Guatemala, agosto 03 de 2015. Es el miedo a la verdad lo que se opone a organizaciones como CICIG

Iván Velásquez es una de las figuras clave en la situación actual de Guatemala, gracias a su trabajo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Llegado al cargo para finalizar con la misión de la entidad, las investigaciones que ha comandado en el último año han puesto en entredicho la institucionalidad de esa nación. Los guatemaltecos ya conocen, con nombre y rostro, la corrupción que antes solo sospechaban. Velásquez habla de su experiencia al frente de la entidad y da líneas para su posible implementación en otros países.

Antes del arribo de Iván Velásquez a la sala de reuniones, Diego Álvarez, jefe de prensa de CICIG, advierte que el comisionado no dará juicios de valor sobre el Gobierno guatemalteco, ni dirá que es corrupto. Con las investigaciones precedentes, eso estaría de más. Solo basta recordar el caso de La Línea, en la que estaría involucrado hasta el presidente de la República, Otto Pérez Molina.

El mismo, que destapó a una estructura histórica dentro de la Superintendencia de Aduanas y Tributos (SAT), sirvió como la prueba innegable de que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad efectivamente existían y habían penetrado al Estado en todos los ámbitos, incluso en su sistema de justicia.

Velásquez, ganador del premio mundial de derechos humanos de la International Bar Association en 2011, se acerca sin pompa para hablar sobre la particular experiencia de la comisión dentro del sistema guatemalteco y despejar algunas dudas sobre la naturaleza de la institución, dando líneas para su posible uso en otros países.

¿Es posible desmantelar una estructura como La Línea sin un organismo internacional como CICIG?

Por lo menos de manera inicial, es prácticamente imposible por una razón, porque estas estructuras han cooptado el Estado, y entonces también se han apoderado del sector justicia.

¿Cabe la posibilidad de que exista un organismo como CICIG en un país y que no tenga la colaboración de la Fiscalía y el sistema judicial? ¿Sería inútil?

No inútil, talvez tendría que ser de mucho choque, porque también se tendría que ver de qué manera se concibe la posibilidad de actuar para un organismo internacional. En el caso de Guatemala está ideado para que sea un órgano de apoyo al ministerio público. Sin embargo, podría ocurrir que, no existiendo respaldo del ministerio público, existiendo dificultad en los organismos de justicia, el hecho de poder adelantar investigaciones independientes por lo menos podría revelar un cierto estado de cosas que serviría para presionar por la transformación tanto del ministerio público como del organismo judicial.

¿La sociedad civil debe ser partícipe en sus países para que exista algo como CICIG?

Creo que no se podría pensar que un organismo internacional de cualquier naturaleza pudiera desarrollar sus actividades si no existen dentro del país amplios sectores que lo respalden y que estén por esa transformación en la justicia. La CICIG no es como un órgano de intervención extranjera que viene a imponer sus consideraciones y sus criterios o sus investigaciones. Pone toda la experiencia internacional que tiene, dadas las actividades de sus componentes, sobre todo internacionales, al servicio de una causa común que es la lucha contra la impunidad en el país, pero si no existiera ese interés en amplios sectores de la sociedad por tratar de transformar esa realidad, yo creo que sería imposible que se pudiera lograr con éxito también una transformación en el país.

En una entrevista radial usted dijo que la fiscal Thelma Aldana sabía muy poquitas cosas de la investigación de Byron Lima (condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi y acusado de liderar una estructura criminal desde la prisión). ¿No parece un atropello que la máxima autoridad de la Fiscalía no conozca las investigaciones de CICIG?

No hubo una prevención especial respecto de muchos funcionarios del Estado, incluyendo la fiscal general. No conocieron, previamente, de manera amplia la investigación. Lo que ocurre es que es talvez la manera como los investigadores aseguramos siempre el éxito de las investigaciones, mientras menos se conozca, mientras menos se salga del núcleo directo encargado de la investigación, hay más posibilidades de éxito. No es CICIG, porque es CICIG con ministerio público, solo que en el ministerio público, y dada también la confianza de la fiscal general, se permitió que continuáramos trabajando con la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) de la manera como se venía trabajando desde los orígenes de la CICIG. Es decir, ese grupo especial de fiscales que trabajan con nosotros, que fueron quienes pidieron las órdenes de captura y sustentaron las imputaciones. Solo que en ese caso en particular la fiscal general tenía noción general del hecho, lo que habíamos convenido desde su elección en mayo.

¿Dentro del Gobierno, qué actores deben presionar para que exista una CICIG? ¿Es necesario que el fiscal esté de acuerdo o tendría que aguantarse?

