CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

COMUNICADO DE PRENSA 085

OCTAVO INFORME DE LABORES

Guatemala, noviembre 13 de 2015. Luego de una evaluación exhaustiva sobre sus capacidades la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) redefinió su Plan de Trabajo 2013-2015, con el fin de atender la coyuntura del país y para concentrar esfuerzos de esta Comisión hacia el espíritu de su mandato. Este plan de trabajo se trazó dos objetivos a largo plazo: contribuir a la disminución del índice de impunidad en Guatemala y fomentar la participación de la ciudadanía guatemalteca en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia.

Para cumplir con dichos objetivos se trazaron dos líneas estratégicas que definirían la ruta a seguir por la Comisión. La primera consiste en apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por estructuras criminales con vinculación a entidades o agentes del Estado que atentan contra los derechos de las personas en Guatemala o que tienen capacidad de generar impunidad por sí mismas, así como promover la desarticulación de éstas y la sanción de sus integrantes.

Para lograr cumplir con esta línea estratégica, la Comisión se comprometió en desarrollar cuatro productos:

  • Investigaciones de delitos cometidos presuntamente por estructuras criminales vinculadas a entidades o agentes del Estado que les permite capacidad operativa y/o impunidad.
  • Transferencia de capacidad operativa a las instituciones nacionales claves en investigación criminal.
  • Sistema de medición de la impunidad en Guatemala.
  • Informe analítico y de buenas prácticas para identificar estructuras criminales vinculadas a entidades o agentes del Estado que les permite capacidad operativa y/o impunidad.

La segunda línea estratégica de esta Comisión consiste en: fomentar la creación y/o reforma de mecanismos institucionales y políticas públicas necesarias para erradicar estructuras criminales con vinculación a entidades o agentes del Estado que atentan contra los derechos de las personas en Guatemala y prevenir su reaparición. Para ello, la Comisión se encuentra implementando tres productos:

  • Diagnóstico de obstáculos en el sistema nacional de justicia elaborado para permitir construir una agenda mínima de recomendaciones legales e institucionales.
  • Informes temáticos con sus respectivas recomendaciones de políticas públicas elaborados y difundidos.
  • Velar por la transparencia e idoneidad de los procesos de elección y selección de funcionarios a altos cargos del Estado por las Comisiones de Postulación.

Avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo
Investigaciones: En cumplimiento de su mandato, la CICIG ha desarrollado una serie de investigaciones sobre fenómenos de criminalidad compleja, por medio de las cuales se han identificado, procesado y desarticulado estructuras criminales que han revestido algunas características comunes: a) ser redes ocultas o clandestinas en su accionar, b) transitar de lo legal a lo ilegal y de lo formal a lo informal en su accionar, c) generar poder político para aprovechar recursos económicos del Estado, d) capacidad de generar impunidad para sus actividades. 

La CICIG desarrolló en el 2013 un proceso de consultas con actores políticos, institucionales y sociales del país con el objetivo de obtener información sobre la presencia y accionar de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Además se consultaron fuentes documentales para enriquecer dicho análisis. Estas dos fuentes se relacionaron con el conocimiento generado desde las investigaciones desarrolladas en los años anteriores, y a partir de este ejercicio se arribó a conclusiones conceptuales y operativas que permitieron identificar cinco fenómenos criminales contenidos en la actividad formal e informal ilegal de los CIACS, las cuales permitirían identificar y desarticular a estos grupos criminales.

Los cinco fenómenos criminales priorizados para la investigación:
(Se ilustra con fotografías e infografías de distintos medios nacionales de comunicación impresos con fines informativos).

CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

Red de falsificadores de pasaportes: El Ministerio Público -a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)- con el apoyo de la CICIG, inició una investigación para identificar, desarticular y judicializar una estructura criminal integrada por funcionarios de la Dirección General de Migración (DGM), del Registro Nacional de las Personas (RENAP), de la Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A, abogados y tramitadores (coyotes). Esta red facilitaba a ciudadanos de diferentes nacionalidades y a guatemaltecos la emisión de pasaportes con documentos irregulares, lo que les permitía ingresar, transitar y salir libremente del territorio guatemalteco sin llenar los requisitos de ley.

