Guatemala, octubre 3 de 2014. Representantes de la sociedad civil expusieron ayer ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad su preocupación por los vicios e ilegalidades que se dieron en los procesos de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

En una audiencia pública, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, manifestó que los vicios en las dos comisiones iniciaron desde la integración de la misma, ya que jueces eligieron a magistrados, lo cual contraviene la ley.

"También la Ley de Comisiones de Postulación establece la publicidad y transparencia, y fue público y notorio que hubo una ausencia de estos dos aspectos; esto se evidenció cuando no se permitió acceso a la prensa ni a la sociedad civil en el momento en que calificaron los expedientes de los candidatos y cuando se estaban elaborando las listas de los nominados", aseveró.

Señaló como otra de las irregularidades que la ley establece que el pleno de la comisión es el encargado de conocer los punteos, y estos procesos fueron conocidos por las ternas que se conformaron en cada una de las comisiones de postulación.

"Además en una tacha que presentamos, el expediente fue alterado al haber arrancado las hojas para que la objeción fuera desechada, lo cual es sumamente preocupante porque se están eligiendo a los que impartirán justicia en el país", recalcó.

Otros señalamientos de Mack fue no cumplir con el procedimiento para realizar las entrevistas; la falta de experiencia de muchos de los profesionales que fueron electos como magistrados titulares y las negociaciones que se dieron para elegirlos.

Otras irregularidades

En su intervención David Gaytán de Acción Ciudadana señaló que las cortes recién electas quedaron integradas bajo "procesos oscuros y de negociaciones políticas, incluso podrían estar vinculados con el crimen organizado; este proceso no permitió medir las capacidades ni idoneidades, con lo cual no se cumplió con los requisitos de un verdadero concurso por oposición, y se evidenció un notorio favoritismo".

Agregó que aunque ya es de conocimiento público la serie de anomalías que se dieron en esos procesos, era necesario que se recalcaran, y entre ellas mencionó que la convocatoria para el proceso de selección de candidatos de magistrados para la Corte de Apelaciones fue realizada por la Comisión y no por el Consejo de la Carrera Judicial, como lo indica la respectiva ley; la elaboración de la tabla de gradación tampoco no garantizaba una adecuada selección de profesionales idóneos; la evaluación a través de ternas no permitió que todos los comisionados conocieran el perfil de cada uno de los aspirantes; la aplicación de la tabla de gradación fue arbitraria y discrecional, ya que a través de diversos criterios no garantizaron el derecho de equidad, ni la objetiva evaluación de méritos profesionales.

En su opinión se favoreció a abogados en el ejercicio liberal, demeritando con ello la carrera judicial; además en la votación se reflejó el voto cruzado en el que se asignaron cierta cantidad de cupos para cada uno de los grupos de interés; se incluyeron en la lista de nominados a aspirantes con menos de 10 años de ejercicio profesional o de reciente ascenso como juez de primera instancia, con lo cual se violenta el régimen de la carrera judicial.

Por lo anterior dijo que desconocían y deslegitimaban esos procesos de elección. "La Ley de la Carrera Judicial no fue utilizada en armonía con la Ley de Comisiones de Postulación, y ello representa un peligro grave para la independencia judicial y sobre todo a la trayectoria profesional de los jueces que deben ser evaluados para ver si son capaces e idóneos de optar a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones", enfatizó.

"Hacemos un llamado a la conciencia de ustedes (magistrados) para que rescaten el valor de la Constitución y que se pronuncien por el grave riesgo que corre la independencia judicial por sectores oscuros y políticos que pretenden continuar fomentando la impunidad en el país", señaló.

Debilita Estado de Derecho

Jorge Santos, representante de la Convergencia por los Derechos Humanos, advirtió que si no se rectifican dichos procesos y se juramentan a las respectivas cortes el próximo 13 de octubre, se debilitará el Estado de Derecho porque no habría ninguna separación entre los tres poderes del Estado.

Por ello demandó a los magistrados "contundencia" en sus resoluciones. "Son ustedes los que tienen en sus manos la posibilidad de devolver a la ciudadanía lo poco que hemos construido en esta débil democracia", manifestó.

"Les solicitamos que la serie de amparos que se han presentado en esta Corte sean resueltos apegados a Derecho; que se garantice la separación entre los poderes del Estado, y que como ciudadanos tengamos la confianza de tener en las cortes a los magistrados idóneos para una adecuada administración de la justicia", expresó.

Diana Fernández, integrante de Guatemala Visible, manifestó que la independencia e imparcialidad judicial está seriamente comprometida, y como consecuencia de ello "el acceso a la justicia, la convivencia, la paz, la armonía y la consolidación de la democracia".

También apoyaron las demandas para que se respete el sistema de justicia guatemalteco, Alma Aguilar de la Red por la Integridad y Juan Francisco Soto, de la Convergencia por los Derechos Humanos.

Al finalizar las exposiciones de los integrantes de las agrupaciones sociales, el presidente de la CC, Roberto Molina, recordó que hace 5 años también recibieron la visita de organizaciones civiles y misiones diplomáticas y los cuestionamientos sobre los pasados procesos fueron similares, y lamentó que durante este tiempo no se hayan corregido las deficiencias de la Ley de Comisiones de Postulación y de otras leyes para que no se repitiera las inconformidades sobre la recién elección de magistrados del Organismo Judicial. "Considero que nunca es tarde para gestionar esos cambios y superar las falencias y la falta de claridad que la legislación ordinaria tiene con respecto a estos temas, hay canales para realizarlo; recuérdense que la Corte de Constitucionalidad no es un ente legislador, sí lo es para expulsar del ordenamiento jurídico una norma cuando es inconstitucional. Molina se comprometió con los sectores sociales a resolver las acciones legales pendientes, con responsabilidad y respetando la Carta Magna.