Guatemala, octubre 31 de 2017. En el foro “El financiamiento privado de la política en Guatemala y sus efectos en la democracia”, el Comisionado Iván Velásquez Gómez señaló que una manera  para fortalecer la democracia es permitir a los ciudadanos conocer el origen y destino del financiamiento de la política, y que los hechos ilícitos que se cometieron en las pasadas elecciones no se repitan en el próximo proceso electoral.

El jefe de la CICIG participó en este panel junto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, y el politólogo y director del Instituto Internacional para la Democracia (IDEA), Daniel Zovatto. El evento fue organizado por la CICIG, al cual asistieron diversos sectores de la sociedad.

Prioridades investigativas
En su disertación el Comisionado Velásquez señaló que como parte del plan estratégico de la labor investigativa de la CICIG se definió como una de las prioridades la investigación sobre el financiamiento ilícito de la política, que “hemos entendido como la causa original del sistema de corrupción que ha capturado al Estado de Guatemala, y como uno de los elementos más importantes de la distorsión del modelo democrático del país”.

Recordó que simultáneamente a la labor investigativa de la CICIG, en 2015 se presentó  el informe del Financiamiento de la política en Guatemala, el cual documentó de manera extensa y detallada la tipología de este fenómeno y de sus graves efectos en el sistema político guatemalteco.

“Se concluyó que en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera en que los partidos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos del financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca”, aseveró.

Señaló que lo anterior ha quedado demostrado con las investigaciones de los casos “lavado y política” y “cooptación del Estado de Guatemala”, con este último se evidenció judicialmente un sistema de financiación ilícita realizada por agentes privados que permitió que el desaparecido Partido Patriota triunfara en las elecciones del 2012, a través de una campaña excesiva e ilegal.

Por lo anterior, el Comisionado señaló que se definieron dos líneas de acción ajustadas al mandato de la CICIG: realizar una amplia y profunda investigación del financiamiento electoral ilícito que hubiese podido ocurrir en las elecciones del 2015, así como apoyar el proceso de construcción de propuestas de reformas legales, y acompañar al TSE en el proceso para llevarlas a la práctica.

“Somos conscientes de que el sistema penal no soluciona los problemas estructurales del sistema político, consideramos que contribuye al proceso de construcción de la democracia, en la medida que al revelar los vicios del pasado se actúe preventivamente, desalentando la repetición de prácticas nocivas para la sana y transparente competencia electoral”, afirmó.

Manifestó su confianza que revelando las diversas tipologías del financiamiento ilícito que se utilizaron en las pasadas elecciones, permitirá la realización de una próxima campaña más equitativa. “No se trata de judicializar la política ni criminalizar el financiamiento electoral, lo que pretendemos es investigar los delitos que se cometieron en ese proceso”.

Compromiso
Señaló que la CICIG ha asumido el compromiso con el TSE de acompañarlo en los procesos técnicos para la implementación de las unidades especializadas de fiscalización de la finanzas de los partidos políticos y del control de los medios de comunicación.

Resaltó que una de las mejores vías para fortalecer la democracia es permitir a los ciudadanos conocer el origen y destino del financiamiento de la política. Es un acto de integridad y voluntad política de los miembros de los partidos políticos, y la ciudadanía tiene un rol determinante en este proceso.

“Como venimos insistiendo, el combate a la corrupción demanda la participación activa de los ciudadanos, organizaciones sociales y de la prensa. La auditoría social es fundamental para denunciar los actos de corrupción y demandar una respuesta efectiva de las autoridades electorales y de justicia ante las mismas”, puntualizó.

Construcción democrática
En su intervención, la presidenta del TSE, Maria Eugenia Mijangos, resaltó que en un sistema electoral con elecciones transparentes y confiables ayuda avanzar en la construcción democrática, y para la mayoría de ciudadanos las elecciones constituyen el momento de participación política más importante.

Señaló que el actual sistema de partidos políticos en Guatemala no tiene las fortalezas necesaria para contribuir de manera eficaz al desarrollo democrático del país, el cual por casi una década Guatemala está entre los países con menor desarrollo democrático en Latinoamérica. “Una de las evidencias es la debilidad de las estructuras partidiarias y la no articulación de un debate político de fondo orientado hacia los problemas estructurales de nuestro país”.

Por lo anterior, señaló que el TSE debe incidir en forma central en el abandono de esas prácticas y contribuir en devolver a la política su verdadero sentido renovado y medular. “Debemos trascender la función jurisdiccional de rango constitucional y también la de organizadores de elecciones para desarrollar acciones encaminadas a esa evolución del sistema político: trabajando con las organizaciones políticas y simultáneamente con la población”.

Afirmó que gracias a  la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el país cuenta con el mayor número de agrupaciones políticas, pero “el sistema político desafortunadamente se ha degradado, hay un crecimiento desmedido del financiamiento de campaña, candidaturas compradas, clanes familiares, dignatarios y alcaldes que se perpetúan en sus posiciones sin proporcionar al país ejecutorias dignas y prepositivas; además de inexistentes estructuras partidiarias, se carece de planes de gobierno, serios e integrales”.

Por ello dijo que por la compleja relación entre dinero y democracia es necesario  regular el financiamiento electoral, ya que la injerencia de financiamiento privado determina casi siempre las opciones y las candidaturas políticas. Instó a  las instituciones del Estado y los ciudadanos para plantear acciones renovadoras que contribuyan a erradicar esta práctica que conlleva a que los gobiernos de turno cometan actos de corrupción en detrimento de los derechos fundamentales de la población.

Costo de la democracia
En su intervención el director de IDEA, Daniel Zovato, resaltó que la democracia no tiene precio pero sí tiene un costo de funcionamiento. “Es decir que el dinero es indispensable pero al mismo tiempo problemático, necesitamos dinero para organizar campañas electorales, para financiar a los partidos políticos, pagar asesores o encuestas”.

Por ello consideró que no tenía sentido “demonizar el dinero”, principalmente el capital privado, pero sí era fundamental establecer un marco regulatorio para garantizar que el dinero que ingresa al sistema político no produzcan los efectos negativos, como por ejemplo: la  falta de equidad en la contienda electoral, captura del Estado de las políticas públicas, penetración del dinero del narcotráfico y del crimen organizado, entre otros factores.

A consideración de Zovatto, en un sistema mixto se debe autorizar que haya una parte de financiamiento privado, siempre que exista un control del tope del gasto electoral, además de garantizar de manera efectiva “quiénes son las personas físicas y jurídicas que pueden realizar aportes y los que no pueden, incluido el tipo de donaciones que se permitirá y cuáles no”.

Afirmó que el “talón de Aquiles” para la mayoría de los sistemas de financiamiento político en América Latina son:  bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas, órganos de control muy débiles, sanciones basadas en multas, medidas administrativas, suspensiones o cancelaciones de los registros de los partidos políticos.

Señaló que la reformas recientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos generan para el TSE una “etapa refundacional” ya que no estará sujeto sólo a organizar las elecciones en cada proceso electoral, sino que ahora tiene una responsabilidad que constituyen oportunidades y desafíos para el sistema electoral del país.

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