Guatemala, marzo 07 de 2016. El periodista Eder Juárez del periódico digital República GT entrevistó recientemente al Comisionado Iván Velásquez Gómez sobre varios de los casos que investiga la CICIG, en conjunto con el Ministerio Público, así como la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. (Se publica con fines informativos).

Iván Velásquez: “La CICIG actúa con real independencia”

"Aquí hay una cuestión clara, CICIG está comprometida en la lucha contra la impunidad y comprometida en la lucha contra la corrupción y ha dado muestras que, efectivamente, lucha contra la impunidad y contra la corrupción", dice el Comisionado.

Tres días antes de la declaración de Salvador González, alias “ECO”, que se supone será importante como parte del proceso para llevar a juicio a los exgobernantes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), atendió durante 45 minutos a Republicagt en su despacho para comentar acerca de este caso, y la relación de la entidad con los donantes, y en especial con la embajada de Estados Unidos, entre otros temas.

¿Cómo avanza la investigación del caso La Línea?

En La Línea hay situaciones distintas que se deben diferenciar, por un lado, lo que se inició el 16 de abril con las primeras capturas, luego lo que sucesivamente se ha venido vinculando y que finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez dispuso la acumulación para una sola audiencia de etapa intermedia; lo que de otra manera hubiera significado una audiencia con esas iniciales primeras veinticuatro personas, entre quienes destacan Claudia Méndez, la exintendente de Aduanas; Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti y Otto Pérez. Sólo que todavía está sujeto a impugnaciones y a reclamos que alguno de los abogados ha venido haciendo por la unificación de audiencia; sin embargo, ya está señalada para el 14 de marzo. Se tiene previsto que del 14 al 31 de marzo se abarque la etapa intermedia. Con los allanamientos y todas las actividades de investigación surgidas de tantos documentos encontrados, tanto digitales como físicos, la evaluación que se venía haciendo, por las interceptaciones que se hayan producido en el pasado, han surgido otras diligencias adicionales; en eso nos encontramos en este momento, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los allanamientos realizados recientemente esta semana, pues surgen de información que se ha continuado obteniendo, pero ya formulada la acusación respecto a éstos, iniciamos la etapa intermedia y a eso nos dedicaremos a partir del 14 de marzo.

¿Existen elementos en la investigación para obtener una sentencia condenatoria para todos los implicados en el caso?

La Fiscal General y yo, naturalmente, los equipos que intervienen tanto de parte de la CICIG, como de parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, tenemos la convicción que es un caso sólido con las pruebas suficientes para una condena de todos los imputados.

¿Qué pasará si la sentencia es adversa a los que ustedes plantean?

Pues siempre que actuamos, en ese sentido, somos muy responsables. Por eso en muchas ocasiones cuando se aspira, desde muchos sectores de la sociedad, principalmente los medios de comunicación, del por qué no se ha hecho esta cosa; o qué pasó con esta u otra persona, nosotros soportamos silenciosamente todos esos inmensos reclamos, porque sabemos que no podemos responder a presiones sociales, ni a la actividad mediática, de manera que cuando decidimos salir con un nuevo caso es porque tenemos ya una convicción. ¿Qué ocurre si hay una absolución?, pues interpondremos las acciones legales correspondientes. Podría ocurrir eventualmente que el desarrollo del juicio se desvirtuara algún elemento probatorio en el cual nosotros ciframos como una gran parte de la acusación, por ejemplo, pero eso ya es la evaluación cuando se produce la decisión.

Si en el caso no estuviera Estuardo González alias “ECO”, o Juan Carlos Monzón, aun así, ¿tiene solidez la acusación?

Sí, afortunadamente todas las investigaciones presentadas a partir del 6 de septiembre de 2014, cuando empezamos con casos del Sistema Penitenciario, descansan mucho más en prueba documental, técnica e interceptaciones telefónicas que constituyen prueba testimonial. Lo que ocurre es que muchas ocasiones la participación de un colaborador eficaz permite profundizar más o ampliar más, pero no significa que como lo hemos planteado, sea fundamental para lograr la condena y hechos que, así como manifestaba cuando salimos con un caso, como el de La Línea, no había una prueba testimonial, ni siquiera un colaborador eficaz, previo al inicio de la investigación, lo cual significa que tenemos los elementos fundamentales para buscar una condena. Pero hay otros hechos que pueden ser revelados con un colaborador eficaz, para profundizar o ampliar el tema de investigación.