Quiero terminar con la otra pregunta. Esto que sucedió en el caso con Byron Lima, y talvez en una investigación siguiente, ya está totalmente superado con la fiscal general. La fiscal general tiene conocimiento de las investigaciones que conjuntamente adelantamos, también interviene con su criterio, con sus orientaciones en esas investigaciones... es una construcción de trabajo conjunto que, por ser construcción, es gradual. En cuanto a lo otro, planteado como lo que es CICIG, un convenio que se establece por un país con la Organización de Naciones Unidas, lo que se requiere es la voluntad del jefe del Estado, quien por representarlo suscribe los acuerdos, los tratados, los convenios internacionales, pero de otro modo, supongo que en El Salvador, como en los países de América Latina, los convenios internacionales requieren una aprobación del Congreso de la República. Fue el procedimiento de acá y una decisión de la Corte de Constitucionalidad para revisar el convenio, de manera que no afecte el orden constitucional del país. ¿Otros sectores del Estado que estén de acuerdo con establecerlo? Mientras más amplio, naturalmente que sería mucho mejor, más deseable.

¿Pero es necesario que la figura del fiscal general esté de acuerdo?

Creo que no sería indispensable. Pero sí es deseable. Un fiscal general que se oponga al funcionamiento de una comisión de esta naturaleza probablemente puede entrabar, hacer más difícil su funcionamiento.

¿Qué razones tendría un funcionario para oponerse a la creación de un organismo como este?

En mucho, probablemente, las oposiciones que hay a organizaciones como la CICIG son más por el desconocimiento que se genera a partir de señalamientos interesados. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay sectores que critican a la CICIG porque hace capturas, porque realiza allanamientos, lo que es falso. Pero dicen “este es un superpoder”. No es un superpoder, lo que pasa es que realiza investigaciones independientes, ajenas a cualquier influencia de cualquier sector del país, del Estado o de la sociedad. Eso hace que sea una investigación que no pueda ser manejada, torcida, desviada hacia intereses particulares de cualquiera que pretenda incidir. Eso creo que es lo que más asusta, no es el tema de la imposición internacional, que no existe. Es el miedo a la verdad lo que se opone a organizaciones como CICIG... pero si se mirara en su realidad, en su actividad cotidiana, en la contribución que se realiza en los buenos servicios que puede prestar a un país, yo creo que habría más sectores de acuerdo con que una comisión de esta naturaleza se establezca.

¿Qué mecanismos hay para que no se convierta en un superpoder?

La manera como está establecido en Guatemala impide que sea un superpoder. Nosotros, por las normas que rigen la comisión según el acuerdo de constitución, tenemos la facultad para investigar sin limitación, no se nos puede oponer reserva, podemos verificar.

¿Eso es total, no hay ni un solo funcionario que les pueda oponer reserva?

Así está establecido en el acuerdo de constitución de la comisión.

En nuestro país hay un sector de archivos que no están abiertos a nada, que son los partes de guerra que revelarían a muchos de los culpables del conflicto armado. ¿CICIG tendría acceso a eso?

Aquí hay algo convenido y es que CICIG no interviene en la investigación de los hechos del conflicto. Entonces no tenemos esa dificultad. Pero quería insistir en lo otro, el hecho de que podamos realizar investigaciones independientes y profundas no nos constituye en un superpoder, porque podemos tener esa información, pero que no genere ningún efecto judicial, porque el ministerio público no está de acuerdo, porque no acompaña, porque no se hacen las solicitudes a los jueces, o porque se presenta a los jueces y ellos podrían decir: “Este es un típico acto de persecución que no tiene ningún sustento probatorio”, y por lo tanto se desestima todo lo que se presenta. Esa actuación de las autoridades nacionales y la consideración de que la CICIG es un órgano de cooperación, de apoyo, y no independiente, es lo que podría despejar cualquier inquietud en ese sentido de los superpoderes que se pudieran imponer en el país.

Aníbal Gutiérrez, exconsejero político de la CICIG, dijo que esta está armada para que quien tome las decisiones sea el comisionado en soledad. ¿Esto representaría una debilidad en la estructura?

Ese es un tema que se podría evaluar y que en la medida en que se examine la experiencia de la CICIG se podrían diseñar mecanismos similares o diferentes de acuerdo con la evaluación que se haga de esta experiencia. Hay un hecho real y es que este es un órgano de investigación que no puede adelantar todas las investigaciones del país ni puede sustituir al ministerio público, por lo tanto tiene que decidir qué investigaciones asume. Si a eso se refiere Aníbal Gutiérrez. Es una realidad, pero es una con la que se tendría que cargar siempre. ¿Qué otra forma podría ser para que se defina, del universo de complejas investigaciones en un país, cuáles debe asumir este órgano internacional de cooperación? Otra forma, podría ser, se utiliza también acá, que la fiscal general tiene interés de que se colabore con una investigación específica, y entonces hace la petición a la CICIG, pone a consideración del comisionado, porque alguien tiene que tomar las decisiones dentro de la comisión, su interés en que se asuma una investigación. Comisionado y fiscal definen si esa investigación la asume la CICIG y entonces se tramita a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. De la otra forma también, yo veo que hay alguna investigación en alguna fiscalía que es de interés para asumir por la comisión, le pido a la fiscal general que asigne esa investigación a la FECI porque la CICIG está interesada en intervenir. La fiscal puede decir sí o no. Pero lo que sí tiene que tener claro un país es que una comisión de esta naturaleza no es para investigar todo. Y que de alguna manera hay que establecer cómo se seleccionan los casos en que se interviene.

