Guatemala, julio 25 de 2011. "Impunidad: avances, retrocesos y desafíos" fue el nombre del panel en donde participaron representantes internacionales y autoridades guatemaltecas dentro de la Segunda Conferencia Internacional contra la Impunidad en Guatemala: Por el respeto a los derechos humanos, laborales y sindicales.

El evento fue organizado por la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (USITRAGUA) y el Movimiento de Trabajadores de San Marcos (MTC). El propósito de la Segunda Conferencia fue consensuar planes de acción para reducir los niveles de impunidad. También participaron organizaciones sindicales internacionales.

Asistieron al panel "Impunidad: avances, retrocesos y desafíos": Francisco Javier Dall´Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público (MP), y el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.

En la inauguración del evento y en representación de las cuatro organizaciones sindicales, el dirigente José Pinzón manifestó su apoyo a la labor que ha realizado el Comisionado Dall´Anese en la lucha contra este flagelo en el país.

"Hemos constatado cómo la CICIG se ha convertido en una piedra en el zapato para las fuerzas oscurantistas, quienes la han atacado desde el inicio de su mandato; despiertan los monstruos cuando el señor Dall´Anese señala la falta de una adecuada aplicación de justicia," aseveró.

Por ello dijo que el "movimiento sindical autónomo se une a las organizaciones de la sociedad civil para expresar que la CICIG y el Comisionado cuentan con todo nuestro respaldo y solidaridad por su trabajo realizado en nuestro país (…) y estaremos con él hasta las últimas consecuencias".

Desconfianza en la justicia
En su intervención en el panel, el Comisionado expresó que cuando existe impunidad se genera una gran desconfianza en el sistema de justicia y en los jueces: "Si la Policía y el Ministerio Público se proponen trabajar bien y los jueces trabajan mal nunca se terminará la impunidad; este flagelo persistirá si ellos en lugar de aplicar la ley se apropian de la misma".

Hizo ver que la impunidad e irresponsabilidad judicial se han evidenciado en algunos jueces cuando no otorgan validez a pruebas como fotografías con las cuales se ha demostrado que se cometió una masacre o cuando se han presentado auditorías que demuestran cómo se desfalcó al Estado guatemalteco.

"En una democracia nadie está sobre la ley, y ello significa que los jueces tampoco lo están; la independencia judicial tiene un freno claro que es el delito de prevaricato, con el cual los jueces deben responder al dictar resoluciones que son contrarias a la ley o basadas en hechos falsos", enfatizó.

"No es cierto que exista una absoluta intocabilidad de los jueces y que sean superfuncionarios a quienes la ley no puede alcanzar o emitir críticas por su actuación judicial; todos los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio del pueblo y a rendir cuentas, porque de lo contrario imperará la opacidad", agregó.

Comentó que si los jueces no aceptan críticas a su trabajo de nada sirve que existan juicios orales y públicos, por lo que ha sido en vano que el Estado guatemalteco erogara sumas millonarias para transformar y transparentar el sistema judicial. Por ello dijo que en un sistema democrático los ciudadanos tienen que aspirar a que los jueces apliquen correctamente la ley y tener confianza de que no se inclinarán ante el poder político o económico.

Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, expresó que debe existir un interés legítimo para combatir la impunidad y no perpetuarla, por lo que hay que trabajar para fortalecer el sistema de justicia.

"La ciudadanía tiene el derecho de mantener un escrutinio estricto y expresar libre y respetuosamente sus preocupaciones con el actuar de la justicia; en este sentido se debe recordar que parte del mandato de la CICIG es presentar las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos que realicen actos con el propósito de obstaculizar el trabajo de la Comisión y perpetuar la impunidad", resaltó.

La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, explicó que cuando ella asumió el Ministerio Público (MP) tenía claro que para reducir la impunidad debía empezar desde la institución a su cargo, por lo que ordenó la sustitución de más de 15 jefes de fiscalías y creó una fiscalía para atender casos de impacto, entre otras medidas.

"Uno de los grandes desafíos del MP es enfrentar al crimen organizado por los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad que provoca al país, y que sólo se logrará combatir a través de una buena coordinación con el Ministerio de Gobernación y la CICIG", enfatizó.

Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, calificó a la impunidad como un "monstruo de mil cabezas" que aprovecha las oportunidades para reproducirse en la sociedad guatemalteca.

"La impunidad en Guatemala es una realidad porque se estima que al año se cometen 275 mil delitos; en los últimos tres años y medio han sido asesinadas 22 mil personas; el 13% de extorsiones a los ciudadanos se comete desde las cárceles del país, y hay mucha corrupción en los funcionarios públicos por la extensión del crimen organizado en el Estado", resaltó.

Los panelistas concluyeron que el mayor reto es que todos los sectores se unan para fortalecer el sistema de justicia y de esta manera lograr vencer la impunidad.