CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

Entrevista a Fiscal General

Guatemala, julio 23 de 2015. La revista electrónica República.GT entrevistó a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana Hernández. Publicamos el artículo con fines informativos.

 

Vea el artículo original de República.GT aquí

 

MP, principal engranaje de las investigaciones sobre corrupción

Thelma Aldana, electa fiscal general en mayo del año pasado, logró abrir brecha en el Ministerio Público (MP) y en una jornada inédita, formó parte del equipo que consiguió procesos penales en contra de funcionarios de la cúpula en el país.

Pocos conocen los aportes de la Fiscalía General en estos casos, calificados de alto impacto y mayoritariamente las  palmas se las lleva la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En esta entrevista, la jefa del MP explica los detalles de cómo se trabajan estas investigaciones.

¿En qué condiciones encontró el MP?

El MP es una entidad joven, 21 años tiene de existencia y tuvo avances por el sistema inquisitivo penal, es decir el juez investigaba y dictaba la sentencia a través de oficiales de los Tribunales. En esa época trabajaba ahí y en 15 días el oficial veía si tenía que llamar testigos, hacer algún reconocimiento judicial pero todo desde el escritorio con autorización del juez o el secretario. Luego el mismo juez dictaba la sentencia, ese era el sistema inquisitivo. Posteriormente, el cambio fue a otro sistema que es el acusatorio, el que actualmente tenemos.

Creo que el país no se preparó y desafortunadamente al compararnos con lugares como Chile que pasó en 2010 del sistema inquisitivo al acusatorio. Ahí, primero tuvo la programación de una infraestructura para ubicar a los tribunales, cuando ya la tenían empezaron con cursos de capacitación, porque no es sencillo pasar de un sistema a otro, y hoy es un éxito el MP de ese país.

Hago esta comparación para que veamos como el MP en el momento mismo de su creación nació con debilidad. No sé si fue a propósito o por falta de previsión. Trabajando nosotros en los tribunales nos dijeron: todos los expedientes que tienen en trámite se van a trasladar al MP que se está creando, y entonces se armaron los paquetes y se pusieron en el pasillo de toda la Torre y esa cantidad impresionante de expedientes vino aquí. Prácticamente, nació colapsado.

Encontré el MP con 1 millón 280 mil casos en mora. Me parece una cantidad difícil de manejar y hago esfuerzos con un presupuesto limitado como cuando creamos una fiscalía liquidadora que analiza  expedientes para dar una salida procesal. Son tres posibilidades: desestimar en sede fiscal, con autorización judicial o bien investigar los cosas no importa el tiempo en la medida que no haya prescripción. Se debe empoderar al MP, el presupuesto que tenemos es de Q1 mil millones y solo la nómina son Q1 mil 100 millones. Ha habido una política por llamarla así, de no darle a la institución el presupuesto necesario.

Si queremos una entidad sólida, que tenga todas las herramientas para enfrentar la criminalidad en el país con diversas manifestaciones desde la corrupción hasta el narcotráfico, violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, extorsiones… toda una gama de delitos asociados a estructuras criminales que deben de combatirse y no obstante lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien.

¿Cómo se definen las prioridades de investigación?

No nos inclinamos por temas coyunturales. Hay toda una estrategia de investigación a partir de fenómenos criminales y en ese sentido son las estructuras criminales nuestro prioridad, pero también dándole relevancia al delito del día a día que tanto daño hace a la población.

Los fenómenos criminales los combatimos a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, narcotráfico trata de personas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas y luego las fiscalías distritales que trabajan también fenómenos criminales más los delitos que diariamente sufren los guatemaltecos.

¿En los casos que se llevan con CICIG quien decide sobre las investigaciones?

El Comisionado y yo. Los dos en nuestras reuniones de trabajo analizamos que vamos a investigar, él da la instrucción al equipo de CICIG y yo al equipo de los fiscales de FECI.

A partir de ahí se dan las mesas de trabajo conjuntas y luego mantenemos reuniones con el comisionado. Es importantísimo la coordinación y la comunicación que debemos mantener ambos.

¿Hubo una disposición de las institución para trabajar así desde el principio?

Sí. Desde que tome posesión sabía que tenía que trabajar de la mano con CICIG, un mecanismo que Guatemala solicitó a Naciones Unidas, que está en el país y hay que trabajar coordinadamente para aprovechar esa experiencia y el rol de los cooperantes a través de ese organismo, no solo para fortalecer al MP sino, para fortalecer al país en general.

Mientras esté CICIG en Guatemala y yo sea Fiscal General vamos a trabajar de la mano y vamos a enfrentar la criminalidad de la mano, porque eso es lo que conviene al país. Fui de las primeras en pronunciarme a favor de la prórroga de la CICIG puesto que si bien los otros comisionados habían hecho algunas acciones para fortalecer al MP, faltaba la investigación de los casos que hoy salen a luz.

