Guatemala, febrero 10 de 2010. En una conferencia ante cientos de jóvenes universitarios, el Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, habló sobre la reconocida honorabilidad que debe tener el nuevo Fiscal General de la Nación. Una cualidad intangible que se reconoce a leguas, pero que para algunos pocos que quieren insistir en componendas, resulta un concepto abstracto y confuso.

Pensemos en personas que a nivel mundial se hayan destacado por ser honorables y que las personas sensatas inmediatamente identifican como personas íntegras, dedicadas a su labor, personas a las que un fajo de billetes no puede corromper. Hay muchas. Y en Guatemala las hay de sobra. Pero, ¿dónde están?

Esas personas honorables son las que deben postularse como candidatos a Fiscal General, dentro de un proceso que será vigilado y fiscalizado por la sociedad civil y ¿por qué no? Por la comunidad entera.

Los jóvenes universitarios preguntaban: ¿qué podemos hacer para tener el mejor Fiscal General? El Comisionado Castresana les respondía: “Los jóvenes universitarios tienen una enorme responsabilidad en el futuro de algunos aspectos cruciales de su país que se encuentran en juego en este momento”. Son los jóvenes de ahora quienes están mejor informados y por lo tanto tienen el deber de comprometerse con su país.

Guatemala tiene un talón de Aquiles grave: el problema de la seguridad y la justicia, el cual, en este momento histórico para el país se traduce en la elección de una de las jefaturas públicas más importantes: el Fiscal General de la Nación.

Para el Comisionado Castresana, Guatemala se encuentra en medio de una serie de circunstancias que la hacen –como país- muy distinta de casi todos los demás países del mundo -por lo menos de los democráticos-, en los cuales rige el principio de legalidad, donde la ley se aplica por igual a ricos y a pobres, a poderosos y a desfavorecidos, a políticos, a empresarios, a trabajadores, a cualquier persona. Allí la ley es igual para todos.

“En la mayor parte de la sociedades democráticas avanzadas, el derecho penal es la última ratio, el ordenamiento jurídico tiene muchas modalidades que regula la convivencia, que regula las relaciones entre particulares, entre las instituciones y los particulares, el funcionamiento de las propias instituciones y solamente en aquellos casos donde se producen rupturas del orden legal que verdaderamente atentan contra los bienes jurídicos más valiosos, es cuando se recurre al derecho penal, porque normalmente en un 90% de los casos en los países democráticos los ciudadanos acatan -en líneas generales- el ordenamiento jurídico por su propia voluntad” explica el Comisionado.

De manera que el derecho penal está reservado para controlar a una minoría que -a pesar de que existe un orden jurídico- decide vivir al margen de ese orden y decide vulnerar algunas normas.

Mientras tanto, en las sociedades democráticas, el 90% ó más de los ciudadanos, es decir, la gran mayoría de la población, acata las normas básicas de convivencia en sociedad, de respeto por lo público y lo privado, paga sus impuestos a tiempo, resuelve de manera pacífica sus conflictos acudiendo a los tribunales de justicia, y no violan el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de integridad física, el derecho a la propiedad o cualquier otro derecho fundamental de sus semejantes. Pero eso desgraciadamente no es lo que sucede en Guatemala. En Guatemala hay demasiados crímenes, hay demasiada violencia.

De acuerdo con el Comisionado de CICIG, “como en Guatemala los tribunales no funcionan, la gente tiene la tradición de resolver sus conflictos por sus propios medios, sin acudir a las autoridades, sin denunciar a la policía, sin confiar en el Ministerio Público y sin recurrir a los tribunales. Y es en esas condiciones en las que el derecho penal adquiere protagonismo -que ojalá no tuviera- porque está llamado a luchar y a arbitrar conflictos que en otros lugares se solucionan por otros procedimientos. Así que el derecho penal aquí no es la última ratio, al contrario, es la primera, es la herramienta más necesaria y sin embargo, paradójicamente, es la más ausente. Hay una enorme actividad criminal, y hay una paupérrima respuesta institucional”.

Esa última ratio que aquí es la primera, es decir, esa herramienta que debería ser excepcional y que aquí es la más importante, está en manos de una sola persona, en una institución que debe ser independiente, imparcial, eficaz y estar al servicio de los ciudadanos: La Fiscalía General de la Nación.

“De manera que, en circunstancias en que la impunidad es la regla y la justicia es la excepción, se necesita que ese Fiscal General sea el mejor penalista de Guatemala para que haga una tarea que parece casi imposible, pero que se puede lograr: revertir la situación de injusticia sistemática y generalizada y traer justicia a las víctimas de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, de la delincuencia económica, de la delincuencia violenta que azota a este país, en otras palabras, el Fiscal General tiene la responsabilidad de traer justicia a un pueblo que la necesita y que la anhela” explica Castresana.

Este es el momento de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Es el momento para que incidan en ese cambio que la juventud exige. “Ustedes pueden ir uno por uno a sus facultades de derecho y hablar con sus decanos y decirles: nos gustaría que usted públicamente explique a quien va a apoyar y por qué. Nos gustaría estar seguros de que esta vez el decano de mi facultad de derecho y el de la de mis amigos y familiares, no va a permitir que pase alguien que no tenga una reconocida honorabilidad a esa lista de seis dentro de la cual el Presidente tiene que elegir al Fiscal General” fue este el mensaje final del Comisionado de la CICIG a los estudiantes.

ESTADÍSTICA DE IMPUNIDAD
Estadísticas del MP y del INACIF hablan de aproximadamente 6.450 asesinatos y 231 sentencias condenatorias, de las cuales 29 fueron por delitos culposos (accidentes de tráfico o imprudencias médicas). Entonces son 202 sentencias condenatorias por muertes violentas en el año, en contraste con más de 6.450 muertes violentas.