Guatemala, septiembre 13 de 2010. Francisco Dall'Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recomendó siete elementos que debe tener el Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) para la lucha contra la criminalidad organizada en el país, en el momento que esta entidad deje Guatemala.

El Comisionado Dall'Anese expuso estas recomendaciones en el panel "Cambiando la cultura de la impunidad: La CICIG vista desde afuera", evento que fue organizado por el Foro de ONG Internacionales, FONGI. A la actividad también asistieron: Marlies Stappers, en representación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Impunity Watch (IW) y Plataforma Holandesa; Marco Canteo, representante de la Convergencia de Derechos Humanos; Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, y como moderador Martín Rodríguez Pellecer.

El primer elemento que expresó el Comisionado para combatir al crimen organizado fue que debe haber fiscalías élites, con profesionales bien capacitados y con buenos salarios e incentivos claros, porque ningún fiscal trabajará por el mismo salario en una fiscalía que enfrentará a las estructuras criminales. "Tiene que haber una fiscalía especializada que tenga su propio objeto de estudio de combate y método de investigación, y para ello se requiere una capacitación permanente y constante", aseveró el Comisionado.

Como un segundo factor, el jefe de la CICIG expuso la instalación de una Oficina de Relaciones Internacionales en el Ministerio Público (MP), para que proporcione información en cualquier país del mundo y en tiempo real, a efecto de que la información fluya de manera inmediata para minimizar los tiempos de reacción del crimen organizado.

"El MP debe controlar la protección de víctimas y testigos con protocolos adecuados, con niveles de diagnóstico de nivel de riesgo y de protección integral que tiene que proporcionar el Estado. No podemos exigir a los ciudadanos que declaren en los procesos y después abandonarlos a su suerte", comentó el comisionado como tercer elemento.

En relación al desempeño de la PNC, el Comisionado dijo que las fiscalías especializadas tienen que demandar a la institución policial un trabajo científico y técnico, porque los testigos serán menos necesarios para lograr sentencias condenatorias, en la medida que prevalezcan las evidencias físicas en los procesos.

"La Policía es el soporte de la fiscalías especializadas, que no puede funcionar con una institución ineficiente, y en esta medida debe haber una policía especializada, con agentes profesionales y con un grado académico en criminalística, de carrera y con buenos salarios; tiene que ser una Policía intocable por los actores políticos", enfatizó.

Una plataforma de información policial fue el quinto factor expuesto por el Comisionado. "Dejar las bases para que Guatemala tenga una plataforma de información policial, significa una cultura de digitalización de toda la información de la Policía para que los software sean los que proporcionen las herramientas para detectar a las organizaciones criminales", comentó.

El Comisionado dijo que el sexto elemento, es el centro de intervención de las comunicaciones, que ya funciona en el país, pero se tiene que fortalecer para que tenga cobertura en todo el territorio nacional. No obstante, dijo que esta intervención siempre debe tener el resguardo de las garantías constitucionales y la debida vigilancia de los jueces.

"Esta sería la mejor forma de dejar articulado al Estado para el combate del crimen organizado; esto es lo mínimo con que trabajan los países que han logrado tener grandes aciertos en cercar a las organizaciones y no permitirles que se apoderen del Estado", puntualizó el Comisionado.

Evaluación

En el panel Marlies Stappers -representante de ICTJ, IW y de la Plataforma Holandesa- evaluó los dos primeros años de la Comisión en Guatemala. "La CICIG sí ha logrado dar con estructuras insertadas en la Policía Nacional Civil; evidenciar la corrupción que se ha dado en los gobiernos anteriores, como el caso Portillo; y recientemente el caso Pavón, en el que están involucrados altos funcionarios del gobierno de Óscar Berger", manifestó.

Stappers agregó, que la asesoría técnica y acompañamiento de la CICIG en los casos de alto impacto ha sido fundamental para el avance de las investigaciones, así como impulso de reformas a la legislación guatemalteca y la fiscalización en los procesos de elección de funcionarios públicos.

"Muchos han dicho que la CICIG ha tomado un rol de protagonismo en los procesos de elección, pero nuestra valoración es que hubieran sido catastróficos los resultados en los procesos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Fiscal General", enfatizó.

En su intervención Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, recordó el propósito con que se creó la CICIG, y dijo que fue una iniciativa de la sociedad civil para investigar y desarticular los cuerpos ilegales de seguridad.

"La CICIG ha demostrado la importancia de los colaboradores eficaces para el esclarecimiento de los casos; sin embargo, los jueces, los fiscales y defensores no han sabido aplicar de manera adecuada esta figura", expresó Mack.

Marco Antonio Canteo, representante de la Convergencia de Derechos Humanos, calificó de positivo el trabajo de la Comisión durante los tres años de su labor en el país. "La CICIG ha demostrado que sí se puede luchar contra la impunidad en Guatemala, y que se pueden efectuar investigaciones especializadas para esclarecer los hechos delictivos", manifestó.