Guatemala, septiembre 19 de 2017. La periodista Evelyn Boche de El Periódico entrevistó al Comisionado Iván Velásquez Gómez para conversar sobre el trabajo de la Comisión en su lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. (Se publica con fines informativos.)

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La investigación profunda del financiamiento electoral servirá para tener elecciones más transparentes

El Jefe de la CICIG indica que mantienen el análisis de información sobre los recursos obtenidos por los partidos políticos. Señala que el MP debe decidir si tramita antejuicios contra los diputados involucrados en las reformas al Código Penal ya que hay algunos casos evidentes de conflicto de intereses.

Por: Evelyn Boche

¿Qué temas ocupan a la CICIG por estos días?

– Continuamos acumulando, sistematizando y analizando información de diversa clase sobre el financiamiento electoral ilícito de todos los partidos en la campaña de 2015, obtenida en allanamientos de aquel año y los últimos desarrollados. Ese es un trabajo muy fuerte que estamos adelantando. Como lo anunciamos en agosto, en conferencia con el MP, creemos que esta puede ser una muy buena contribución a la democracia, desde la investigación criminal, revelando qué fue todo lo que ocurrió en cuanto a ese financiamiento en 2015, con miras a las elecciones de 2019. Creo que un proceso de investigación muy profundo, que servirá de advertencia a todos en el país para que las elecciones del 2019, por lo menos en ese tema, sean mucho más transparentes.

Esto va unido a la creación de la unidad de fiscalización de los partidos y de la unidad de medios en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mediante un convenio con el TSE, estamos aportando toda nuestra asistencia para que esas unidades, particularmente la de fiscalización, tenga mucha capacidad de investigación a partir del próximo año.

¿Ese proceso habría desencadenado en el Congreso la reforma para blindar a los secretarios generales de los partidos políticos?

– No sacamos conclusiones respecto de los actos de los otros, lo que nosotros definimos es una forma de investigación, una metodología, y actuamos independientemente de las reacciones. El tema es mucho más amplio que los secretarios generales, es hacer una investigación criminal que permita verificar todo aquello que planteamos en el informe sobre financiamiento de la política en Guatemala, en julio 2015.

¿En qué situación penal queda un grupo de diputados que legisla en pro de la impunidad?

– Le corresponderá al MP decidir si actúa de oficio o tramita los antejuicios que puedan formularse. Hay unos casos evidentes de conflicto de intereses, porque se pretendió, o se legisló, en beneficio directo o indirecto, pese a prohibiciones existentes.

¿Estos diputados que tienen conflicto de interés, podrían catalogarse como un brazo de los CIACS o en sí mismo constituir un CIACS (Cuerpo Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad)?

– Yo no podría catalogar, en cuanto a una denominación de esa naturaleza. Podríamos pensar, en términos de las redes político económico ilícitas, que se sirven de muchas personas, incluidos funcionarios del Estado, para cumplir sus objetivos. La ubicación de las personas dentro de estas redes, obedece a un proceso de investigación criminal, no podría elaborar juicios ahora.

La persecución penal en casos de plazas fantasma y tráfico de influencias de diputados, ¿es una forma de depuración?

– Finalmente, a eso ha conducido, en la medida en que diputados se han visto involucrados en hechos de esta naturaleza y se procesan y renuncian. Pero no es un preconcepto que nosotros tomemos en términos de depuración, es un efecto de la investigación criminal.

Hay muchas campañas de desprestigio y desinformación. ¿La Comisión se ha planteado iniciar acciones legales contra las personas que ejecutan las campañas?

– Este es un tema que merece una gran reflexión, que voy a ejemplificarlo con el caso de los abogados. Una cosa es, cuando a un abogado defensor su cliente lo busca para que lo defienda ante los tribunales; otra es que la organización criminal busque a un abogado para que recomiende cómo pueden actuar con mayor impunidad.

En el primer caso –el ejercicio válido de la profesión– no merece ningún reproche. En el segundo, es un miembro de una organización criminal y está prestando un servicio para generar impunidad. En la empresa criminal hay departamentos, división de trabajo de acuerdo con las funciones y las capacidades que cada uno tiene. Cuando se actúa contra un abogado que pertenece a la organización criminal no se está atacando el ejercicio de la profesión de abogados ni el derecho de defensa.

En cuanto a las campañas de desprestigio, hay que hacer un análisis similar. Y esto es muy fuerte, pero creo que hay que distinguir entre quienes, en el libre ejercicio de la profesión de periodistas o de ciudadanos que expresan opinión, plantean sus consideraciones respecto de algo y otras personas que hacen parte de un departamento de impunidad de la empresa criminal, mediante dos acciones. Una, en el contacto directo con operadores de justicia, con fiscales, jueces o abogados, para procurar impunidad específica en casos concretos. La otra acción, es la de deslegitimar a los órganos de investigación, con el afán de procurar impunidad, no de ejercer  la libertad del pensamiento. Si logramos diferenciar esas dos formas de comportamiento, creo que sí es admisible una investigación.

¿Aún es posible el diálogo con el Presidente y los diputados?

– Yo no veo ningún inconveniente. Considero que siempre es importante hablar, pero precisar con qué propósito. Si es desde la perspectiva de la investigación criminal, las investigaciones no se negocian, no se conversan, no se discuten, de manera que ese no podría ser el objeto. Si lo que se plantea se vincula con nuestro mandato por ejemplo, que se consulte las consideraciones del MP y la CICIG o alguno de los dos, acerca de la ley de aceptación de cargos.

¿Es posible continuar trabajando con el Congreso actual?

– El Congreso es el órgano al que constitucionalmente le corresponde discutir y aprobar las leyes. Supondría que los diputados pueden reexaminar su posición, en general y decir: “nuestra contribución es, como debe ser en un estado democrático, legislar en beneficio del país, no de intereses particulares sino de intereses generales y vamos a mirar de este paquete normativo o de proyectos qué resulta relevante para ese interés general”. Eso sería lo deseable, lo recomendable, lo saludable.

“Hay una relación casi imprescindible: no se entendería una justicia que funcione muy adecuadamente en un Estado de Derecho defectuoso. Y a la inversa. Resulta difícil que exista un Estado de Derecho bien conformado con una justicia defectuosa”.

“La mayor fuente de financiamiento de los partidos políticos es la  corrupción”.

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