El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.
“Es necesario trabajar en conjunto para continuar luchando contra las estructuras criminales que se resisten a desaparecer”
Guatemala, abrl 03 de 2017. El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la cual se refirió a lo que ha significado la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, y recomendó cuatro acciones para garantizar que no se revierta el proceso de erradicar las estructuras criminales que por décadas han generado la corrupción y la impunidad en el país.
El jefe de la CICIG fue invitado por la SIP para participar en dicho encuentro y abordar el tema de la corrupción. El evento se llevó a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, contó con la participación de otros expositores y de los representantes y periodistas de los medios de comunicación de Latinoamérica.
Evolución de los ciacs
El Comisionado recordó la manera en que han evolucionado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), los cuales surgieron en la época del conflicto armado en Guatemala como estructuras paraestatales delictivas encargadas de la represión de los opositores de los gobiernos de turno.
Esas organizaciones criminales se fueron adaptando a los nuevos tiempos conforme a la evolución del Estado y de la sociedad guatemalteca hasta convertirse en redes político-económicas ilícitas que se organizan de manera oculta para realizar actividades legales e ilegales con tres propósitos: acumular y ejercer poder ilegitimo público o privado; enriquecerse ilícitamente y generar impunidad para sus miembros.
“El propósito fundamental de los ciacs, mucho más claro examinándolos en tanto redes político-económicas ilícitas, ha sido siempre el de capturar al Estado, que por definición debería ser generador del bien común y defensor de intereses generales, para aprovecharlo en su beneficio. Y esto significaba poner a su servicio el Estado en su conjunto: cooptar los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todas las instituciones públicas”, aseveró.
Lo anterior, dijo, no sólo para su propio beneficio sino para lograr que por su ineficiencia o complacencia se pudieran desarrollar sin obstáculos los lucrativos negocios del narcotráfico, contrabando, trata de personas y lavado de dinero.
Primeros resultados
El Comisionado señaló que ese panorama sirvió de guía para el plan de investigaciones que se empezó a ejecutar desde inicios del 2014 y que alcanzó su primer y más notorio resultado con la presentación del caso "la línea" -el 16 de abril del 2015- y posteriormente con el caso "cooptación del Estado de Guatemala", presentado el 2 de junio del 2016.
Estos casos permitieron dejar al descubierto la corrupción en los sistemas de salud, aduanas y sistema penitenciario; en los organismos Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Además de evidenciar los vínculos entre la política, el lavado de dinero y la corrupción; las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de la impunidad; entre redes de narcotráfico y poder local; entre empresarios financiando ilícitamente las campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal de las concesiones públicas, detalló el Comisionado.
Destacó que como consecuencia del trabajo de la CICIG y del MP están en prisión, ligados a algún proceso o con una condena: un expresidente de la República y su exvicepresidenta; 5 exministros; 3 expresidentes del Congreso y varios diputados; 2 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces; el expresidente del Banco de Guatemala; el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; altos funcionarios de instituciones bancarias; 2 exsuperintendentes y otros funcionarios de la administración tributaria; empresarios y alcaldes, un director del sistema penitenciario y una larga lista que suma más de 300 personas.
Recordó que ante los primeros hechos de corrupción revelados se instaló con fuerza en la conciencia colectiva que sí era posible la lucha contra la impunidad y la corrupción. La reacción ciudadana fue casi inmediata: desde el 25 de abril cada sábado, sin interrupción, durante más de 22 semanas, la población se concentró en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital y de otros municipios del país exigiendo justicia y reclamando las reformas estructurales que el país ha requerido desde décadas.
Valora papel de la prensa El Comisionado calificó de fundamental el papel de la prensa en los acontecimientos que se dieron a partir del 16 de abril cuando se reveló el caso “la línea”, ya que cubrió los diferentes eventos noticiosos y alertó sobre los intentos o amenazas a la lucha contra la impunidad. También transmitió en directo las audiencias judiciales, información que algunos medios complementaban contextualizando los casos, y aportó datos obtenidos en sus propias investigaciones periodísticas. Además informó sobre las campañas de desprestigio contra los diversos operadores de justicia.