Una de las dudas de la población es si podrá la CICIG vincular el ingreso de dinero en las cuentas de Roxana Baldetti y Otto Pérez

Vamos a esperar el 14 de marzo, y ver el desarrollo de la audiencia intermedia, donde además está la presentación de las pruebas y ahí es donde se contestarán muchas preguntas que ahora, desde algunos sectores, se podrían estar planteando.

En cuanto a la figura de colaborador eficaz de Estuardo González, ¿qué beneficios obtuvo a partir de esta condición?

Esperemos a que sea sometido el acuerdo a consideración del Juez. Hay temas en que no podemos anticipar, ya se verá el desarrollo del caso, todavía no hay posibilidad que podamos públicamente hablar de este o de algunos otros asuntos, pero se van a ir conociendo.

¿Consideran también la figura de colaborador eficaz para el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón?

En este momento tenemos, como apareci públicamente, un acuerdo con el señor Salvador Estuardo González, lo cual no excluye a otros sujetos procesales.

A consideración de CICIG, ¿“ECO” tiene los suficientes elementos de todo este proceso?

A consideraciones de CICIG, contiene los elementos suficientes para ser considerado el colaborador eficaz.

De los supuestos privilegios que ha recibido tanto Otto Pérez Molina como Roxana Baldetti, ¿cuál es su opinión al respecto?

Es un tema que está a cargo del Juez y del Sistema Penitenciario (SP), las partes no tienen una intervención o el control del SP o de las acciones judiciales. Es necesario garantizar a todos los presos una digna reclusión, puedan advertirse exageradas cuando hay una situación de carencias muy generalizadas en los demás reos, y ya es otro problema, pero en general, siempre se debe plantear un régimen penitenciario que respete la dignidad de las personas. Ese es mi comentario respecto a la situación.

En el tema del caso del Lago de Amatitlán ya se mencionaba a la exvicepresidenta que podría encontrarse vinculada a acciones ilícitas en este caso ¿habrá otras investigaciones contra ella?

La Fiscal General ha contestado preguntas de esta naturaleza con una frase que me parece la adecuada nada está excluido de la posibilidad de una investigación. Y esa es la realidad, ¿puede haber otras?, es probable, ¿puede haber más personas?, es probable.

¿Investigan a Rina Sanchinelli?

Todos los hechos se están examinando en sus relaciones internas y en eso hay personas… Si no hay personas en este momento que en estén, por ejemplo por qué la Ministra de Ambiente no está privada de libertad, que lo leo en las redes sociales, pues si no está en el caso es porque en este momento no tenemos los elementos y los materiales probatorios para pedir la vinculación, pero es que todo el mundo se dio cuenta  (de su presunta participación), pero es que el juez no resuelve así, es por la prueba existente y somos responsables en la actuación y, vuelvo insistir, no respondemos, no podemos responder, a reclamos de sectores, medios, o de la sociedad. Puede ser una manifestación completa reclamando que hagamos algo en determinado sentido, que se acuse a alguien de algo, pero si no tenemos pruebas, no vamos a responder. Tenemos que ser responsables, y la responsabilidad está en lo presentado ante los jueces, pues debe tener un respaldo probatorio suficiente.

En el caso de lo del expresidente Pérez Molina, declaró en un medio internacional que a él se le había dado un golpe blando, en ese sentido, decía que se gestó desde la embajada de Estados Unidos, y que no se tienen las suficientes pruebas para acusarlo, ¿qué opinión le merece esta declaración?

