Guatemala, abril 05 de 2018. El Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, participó en el conversatorio sobre el tema de la cultura de legalidad, con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, en el cual resaltó la importancia de la juventud para combatir la impunidad y la corrupción en el país.

Señaló que se ha demostrado que el combate a la corrupción y la impunidad sí es posible pero es necesario que exista un compromiso del Estado para que ésta tenga éxito. "La lucha contra la impunidad no es un fin en sí mismo, sino una vía para construir una mejor vida en sociedad ", afirmó el jefe de la CICIG.

Por ello destacó la importancia de fomentar la cultura de legalidad que implica una cultura de las consecuencias, lo cual significa que los ciudadanos que cometen ilícitos deben responder por ellos.

"Se requiere tener con esa cultura de la consecuencia una capacidad de respuesta que se deriva del fortalecimiento del sistema de justicia para combatir con éxito la corrupción y la impunidad", aseveró.

Financiamiento electoral ilícito
El Comisionado señaló que un foco central de la corrupción es el financiamiento electoral ilícito que ha permitido que se sostengan estructuras de corrupción de carácter sistémico y con raíces profundas. "El financiamiento electoral ilícito causa relaciones perversas entre el ciudadano y el Estado, y entre los funcionarios públicos".

"El financiamiento electoral ilícito ha permitido que subsistan dichas estructuras, y se ha demostrado que la corrupción es estructural y sistémica. Se ha demostrado cómo este financiamiento ilícito ha dado lugar a una determinada forma de accionar del Estado, de una relación de corrupción de servidores públicos, y de ciudadanos con el Estado".

¿Y cuál es la respuesta que coincidentemente se está dando al financiamiento electoral ilícito? ¿Y cuáles son las pretensiones de derogar las normas del financiamiento electoral ilícito? cuestionó el Comisionado Velásquez. Resaltó que el financiamiento privado de las elecciones es legal y existe en muchos países, pero se convierte en ilegal cuando éste no se reporta a las instancias correspondientes.

¿Podemos construir una cultura de legalidad si la realidad que se nos muestra es derogar el segundo inciso del 407 "N"; podemos construir legalidad y Estado democrático cuando se pretende realizar modificaciones a ese artículo?, cuestionó el Comisionado ante el público presente.

Construcción de la legalidad
Otro caso expuesto por el Comisionado Velásquez, con el cual se evidencia la construcción de una cultura de legalidad, fue la condena en procedimiento abreviado de nueve constructores, quienes se declararon culpables de pagar sobornos a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota, a cambio del pago de deuda que el Ministerio de Comunicaciones tenía con las empresas que dirigían dichas personas en el caso "Construcción y Corrupción".

Señaló que este caso hay reparación integral de justicia porque se impusieron seis medidas que los constructores deben cumplir. Entre éstas se encuentran penas, multas, disculpas públicas, reparación de tramos carreteros, asegurar que los delitos no se vuelvan a cometer mediante mecanismos de prevención y control interno de las organizaciones involucradas.

Afirmó que el anterior caso contrasta con los intentos de derogar las normas de combate al financiamiento electoral ilícito. Por ello enfatizó que es importante el proceso de fortalecimiento de la democracia, y la participación ciudadana que debe interesarse y ser protagonista en los asuntos públicos.

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