“El periodismo es uno de los valladares ante el abuso del poder, que apunta a la
consolidación de sociedades democráticas. A su vez, es una caja de resonancia de hechos, de análisis y opiniones que nutre el debate nacional sobre temas relevantes, permitiendo a la sociedad en su conjunto ser parte de la decisión de su propio destino, sobre la reflexión de su realidad y el país deseado”, enfatizó.
Las acciones
Por lo anterior, el Comisionado recomendó las siguientes acciones para que no se revierta lo logrado hasta el momento y continuar en la lucha de erradicar las estructuras criminales que se resisten a desaparecer:
Que todavía no hemos lIegado al punto de quiebre, de no retorno en la lucha contra la impunidad en general y contra la corrupción en particular, de manera que la contraofensiva que actualmente se desató por esas estructuras que se resisten a desaparecer debe ser derrotada, logrando de una parte prontas condenas para los responsables de esos crímenes, y de otra parte superando la desinformación a cuyo amparo se pretende presentar como persecución todo este accionar del Ministerio Publico que la CICIG acompaña, tratando de convertir el proceso de liberación del Estado cooptado en una guerra ideológica, como si la corrupción, lo mismo que el hambre, la enfermedad o la miseria, pudieran catalogarse como de izquierda o de derecha.
Que es necesario continuar la labor de identificación, persecución y desarticulación de esos ciacs,que en tanto redespolítico-económicas ilícitascontinúan vigentes y mantienen la cooptación del Estado, hundiendo sus raíces en décadas pasadas y manifestándose también en acciones cumplidas durante gobiernos anteriores, labor que debe seguir realizando el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG cuya permanencia en el país, por solicitud del actual Presidente de la República, se ha acordado por lo menos hasta septiembre del 2019.
Que no basta que esa acción sea persistente, sino que además deben cumplirse como requisito indispensable dos condiciones: a) Que se robustezca la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de justicia, porque para referirnos sólo al Ministerio Publico, es imposible afectar sensiblemente la impunidad con una cobertura territorial de apenas el 10% de los municipios del país y unas fiscalías especializadas bastante precarias; y b) Que se reforme el sistema de justicia para asegurar la existencia de instituciones modernas que permitan garantizar la independencia judicial y la mayor calidad de jueces y magistrados.
Que es necesario que el binomio sociedad - medios de comunicación, que tanta incidencia tuvo en el pasado reciente, continúe vigente asumiendo los roles que el momento actual les exige: en un extremo, una nueva ciudadanía más participativa, organizada, interesada en los asuntos públicos, vigilante, exigente de las grandes
reformas que el país requiere; y en el otro, una prensa que además de informar de manera oportuna, completa y veraz, se erija también en mecanismo de control del ejercicio del poder y ponga luz en lo que se pretende mantener oscuro, indague sobre aquello en lo que se quiere silencio, cuente lo que se quiere secreto, descubra lo que se desea esconder.
El Comisionado enfatizó que la meta final debe ser la verdad, obtenida a través de la investigación y la persecución penal, así como el castigo para los responsables de algún hecho ilícito, será el camino que guiará para lograr una reducción de la impunidad y la corrupción en las sociedades.
“EI periodismo y los entes de investigación tenemos la responsabilidad de buscarla y sacarla a luz (la verdad), buscando liberar a nuestras ciudadanías latinoamericanas de tales flagelos y lograr así mejores condiciones de vida, en el marco de la consolidación de una cultura de legalidad que defina cada pequeño y gran acto de nuestras vidas, tanto individual como colectivo y de Estado”, manifestó el jefe de la CICIG.
Señaló la importancia de los medios de comunicación de crear y generar una cultura de legalidad en una sociedad, donde existe la percepción de que la corrupción es algo normal. “Pero ésta tiene que ir unida a la acción de la justicia porque por más discurso que exista, sino hay consecuencia a los actos ilícitos no habrá una cultura de legalidad”, puntualizó el Comisionado.
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La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes.
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