Guatemala, octubre 14 de 2011. Se le denomina sociedad civil al conjunto de instituciones que defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que muchas veces son los mediadores entre los individuos y el Estado para resolver determinadas necesidades sociales.

La importancia de la sociedad civil organizada radica en la capacidad de coordinación y articulación para impulsar y apoyar los cambios y transformación de un país en lo económico, político y social.

Es por ello, que estos grupos de líderes sociales deben ser escuchados y apoyados en las fiscalizaciones y acciones que emprendan para garantizar una sociedad más equilibrada, justa, equitativa, incluyente y participativa.

En países como México, El Salvador, Argentina y Colombia las agrupaciones civiles han logrado incidir en las políticas públicas de sus países, con propuestas, acciones y denuncias que han planteado sobre temas sociales, políticos y económicos.

Desde influir en temas como el medio ambiente, el retorno de personas desplazadas así como reformas educativas y legislativas, las organizaciones civiles han adelantado análisis críticos y propositivos que le han permitido a los estados tomar las decisiones de política pública para responder eficaz y eficientemente a las necesidades de estas naciones.

En Guatemala
La participación de la sociedad civil guatemalteca en el sistema judicial se ha centrado en la fiscalización de los procesos de elección de funcionarios públicos así como del gasto público, de casos penales emblemáticos y ha participado en las reformas de varias leyes para agilizar la administración de justicia.

La desaparición de miles de personas durante el conflicto armado dio la pauta para que en la década de los 70´s surgieran los primeros grupos sociales en el país, los cuales exigían al gobierno de turno información sobre el paradero de sus familiares.

Fue así como estas agrupaciones empezaron a integrarse a manera de sumar fuerzas para que las autoridades las escucharan y lograr de alguna manera ejercer presión para que atendieran sus demandas.

“En esa época las primeras acciones de la sociedad civil iniciaron al presentar una serie de recursos de exhibición personal en los tribunales a efecto de poner a prueba el sistema de justicia en el país”, recordó Iduvina Hernández, directora de la agrupación Seguridad en Democracia (SEDEM).

Para Hernández otro de los casos en donde fue crucial la participación de los sectores sociales fue en la demanda por esclarecer el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, porque se empezó a crear un movimiento enfocado a la necesidad de reformar el sistema de justicia, por los obstáculos judiciales que se presentaron durante este proceso.

Y fue así como con la presión y el apoyo de las agrupaciones civiles se lograron las primeras reformas al Código Procesal Penal, y una de éstas fue la eliminación del fuero militar para que los integrantes del Ejército fueran juzgados en los tribunales de justicia por delitos comunes.

Elección de funcionarios
Según Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), “desde el momento en que se eligen a las autoridades judiciales, la sociedad tiene que jugar un papel fundamental ante la falta de una independencia de los poderes, porque grupos paralelos normalmente han intervenido en estos procesos y ellos son los que por regular designan a los jueces, magistrados, Fiscal General o Contralor General de Cuentas”.

Incluso –dijo- que la propuesta de la Ley de Comisiones de Postulación se originó de la sociedad civil, y la auditoría social que ejercieron en las pasadas elecciones de funcionarios públicos contribuyó a descartar candidatos no idóneos para esos cargos, principalmente de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República.

Según Iduvina Hernández con la intervención de las agrupaciones se evidenció que el sistema para elegir a funcionarios públicos está “prostituido y corrompido, por la manera en que se integraron las comisiones de postulación porque no fueron procesos transparentes”.

Por ello propone que se debe “reformar los métodos de elección para que las universidades privadas y la estatal no participen en las comisiones de postulación en futuras elecciones, porque sus representantes “no eligen de manera objetiva sino por algún interés sectorial”.

Gasto público
En lo que se refiere a la auditoría del gasto público las agrupaciones sociales monitorean la forma como despilfarran sus recursos las instituciones del sector justicia como el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Instituto de la Defensa Pública Penal.

“Hemos detectado que en varias instituciones de justicia ha habido despilfarro de dinero en viajes innecesarios o indemnizaciones que se han recetado magistrados salientes, lo cual disminuye el presupuesto de la institución para el cumplimiento de sus responsabilidades”, resaltó Hernández.

Representantes de la sociedad civil también intervienen en las mesas de trabajo del gasto del Estado, instaladas en conjunto con el Congreso, e impulsaron una propuesta de ley para mejorar este tipo de erogación en el Estado.

“Estamos impulsando mecanismos anticorrupción penal para que se castigue con mayor rigidez este flagelo, y otros para mejorar la calidad del gasto público; se busca eliminar las formas que se utilizan para desfalcar al Estado, como lo son el uso de fideicomisos o la contratación de organizaciones no gubernamentales para administrar la obra pública”, explicó Asturias.

Hizo ver que los grupos sociales han incidido con la denuncia pública en señalar actos de corrupción dentro del sistema judicial: “Denunciamos cuando observamos que hay niveles de corrupción en fallo judiciales como en los casos Portillo, Vielmman, Mattus o Giammattei”.

Señaló que con la condena social se deja en evidencia la corrupción que persiste en el sistema judicial y se busca que estos procesos no pasen a engrosar la lista de casos de impunidad, pese a las campañas mediáticas que se pudieran impulsar por algún sector interesado.

Independencia judicial
Hernández y Asturias coincidieron en que la independencia judicial es fundamental para que la administración de justicia sea efectiva: “Una tarea impostergable es un proceso de depuración profunda en el Organismo Judicial porque en muchos casos hay fuga de información, tráfico de influencias o resoluciones contrarias a la ley por los compromisos de jueces o magistrados vinculados con estructuras criminales”, resaltó Hernández.

En la misma línea se pronunció Asturias, quien dijo que habrá una verdadera independencia cuando se logre un poder judicial autónomo e independiente de los poderes políticos y militares. “Esto será posible con una efectiva depuración en el sistema judicial y al proporcionar protección a jueces, fiscales y magistrados”.

Por ello, manifestaron estar dispuestos a apoyar procesos de depuración en este organismo para que se identifique a los funcionarios que han incurrido en acciones ilícitas para favorecer a determinadas personas o sector.

Los planes futuros de estas organizaciones sociales incluyen continuar trabajando conjuntamente con otras agrupaciones en proyectos en contra de la corrupción y en pro de la transparencia, así como la realización de sondeos periódicos del Acuerdo Nacional para el avance de la Seguridad y Justicia, gasto público y la elaboración de análisis comparativos en seguridad ciudadana y defensa.