¿Cuál es la hoja de ruta de CICIG, cuántos años cree que tardarían en realizar todas las reformas que necesitan para fortalecer al sistema de seguridad guatemalteco y al ministerio público para que pueda volar sin ustedes?

La permanencia de la CICIG es una decisión del Gobierno de Guatemala.

Pero, en su opinión, ¿cuántos años debería estar?

Es que no es por el hecho solo de la CICIG, es por la respuesta que hay desde la sociedad y el Estado guatemaltecos, porque si lo que pretende una comisión de esta naturaleza es, contribuyendo a erradicar las estructuras criminales enraizadas en el Estado, si lo que pretende es que a través de esa acción específica en la investigación se fortalezcan las instituciones y haya un sistema de justicia independiente y un ministerio público capacitado, pero también fundamentalmente independiente, esa es una respuesta que no puede dar la CICIG, es una respuesta que puede dar el Estado. Podría responder el Estado “hasta que tengamos unas instituciones de justicia consolidadas, independientes y efectivas”.

¿Qué ha aprendido del funcionamiento de estas estructuras en Guatemala y en qué se diferencian a las que existen en Colombia?

En general, tienen mucha similitud. Probablemente en Colombia llegó a un nivel más alto de desarrollo. Es decir, pudo cooptar más ampliamente el Estado, sobre todo en muchas regiones del país. Organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, en otros sectores con la guerrilla, se apoderaron de administraciones locales y a partir de la cooptación de la administración pública en lo local fueron ascendiendo en la escala de la estructura del Estado. En Guatemala creo que se está, no iniciando, ya va algo avanzado, pero se está en ese proceso de cooptación del Estado. Me parece que eso es muestra de lo muy importante que resulta la reacción social frente a las estructuras criminales en la medida en que van quedando develadas en las investigaciones. Hay regiones, particularmente los departamentos de frontera en Guatemala, en los que, en el control municipal, hemos visto que se va ejerciendo de esa forma por estructuras criminales vinculadas en la mayoría de los casos al narcotráfico... es probable que las organizaciones criminales en Guatemala no sean al estilo de las conocidas antes en Colombia, cuando los carteles de Medellín o de Cali o del Norte del Valle o de Bogotá, y que haya una organización más incipiente en ese sentido. Pero en cuanto a los efectos, a los propósitos de obtener poder, creo que hay mucha similitud.

Los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos parecen una cuestión anclada en el conflicto, ¿sería conveniente que CICIG amplíe su mandato, por ejemplo, a la economía?

Yo creo que no hay necesidad de ampliar el mandato, porque de la misma definición como aparece en el convenio, como estructuras criminales que afectan los derechos civiles de la población y que por su relación con servidores del Estado o por su propia capacidad se generan impunidad, es una definición tan amplia que ahora mismo podría dar la estructura de la SAT o, para citar algo que no ha contado todavía con la privación de libertad de ningún miembro del Estado, una estructura en el departamento de Izabal, de Haroldo Mendoza, que tiene todas las características de un CIACS, pero no tiene ningún integrante del Estado. Lo que pasa es que con su poder económico y de intimidación hizo ineficiente cualquier instancia del Estado y ellos imponen la ley dentro de ese territorio. Por eso no creo que se requiera una nueva definición del concepto, porque de la manera como está establecido, no obstante que venía del pasado y particularmente de la época del conflicto armado, su definición general es lo suficientemente amplia para que se pueda combatir, por medio de esa figura sin variación, el crimen organizado.

¿Qué repercusiones ha tenido dentro de Guatemala la captura de Marllory Chacón (guatemalteca condenada en Estados Unidos por narcotráfico, vinculada con “el Chapo” Guzmán y el cartel de Sinaloa)?

En este momento no hay ninguna desde el punto de vista judicial que conozcamos, especialmente por la forma cómo se adelantó en Estados Unidos su colaboración, es un expediente que fue sellado por la corte, no se conoce en qué aspectos fue que prestó colaboración, por esa razón no ha tenido unos efectos judiciales como para decir que por afirmaciones de ella o por pruebas que ella hubiera suministrado el ministerio público en Guatemala hubiera podido avanzar en alguna investigación específica.