En cuanto a las pruebas lo que ya he dicho. Si está, si fue vinculado, si se le formuló acusación, si está en la etapa intermedia, es porque hay un respaldo probatorio.  De lo demás, el presidente Otto Pérez Molina nunca me habló de dificultades o relaciones entre las representaciones diplomáticas, embajadores u otros organismos nacionales e internacionales. Que ahora frente a la situación que se encuentra, afirme que es un plan de Estados Unidos, puede ser desde sus sentimientos, por la situación que vive actualmente, pero hay algo que hemos dicho a partir del 16 de abril, mucho antes, pero fundamentalmente a partir del 16 de abril de 2015, actuamos de acuerdo con lo hallado en las investigaciones. Aquí podríamos incluir todo lo dicho, que no cedemos a presiones, ni de los medios, ni de los sectores, organizaciones, ni tampoco, sobre cualquier pretensión de alguna representación diplomática. Puedo asegurar, absolutamente, que ninguna investigación de la CICIG ha tenido alguna intervención de ninguna representación internacional, de ningún país. La CICIG actúa con real independencia, de pronto dicen algunos, ´¿cómo puede actuar independiente una organización que es sostenida y financiada. Nadie da plata por nada´. Pues aquí hay una cuestión clara, CICIG está comprometida con la lucha contra la impunidad y comprometida en la lucha contra la corrupción y ha dado muestras que, efectivamente, lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Por esas muestras tiene un respaldo de la comunidad internacional y de la sociedad guatemalteca. Ese respaldo se ha revelado en dos aspectos: el respaldo político y económico, por la acción dirigida a fortalecer las instituciones nacionales. Recibimos contribuciones económicas de la Unión Europea, Suecia, Alemania, España, Reino Unido, Canadá y de Estados Unidos, probablemente se me escapen más. Recibimos apoyo con personal, con contingente policial, de investigación de Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Tenemos contingentes de seguridad que vienen desde Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, hay investigadores que vienen de Suecia y Francia, entonces cualquier señalamiento en ese sentido, que la CICIG responde a intereses de determinados o de algún país, son absolutamente falsos. Puedo asegurar que la CICIG actúa con real independencia, que la selección de los casos y  la intensidad de las investigaciones, es porque muchas veces hay que dedicarle mayor atención a una investigación específica, por circunstancias presentadas. Todo es responsabilidad mía como director de la organización y de los equipos de la CICIG.

¿Hay alguna expectativa por el caso La Línea, estará usted presente en audiencia intermedia, pues marzo será determinante para fortalecer la confianza en la CICIG?

En marzo no empieza el juicio, es apenas la etapa intermedia, realmente tenemos absoluta confianza en que las acusaciones prosperan y que habrá un juicio respecto a todas las personas que están vinculadas en el caso La Línea. No he ido a ningún juicio, podríamos decir que no conozco los juzgados en acción, he ido de pronto a los juzgados, cuando el Organismo Judicial va a inaugurar uno, entonces los conozco y veo los espacios de las audiencias. Me gustaría mucho ir a las audiencias, porque no solo he estado en la investigación en Colombia, sino también en la judicatura, pero fundamentalmente he estado también como litigante, me han gustado toda la vida los juicios penales; desafortunadamente, por una gran predicción que hay en el país, y si me ven en el juicio y mucho más en un juicio como éste, se diría que estoy allá para presionar una determinada decisión, entonces me tendré que contentar con verlo en la televisión.
Tenemos confianza que las acusaciones están muy bien sustentadas, que tenemos muy bien presentado el entramado delictivo, la estructura criminal, cómo operaba esa organización y cuáles eran los roles que cada uno cumplía dentro del grupo.

¿Estas investigaciones los han llevado a identificar recursos ilícitos en el exterior?

Las investigaciones llevan a buscar muchas cosas, que en la medida en que se van encontrando. se van presentando.

En ese sentido, ¿habrá investigaciones de otras empresas como Aceros de Guatemala?

Aquí en el tema Aceros de Guatemala, por lo que se acaba de presentar, un aspecto muy específico, un acto de corrupción que pretende desviar o afectar la acción adecuada del Sistema de Justicia, revelamos cómo, en virtud de la denuncia penal planteada por la SAT contra Aceros de Guatemala, se intentó un fraude por un valor de Q255 millones.