Corrupción en el Sistema Penitenciario: Se desarticuló una estructura  criminal dirigida por el privado de libertad Byron Lima Oliva, la cual operaba para otorgar beneficios de seguridad, comodidades o traslados a centros carcelarios de reclusos a cambio de pagos económicos.  Esta estructura funcionaba como un poder paralelo dentro del Sistema Penitenciario y colocaba en puestos claves de la institución a sus miembros, como fue el caso del exdirector del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo Liere. La organización  tenía a su vez la colaboración de particulares que hacían funciones de gestores e intermediarios para ejercer control e influencia en Presidios.

IGSS-PISA: El Seguro Social adjudicó la prestación del servicio de diálisis peritoneal a la empresa PISA que carecía de infraestructura real, de recurso humano y  que subcontrató a otra empresa para prestar los servicios. La junta directiva del Seguro Social designó una Junta de Licitación no idónea e inexperta y aprobó la adjudicación con lo cual defraudó al IGSS, lo cual se derivó a que existía un interés de funcionarios públicos para llegar a un arreglo con personas afines a la empresa PISA para que se le adjudicara el contrato valorado en más de Q116.227.035.

IGSS-Chiquimula: En junio de 2015 se capturó a cinco personas sindicadas de participar en un proceso irregular de adjudicación para remodelar un edificio para el funcionamiento del IGSS en Chiquimula. Los sindicados se asociaron para obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y compra directa de servicios contratados por el IGSS. Se presentó una solicitud de antejuicio (en trámite) contra el diputado Baudilio Hichos porque se logró establecer que por  intermedio de uno de los procesados, adelantó parte de las obras -que luego contrató el Seguro Social- y aportó el dinero para su ejecución, mismo que le fue devuelto, una vez que el IGSS le pagó a la empresa Negefi, S.A.

Negociantes de la salud: Se desarticuló una estructura conformada por particulares y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva y al resto se les otorgó medidas sustitutivas que no podrán ejecutarse hasta que la resolución quede firme. Continúan prófugos el médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Plazas fantasma en Congreso: Pedro Muadi solicitó y autorizó, en su calidad de presidente del Congreso de la República, durante el período 2013-2014, la contratación de al menos 30 personas entre guardias, parlamentarios, secretarias, técnicos operativos y asistentes administrativos con sueldos entre Q7,000.00 y Q 25,000.00. Cada una de estas personas aceptó firmar contrato laboral sin cumplir con las obligaciones estipuladas en el mismo, como acudir al Congreso a laborar. Asimismo, otorgaron su consentimiento para que Claudia María Bolaños Morales, secretaria de la empresa Productos, Servicios y Equipos S.A. (propiedad de Muadi), abriera una cuenta bancaria y tuviera el control de la misma, en la cual le sería depositado el salario percibido  por los contratados.

Antejuicio diputado Mario Israel Rivera: Se le señala de poseer cinco casas construidas de manera ostentosa en Escuintla, Santa Cruz del Quiché y la capital, las cuales están valoradas en el mercado a precios altos. También posee cinco vehículos de lujo y una cuenta bancaria de Q9.194,969.17. Se le imputan los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Antejuicio alcalde Edgar Arnoldo Medrano Ménendez: Durante los períodos que ha fungido como alcalde (1989-2015) le permitió estructurar toda una red de empresas mercantiles, sociedades mercantiles y oenegés (constituidas principalmente por familiares y personas afines a la familia Medrano) con el fin  de beneficiarlas con fondos públicos. En julio de 2015, la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI, con base en las denuncias de la IVE presentaron la solicitud de antejuicio en contra de Medrano Menéndez, por los delitos de asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero.

Caso Fraude en la Policía Nacional Civil: El 23 de junio de 2015 en operativos coordinados por la FECI y la CICIG, se capturó al exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de exjefes, exasesores y particulares, sindicados de defraudar el presupuesto de la institución. Esta estructura criminal operó en la PNC para desviar los fondos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas); contratación de obras y servicios para subestaciones (reparaciones, remozamientos, remodelaciones) las cuales fueron realizadas por personal de la PNC; y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de 12 millones de quetzales, adjudicado de forma fraudulenta. Se calcula que lo defraudado a la institución policial podría rebasar los 64 millones de quetzales.