¿Cómo está el sistema bancario, cree que las actividades de lavado de dinero son algo sistémico o cree que se trata de algo esporádico y de acciones realizadas por particulares?

La última investigación puede ser reveladora en ese sentido. Hay una organización que inclusive debe tener sus manifestaciones en El Salvador, en el departamento de Jutiapa. De un señor conocido como “Chico Dólar”, Francisco Morales, que se ha dedicado a actividades de lavado de dinero por lo menos en los últimos ocho años y que la investigación reveló de qué manera sectores del Estado colaboraron con él para salir indemne de las investigaciones o de las denuncias que la intendencia de verificación especial formulaba en su contra. Lo que quedó revelado el miércoles pasado, que un candidato a la vicepresidencia, cuando era el presidente del Banco de Guatemala, había prestado asesoría a “Chico Dólar” para justificar los reclamos que desde las autoridades bancarias se le hacían; o como su relación con diputados también favorecía su impunidad. Eso muestra, de un lado, que es posible que haya una colaboración desde sectores con operadores de lavado en el país, pero también es necesario examinar el funcionamiento del sistema bancario, particularmente el establecimiento de controles, y es un punto en el que particularmente la CICIG está interesada, en la ley del secreto bancario que permita el levantamiento ágil, fácil de la reserva para los efectos de investigaciones criminales.

¿Cuáles son estas manifestaciones en El Salvador?

Eso le corresponde a las autoridades de El Salvador.

En el último informe se menciona cuatro veces el nombre de Ángel González (dueño de los cuatro principales canales de Guatemala y del Canal 11 en El Salvador), ¿se ha pensado tomar medidas contra él?

Este es un tema de construcción de monopolios que escapa a la investigación criminal. Hay actuaciones que afectan la democracia que escapan a la investigación criminal. Lo que se ha planteado en el caso específico de la televisión y particularmente del señor González es que los respaldos que se dan para algunas candidaturas, los tiempos que se pueden dar para la propaganda de determinadas candidaturas, le significan una posición especial también respecto del poder, que es lo que se ve en muchos órdenes en las relaciones empresa-Estado de nuestros países de América Latina, sin que eso signifique en sí mismo un hecho delictivo, pero sí afecta, sin duda, la democracia.

¿Cómo actuaría CICIG en un caso como el de un expresidente salvadoreño acusado de peculado y enriquecimiento ilícito que guarda prisión domiciliar desde hace meses?

El problema es no conocer detalles que permitan opinar cómo actuar en un caso, pero lo que en general se busca respecto de todos los actos de corrupción, y por lo dicho ese podría ser uno, es de qué manera se obtiene prueba científica contundente, tanto desde el aspecto documental como los análisis que se realizan por expertos en temas financieros. Pero darle una opinión específica resulta imposible. Sin todos los elementos, y aun teniéndolos, es una situación complicada que opine cómo deben actuar las autoridades de investigación de El Salvador.

¿Un caso como este podría ser un síntoma de que se esté dando en El Salvador un sistema de financiamiento de partidos políticos tan corrupto como en Guatemala?

No conozco cómo suceden las cosas en El Salvador, no podría por la sola referencia a ese hecho decir qué tan sistemática, constante y extendida sea una práctica de esa naturaleza. Es un riesgo en todos nuestros países que, desde el poder, se aproveche para concentrar recursos y destinarlos a fines partidistas. Eso, que constituye un delito, debe ser objeto de investigación. Allí es donde mayor fortaleza podrán demostrar las instituciones propias de cada país en cuanto a su eficacia y a su independencia para adelantar investigaciones serias, profundas y contundentes en aspectos de esa naturaleza.

¿Por qué motivo cree que el Gobierno guatemalteco dijo que CICIG estaba haciendo un trabajo excelente y luego, meses después, decía que ya no era necesaria?

Y luego dijo que sí seguía y se hizo la prórroga. Habría que preguntarle esas motivaciones al presidente, porque más que las afirmaciones no hubo una explicación del porqué de la variación de las posiciones, de manera que no tendría elementos para hablar por lo que haya sido la consideración del presidente en su momento.

El sistema de partidos guatemalteco es diferente al nuestro, pues se basa en partidos que duran en promedio solo dos elecciones. En El Salvador, hay dos partidos mayoritarios, que tienen décadas. ¿Existirían diferencias de trabajo para CICIG con esta realidad?

No lo creo, en Guatemala también hay partidos así o que han tenido apenas una transformación de nombre, pero es la misma estructura. El hecho de que haya una continuidad de nombre no es lo esencial. Lo importante en el tema de partidos políticos es que sean partidos programáticos, que no estén en torno de una persona. La gran dificultad del tema en Guatemala es que los partidos no tienen ideología, no hay programas, lo mismo puede proponer este que el otro.

Una entrevista de Moisés Alvarado/Fotografías de Melvin Rivas.

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