Los otros comisionados también aportaron a la Fiscalía General en fortalecer y crear entidades de inteligencia en investigación y que hoy nos están apoyando en los casos como lo es, la Unidad de Métodos Especiales (UME), y la Dirección de Análisis Criminal (DAC).

Todas las escuchas telefónicas se operativizan acá en el MP, en la UME y los técnicos son del MP cien por ciento, todos son guatemaltecos porque la ley así lo manda. Esta unidad integrada por guatemaltecos y dirigida por una fiscal hace las interceptaciones telefónicas y es más, para una acción de este tipo, solo la UME lo puede solicitar a un juez, no puede ser CICIG, tiene que ser el MP y el MP le justifica al juez la necesidad de la escucha telefónica, el juez puede autorizar o no.

Hasta aquí nos autoriza todo, porque lleva sustento.

¿Cómo se priorizan los casos?

Los casos surgen de denuncias como la del Procurador de Derechos Humanos sobre IGSS-PISA a partir de esa ahí empezamos a trabajar en el caso. Como MP necesitamos mucho de la denuncia ciudadana responsable, pero también utilizamos las investigaciones que hace la prensa que en muchas ocasiones tiene mucho sustento, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros casos surgen en la medida que llegan las denuncias que evaluamos con el Comisionado para decidir si merece que lo trabajemos juntos.

Un caso reciente es el contrato de Lago de Amatitlán que me pareció prudente trabajarlo en conjunto. Lo hablamos y al Comisionado le pareció. Hasta aquí no hemos encontrado un caso que me proponga el Comisionado o que yo le proponga y que alguno de los dos diga que no, al contrario, hemos coincidido al cien por ciento.

Es importante decirlo, la participación de la IVE es fundamental. En este último caso de “Chico Dólar”, fue por una denuncia de esa dependencia que nos hizo empezar con la investigación y se fortaleció en los últimos meses.

Se logró la prórroga de la CICIG. ¿Dos años son suficientes para que el MP pueda enfrentar la impunidad?

Creo que no, falta mucho más. No nos corresponde solicitar una prórroga, es una decisión del Ejecutivo total y absolutamente, y de hecho, no se consulta al MP, salvo en esta última ocasión donde el Presidente de la República, pidió a la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sistema de Justicia un análisis de las actividades de la CICIG, y el MP forma parte de ese ente.

Con el Comisionado sabemos que parte de nuestro gran reto es fortalecer al MP, no solo a FECI, porque las personas somos transitorias en los puestos, se van estos fiscales y no nos queda nada. Vamos a trabajar módulos de capacitación para instalarlos en la unidad de capacitación y de ahí empezar a trasladar estas buenas practicas, especialmente en las fiscalías contra la narcoactividad, delitos contra la vida y la integridad de las personas, la de lavado de dinero y extinción de dominio, de la mujer y la establecida contra la trata de personas.

Necesitamos tiempo y recursos para entonces entregar un MP fortalecido y empoderado. En ese momento ya se podría retirar la CICIG. Obviamente ya no estaría yo al frente del MP, mi periodo es de cuatro años ya llevo uno, me quedan tres, y me parece que sería aconsejable que al próximo Fiscal General, le acompañe la CICIG en su primer año y en el segundo por lo menos, ya con toda esta capacidad instalada creo que podría el MP ya estar fortalecido… serían unos cuatro años más.

¿Qué es lo que se debe mejorar en la CSJ para que avancen los temas de antejuicios?

En la Corte lo que hay que mejorar es la Ley. Es una Ley perversa la que rige a la CSJ pero ahí le tenemos que entrar a la Constitución Política, Ley de Servicio Civil, la que rige el Organismo Judicial la de Carrera Judicial;  son cuatro normativas que necesariamente deben modificarse, porque es perversa la norma que obliga a la Corte a elegir a cada año al presidente de ese organismo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo y es perversa esa dificultad que tiene la CSJ nuestra.

Sabemos que somos seres humanos los que integramos los entes y no es sencillo. Esa elección debilita a la CSJ. Luego la manera de elección no se basa en carrera judicial; cada cinco años de 110 magistrados de la Corte de Apelaciones, 80 quedan fuera y se pierde esa experiencia y capacitación.

No debería ser electa la Corte de Apelaciones por el Congreso, debería ser un proceso interno, tal como se proponen en las reformas que se están presentado pero hay que modificar la Constitución Política. Es la Ley que no permite los mecanismos adecuados para fortalecer a la CSJ.

Tenemos un tema de percepción, qué tendría que hacer la CSJ para darle la tranquilidad al guatemalteco de que avanzan los casos de CICIG y el MP…

En principio agilizar los casos, definitivamente, el conocimiento de los antejuicios y resolver con prontitud. Hay trámites y la población debe tratar de comprenderlo, con casos complejos… como cuando uno tiene en su mesa 200 expedientes para sentencia y hay algunos que cuesta comprenderlos, no por razones políticas, sino jurídicas.

