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Guatemala, noviembre 5 de 2010. Francisco Dall´Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), manifestó que los principales retos que deben asumir los ministerios públicos de Centroamérica son: la defensa de su independencia, la desarticulización de las bandas del crimen organizado y trabajar para quitar el dinero ilícito a estos grupos. El Comisionado disertó sobre este tema en el XXI Congreso Jurídico “Derecho y Control Social”, que fue organizado por el Colegio de Abogados de Guatemala. En ese evento también participaron los conferencistas, César Antonio Prieto Palma, abogado mexicano y Armando de la Torre, abogado guatemalteco.

“¿Por qué es necesaria la independencia del Ministerio Público?, porque el Fiscal General de la Republica es el encargado de diseñar y ejecutar la política de persecución penal en un país (…). Si este funcionario diseña esta política como corresponde, con un concepto claro de lo que es una respuesta a la criminalidad, deberá basar su trabajo y sus decisiones en un diagnóstico previo”, resaltó el jefe de la CICIG.

Agregó que lo anterior significa determinar cuáles son las actividades delictivas que causan mayor lesión a la sociedad, y a partir de allí diseñar una política, para priorizar, señalar y trabajar para alcanzar los objetivos. Por ello, resaltó que seleccionar a un Fiscal General es una gran responsabilidad para los encargados de designar a este funcionario, pero que la responsabilidad mayor la tendrá el Jefe del Ministerio Público, quien tiene que responder y actuar para combatir la criminalidad.

“Cuando se toman decisiones políticas, no le agradarán a todos; algunos querrán que se persiga los delitos callejeros, otros la criminalidad organizada y otros el hurto de ganado. Esto no debe afectar el trabajo del Fiscal General, y desde esta perspectiva la independencia del Ministerio Público tiene que ser defendida a capa y espada por el funcionario, lo cual significa que nadie puede entrometerse ni censurar sus decisiones; sin embargo, las mismas tienen que ser fundamentadas y que demuestren que éstas responden a un diagnóstico real de la criminalidad en el país”, aseveró el jefe de la CICIG.

Crimen organizado

El Comisionado Dall´Anese expresó que actualmente Centroamérica es afectada por el crimen organizado, situación que desde hace años las autoridades se negaban a aceptar por “temor” o “irresponsabilidad”, pero que hoy es una realidad.

“Tenemos al frente del Estado organizaciones con tanto poder, con una gran capacidad económica, de maniobra, corrupción y violencia que les permite hacer de todo; no reconocen fronteras, gobiernos ni estados y realizan sus actividades según lo decidan los capos del crimen organizado; sin importar las instituciones, los ciudadanos, los valores democráticos ni un Estado de Derecho”, enfatizó el Comisionado.

Hizo ver que ahora los países tienen como un competidor peligroso a estos grupos, quienes están ocupando los espacios en los cuales un Estado ha dejado de invertir y atender las necesidades sociales. “Ante la falta de servicios sociales, medicinas, puentes, carreteras o canchas deportivas aparece el crimen organizado y construye la iglesia, escuela, cancha deportiva, y provee el servicio de salud y le paga muy bien a los trabajadores”, aseveró.

Por ello, dijo que todos los sectores excluidos por los “estados irresponsables” están integrando las filas del crimen organizado, y ya no reconocen el poder legítimamente constituido sino el de los “poderes fácticos”.

El Comisionado comparó las estructuras del crimen organizado con grandes compañías, por la manera en que están organizadas. “Son empresas como cualquier otra porque tienen sus dueños, accionistas, directores, mandos medios, ejecutivos, encargados de marketing, de compra y distribución”, expuso.

Advirtió que este tipo de empresas están sustituyendo al Estado al reclutar a las personas y apoderarse de territorios completos, por lo cual el Comisionado dijo que los ministerios públicos tienen que afrontar este flagelo con responsabilidad y seriedad.

“Hay que ganarle al crimen organizado, recuperar los espacios perdidos y hacer quebrar a esas empresas ilícitas. Estos grupos pretenden apoderarse de las instituciones, municipios, curules del Congreso, de las sillas de los jueces y de los escritorios de los fiscales para trabajar con total tranquilidad”, aseveró.

Trabajo en conjunto

El Comisionado hizo ver que los ministerios públicos no son sólo los responsables para enfrentar al crimen organizado, porque el sistema de justicia es un motor que necesita de varias piezas para que funcione.

“El MP requiere de un Poder Legislativo, que le provea de las leyes que necesita para combatir este flagelo; de un Poder Ejecutivo que le asigne los suficientes recursos; de una Policía técnica que le suministre las pruebas y de una adecuada administración de justicia”, resaltó.

Reiteró que al MP se le debe proveer de un buen presupuesto para que tenga capacidad de maniobra para enfrentar a estos grupos criminales. “No es lo mismo investigar un homicidio, hurto o violación, que trabajar para determinar cómo hacer quebrar a una empresa ilícita”.

“Se requiere de un Ministerio Público que pueda enfrentar a los crímenes económicos, la corrupción, el blanqueo de capitales y los fraudes. Para ello se necesita de una política de persecución, que detecte en dónde están las operaciones, engaños y el lavado de dinero”, manifestó.

Por las razones expuestas, el jefe de la CICIG dijo que el gran reto comienza con un Fiscal General independiente, probo, con capacidad de diagnosticar la criminalidad y desempeñar una política de persecución penal.

Puntualizó que el mayor reto de una sociedad es dejar que la justicia siga el camino que le marca la Constitución y las leyes de un país sin que la política, los grupos y poderes mediáticos tengan injerencia en las decisiones de los ministerios públicos ni de los tribunales de justicia.