Guatemala, octubre 07 de 2016. El Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, participó recientemente en el III Encuentro Bienal de Investigación y Posgrado de la Universidad de San Carlos (USAC), donde compartió con estudiantes, académicos y autoridades universitarias algunas reflexiones sobre la justicia y la misión que tienen las universidades en una sociedad.
La primera parte del discurso del Comisionado se enfocó en la lucha contra la corrupción, en la cual deben involucrarse todos los sectores, incluyendo las universidades.
“Cuando la justicia no actúa, cuando opera protegiendo privilegios, cuando está al servicio de los poderosos, la democracia está en peligro. Por eso cuando un país enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, como lo hizo Guatemala -desde el 25 de abril de 2015-, su levantamiento debe interpretarse no sólo como el fenómeno como tal, sino como una ostentosa fuerza que defiende la democracia, el Estado de Derecho, amenazado por la ruptura de las reglas de convivencia”, aseveró.
A consideración del jefe de la CICIG, la corrupción no sólo afecta los recursos públicos sino también la ética ciudadana. “La lucha contra la corrupción debe entenderse como un combate por la vida digna, por el derecho al progreso de hombres, mujeres, niños y ancianos, de personas de todas las condiciones”, expresó.
Resaltó que combatir este problema significa trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos. “Tiene que significar un proceso que conduzca a la restauración moral de una sociedad cuyos principios se fueron desmoronando como consecuencia de la impunidad que ha favorecido a quienes por su posición
-en la sociedad o el Estado- deberían ser referentes éticos para sus comunidades”, afirmó.
Señaló que la cultura de ilegalidad se instaura en una sociedad cuando se mira como algo normal que los funcionarios públicos se enriquezcan indebidamente, se evadan impuestos, se pague un precio por la adjudicación de un contrato o se utilicen las influencias para un trámite.
“Por eso la lucha contra la corrupción debe considerar como prioridad la adopción de un sistema de justicia, en el cual se garantice que sólo pueden acceder o permanecer jueces o fiscales honestos e idóneos, cuyo nombramiento se deba a esas calidades y no a ninguna persona en particular; y por lo mismo puedan actuar con absoluta independencia, resistir a presiones internas y externas, y estar sometidos sólo al imperio de la ley”, manifestó.
Destacó que esta es una de las razones por las cuales la CICIG ha impulsado, acompañado y defendido la reforma constitucional del sistema de justicia, la cual pretende establecer la carrera judicial en todos los niveles de la administración judicial, con un rígido régimen disciplinario y un sistema de evaluación de desempeño que promueva la superación profesional.
Misión de las universidades
En ese contexto, el Comisionado se refirió al papel que le corresponde a los centros universitarios de cualquier país. “Las universidades son pequeñas sociedades, no sólo sociedades científicas sino espacios de convivencia, en los cuales que se reproducen relaciones sociales similares a las del mundo exterior. Se trata de ciudadanos que tienen el saber, el conocimiento como centro de su trabajo diario, y por lo mismo susceptibles de no estar permeados por intereses egoístas o por lo menos de anteponer sus intereses”, enfatizó.
Por lo anterior, el Comisionado recalcó que las universidades deben tener un papel transformador, ser impulsoras de la cultura de legalidad y promotoras de una vida digna. “Son varios los compromisos que tiene que asumir la universidad: por un lado la excelencia académica que permitirá entregar a la sociedad en todos los niveles -pero particularmente a la justicia- a profesionales idóneos, quienes se desempeñarán tanto como funcionarios judiciales como abogados litigantes. Pero también tiene el compromiso de formar con valores específicos para el ejercicio de la profesión, a abogados éticos”, señaló.
Agregó que además deben generar relaciones especiales de convivencia, de una cultura de legalidad y un rechazo absoluto a cualquier práctica de corrupción. “Y tienen además un gran compromiso como centro del saber, como aquel sector que está en la permanente constatación de la realidad, el cual es de promover, organizar y diseñar procesos de auditoría social”, resaltó.
El Comisionado puntualizó que si las universidades asumen el compromiso de luchar por la construcción de una vida digna y por un estado social democrático de derecho, habrán cumplido el papel histórico de transformar la realidad para que “este país, nuestros países de América Latina sean espacios amplios, amables para la convivencia de todos, en una vida con dignidad”.
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes.