Aceros de Guatemala y Tres puertos, coludida por Giovanni Marroquín y el abogado que representaba a la empresa, que en este momento elaboramos la apelación contra la decisión del juez de no ligarlo a proceso penal, mostramos cómo el entramado se gestó en tres sectores: la SAT, Tres Puertos y de Aceros de Guatemala, con la gestión realizada por Giovanni Marroquín para obtener los dictámenes amañados y verificar lo que inicialmente había presentado, desde el azar, como sustento de la denuncia y cómo operó todo esa organización. Ese es el tema de Aceros de Guatemala, que sí es cierto, también estamos interesados en el tema de devolución de crédito fiscal, estamos mirando la defraudación aduanera y tributar. En la medida en que encontremos hechos acreditados y sustentados, que pueden ser presentados ante los jueces, lo vamos hacer.

¿Se encuentra Otto Pérez Molina involucrado en el tema de Aceros de Guatemala?

Por el momento, en lo que tenemos, no

En el caso del Congreso de la República ¿qué ha pasado con los diputados arraigados y que no han sido capturados?

Como gozaban de derechos de antejuicio y estaba en trámite la solicitud para el retiro de inmunidad, cuando perdieron o porque ya no se posicionaron, porque ya no fueron reelectos, esos trámites se encontraban con el juez pesquisidor, que estaba adelantando las actuaciones para darle las pesquisas a la Corte Suprema de Justicia y algunos no habían llegado a un juez pesquisidor. Lo que estamos esperando es que el Organismo Judicial agilice los pasos judiciales y sean enviados a los juzgados para continuar con la investigación respecto de estos que ya se habían presentado las denuncias de corrupción. Naturalmente en todo lo que se encontró en el Congreso con la documentación obtenida, el año pasado, hay investigaciones que continúan su curso. En la medida en que vamos construyendo casos sólidos probatoriamente, vamos a presentarlos ante los jueces. Si se trata de diputados activos, solicitando los antejuicios y si ya no se encuentra en el  Congreso, realizando los actos que corresponda.

En relación con la Corte de Constitucionalidad ¿cuál es su opinón del proceso?

De todo el proceso, hasta ahora, sólo tenemos aspiraciones para la Corte. Aspiraciones a que la Corte de Constitucionalidad esté muy bien conformada, a que cada uno cumpla con sus responsabilidades, que el Consejo Superior Universitario escoja al aspirante más idóneo y capaz, de reconocida honorabilidad; que el Presidente de la República defina a una persona que reúna los requisitos del artículo 113 constitucional. El Congreso de la República también cumpla con su papel y elija al magistrado titular y el suplente que correspondan para estos tiempos de ahora. Estamos con esas aspiraciones, ¿qué va a ocurrir después, en concreto cuando el 14 de abril inicie la Corte de Constitucionalidad?, pues esperamos que por la conformación, sea una Corte magnífica y que cumpla absolutamente con su responsabilidad, no podría más que decir que estamos con esas aspiraciones.

¿Cuál es la Corte de Constitucionalidad ideal?

Es la integrada por juristas capaces, conocedores y honrados, que no pueden estar con compromisos de ningún sector. Una Corte independiente, respetuosa de las garantías y los derechos de las persona, apegada totalmente a la Constitución, sin responder a intereses dañinos y también para destacar una frase de la Fiscal General, que me parece siempre debería estar presente, hablaba en un tiempo pasado, hablaba del deber de ingratitud, que todos los funcionarios que son elegidos o que son nombrados, tienen el derecho de ser ingratos con sus electores, porque si no son ingratos, entonces no están respondiendo a los intereses de la corporación a la que van, sino a los intereses de los que los eligieron. Entonces, destaco siempre otra frase de la Fiscal General: “yo le juré lealtad a la Constitución Política de la República de Guatemala, no al presidente Otto Pérez Molina”. Eso hay que destacarlo para que todos los magistrados, electos por el Presidente, por el Congreso, por el Consejo Superior Universitario y por el Colegio de Abogados, también tengan ese compromiso. Estamos esta vez comprometidos con la Constitución Política de Guatemala, con el ejercicio pleno de la juridicidad, apegados a la Constitución y no le juramos ninguna lealtad a los electores. Esa es la Cortes que cumplirá en este momento.

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