resoluciones; ello es confundir y aumentar los niveles de este flagelo", expresó Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.

Por ello manifestó que la legalidad significa que el sistema de justicia funcione con total independencia y que las resoluciones de jueces y magistrados estén apegadas a Derecho, porque las instituciones judiciales son las encargadas de desarrollar e interpretar el marco jurídico.

Agregó, que la sociedad también debe manifestarse cuando éstas instituciones no estén actuando en el marco de la legalidad, porque sólo la auditoría social y el buen actuar de los operadores de justicia ayudará para terminar con la impunidad en el país.

A criterio de Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, la cultura de legalidad debe ser de pleno conocimiento de cada individuo y de funcionarios gubernamentales, lo cual significa que deben cumplir con sus obligaciones que les corresponda.

Agregó que para que la población conozca los alcances de este tipo de cultura, el Estado debe difundirla a través de programas educativos y que la ciudadanía también tiene la responsabilidad de transmitirla desde el ámbito que se desarrolle.