Uno en la judicatura no comprende la parte política, no nos interesa, pero no podemos ser ajenos y parte de eso no es ceder a presiones de ningún tipo y tengo que tener la absoluta certeza de que resolveré con apego a derecho.

¿Algún sector la ha presionado? ¿Ha recibido llamadas del presidente?

A mí el presidente nunca me ha llamado para pedirme que haga o deje de hacer y yo nunca lo permitiría. Desde el momento de mi elección ha sido así y él lo sabe.

¿Y de diputados?

No, ninguna presión de llamadas y de otras acciones. Las presiones que he tenido son las acciones que se

han interpuesto en mi contra por parte de Líder, Jurnac, una exhibición personal que planteó en mi contra la bancada de Líder por los allanamientos en el Congreso pero como yo estoy acostumbrada. No ejerce presión sobre mí que se presente en mi contra un antejuicio, hacer mi trabajo apegado a la ley no es delito y no puede prosperar un antejuicio así.

No me voy a detener en mi trabajo por un antejuicio que me planteen.

¿Cómo logra la separación con el oficialismo pese a haber sido electa por ellos?

Por mi experiencia judicial, trabajé 25 años en los tribunales desde el puesto más bajo al más alto, y desde ahí he sabido que un proceso judicial necesita independencia. No debe haber divorcio, la independencia judicial no es pelearme con el Ejecutivo y Legislativo, lo que no puedo es poner el proceso a disposición de otra persona. Me debo sólo a la ley, a mi conciencia y a Dios.

En un proceso no puedo consultarle a quien me eligió o a la Comisión de Postulación porque juré ante la Constitución.

Su gestión concluye a mitad del periodo presidencial. ¿No teme que su gestión para ser interrumpida por los señalamientos de corrupción de los políticos que se encuentran como favoritos en las encuestas?

Puede darse esa situación pero no me da temor. Estoy consciente que un puesto de esta naturaleza pueda ser susceptible de un cambio en cualquier momento y no tengo problema con eso.

¿Cuál es la postura del MP respecto a la conflictividad social?

La única postura es actuar conforme a la ley, no debemos pensar en izquierda, derecha o centro, tenemos que ampararnos en la ley y en las pruebas.

Se han enfocado en casos de muchísimo impacto y hay casos en mora judicial. En el tema de conflictividad social hay involucrados en el caso Los Pajoques. ¿Se le pone atención a ese tipo de problemática que afecta el desarrollo del país?

Exactamente la misma atención, por supuesto que la ejecución de órdenes de captura corresponde a la PNC y al Ministerio de Gobernación, pero tampoco podemos extraernos del conflicto social. Por ejemplo, si un día “x” hay una manifestación en Los Pajoques se tendría que esperar el momento adecuado para ejecutar esas órdenes de captura. Cuando el conflicto social es auténtico sin duda merece el diálogo. Es el único mecanismo y debemos arreglos en materia legal, ver su autenticidad o no.

¿Qué consecuencias traería si usted sale del MP?

Creo que puede asumir cualesquiera de las otras cinco personas en el listado, la ley así lo establece. Están los licenciados Julio Rivera, Rony López, la actual ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, Edgar Lemus Orellana y Consuelo Porras… son cinco profesionales de los seis y a cualquier de ellos le correspondería.

¿Qué evaluación hace de la CICIG de antes y ahora?

Es difícil la pregunta, los comisionados anteriores trabajaron en la UME y DAT. La primera sólo está escuchando y se lo traslada a DAC que ahí sí se hace una interpretación. En los casos conjuntos como La Línea había 66 mil escuchas telefónicas, lo pasan a DAC y ahí llega a la CICIG.

Al juez se le presenta la transcripción de la escucha pero también el análisis. Estamos dejando atrás a los testigos, pero falta en el OJ; una jueza preguntó ¿dónde está el testigo? Ahora son métodos especiales de investigación. Desde 2009, 2008, ahora estamos viendo los resultados, le daría la calificación más alta al Comisionado Velásquez, le daría cien y le pudiera dar más. A los otros no les puedo dar punteo porque no trabajé con ellos pero aportaron para llegar al avance en que estamos.

Hay temor de que suceda como en el pasado con CICIG, que se presentaron los casos de alto impacto pero no se resuelvieron porque no se documentó, no hubo pruebas…

Tanto el comisionado Velásquez como yo somos de carrera judicial, pensamos en la sentencia y no en la orden de captura y es en una sentencia condenatoria. Ningún juez puede resolver sin estos documentos especiales de investigación. Tenemos todo, no se puede perder un caso así.

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