Antejuicios diputados Luis Adolfo Chávez Pérez y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona: En junio de 2015, fueron denunciados por el entonces ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez Lara, por presiones que recibió de los diputados para que otorgara varios contratos del Fondo de Desarrollo Social (FODES) a empresas seleccionadas por ellos y que les permitiría recibir una millonaria cantidad de dinero para sus actividades del 2014, lo cual se expone en las conversaciones que fueron grabadas por el entonces ministro y que aportó para la investigación. Aunque se presume que los contratos no fueron adjudicados, los dos diputados pudieron haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Antejuicio diputado Mario Gerardo Yanes Guerra: Se le señala de pedir plazas bajo el reglón 029, al Ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez Lara; el diputado pretendía entregarle una lista con los nombres de las personas, quienes no llegarían a trabajar y ellos se “arreglarían” directamente con el diputado. Actualmente, los casos de antejuicio en contra de los tres diputados fueron asignados por la Corte Suprema de Justicia a un juez pesquisidor. Los diputados han interpuesto una serie de acciones para evitar que los jueces pesquisidores conozcan las solicitudes de antejuicio planteadas.

Caso Redes: Este caso se refiere a una gran actividad de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares. El centro de esta red sería César Augusto Medina Farfán, un personaje relacionados con muchas personas influyentes de alto nivel y descrito como “gestor con influencias”, quien a través de la intermediación ilegal de negocios, aparentemente lícitos, buscaba ventajas e impunidad por medio de operaciones de alto nivel con funcionarios como Gustavo Martínez, exsecretario privado del presidente de la Republica y Carlos Muñoz, exsuperintendente de la SAT, también sindicados en este caso.

 

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo:  Luego que se le retirara la inmunidad, el Juzgado Undécimo de Instancia Penal ligó a proceso y la envió a prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. Es investigada por el incremento de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como funcionaria pública y como docente.

Magistrado Erick Gustavo Santiago De León: Después del retiro de su inmunidad, el Juzgado Décimo de Instancia Penal lo ligó por el delito de cohecho pasivo por pretender cobrar una suma millonaria a cambio de una resolución favorable para una empresa que había sido sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil, cuando fungía como magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil. Santiago de León habría realizado el negocio con la intermediación de los particulares Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz, quienes se encuentran ligados a proceso por tráfico de influencias.

Jueza Carol Patricia Flores: Es señalada de haber adquirido un lujoso inmueble que sobrepasaría la capacidad adquisitiva de un juez de primera instancia y también de no haber  actualizado en la Contraloría General de Cuentas su Declaración Jurada Patrimonial en más de 15 años, faltando a esta obligación que le corresponde como funcionaria pública, y ocultando de esta manera su incremento patrimonial. Se presentó solicitud de antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco para retirarle la inmunidad e investigarla por los delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. El proceso de antejuicio continúa en trámite.

Diputado Gudy Rivera Estrada: La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó un antejuicio por los delitos de tráfico de influencias y/o cohecho activo contra el diputado Gudy Rivera Estrada después de analizar en conjunto con la CICIG la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre posibles presiones para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de resultar reelecta magistrada en Sala de Apelaciones. Por este caso fue capturado el abogado Vernon González, quien fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias y está pendiente de enfrentar juicio. La Corte de Constitucionalidad recientemente negó un amparo presentado por el diputado Rivera que buscaba detener el trámite del antejuicio, por lo tanto el proceso continúa.

Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling:  El caso de la jueza Sierra González de Stalling se vincula al caso denominado Bufete de la Impunidad, en el cual se presume que la juzgadora pudo haber llegado a acuerdos ilegales con al menos tres sindicados de la red de defraudación aduanera en el caso La Línea y a quienes habría beneficiado con medidas sustitutivas, cuando el caso fue presentado a los tribunales el 16 de abril de 2015. Por estos hechos la jueza fue enviada a prisión preventiva por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, por lo que la defensa impugnó la decisión del Juzgado Undécimo de Instancia Penal y le fue otorgada una fianza de Q200 mil para recobrar su libertad. La CICIG y el MP apelaron esta resolución.

Los anteriores hechos dieron como resultado una investigación denominada Bufete de la Impunidad que develó una estructura criminal sofisticada que integraba abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.

Juez José Luis Patán Piché: Se le vincula con el caso “redes”, pues habría otorgado un desistimiento a favor del exsuperintendente de la SAT, Carlos Muñoz, a cambio que éste último le otorgase dos plazas para sus familiares. La solicitud de antejuicio se realizó en julio de 2015, por el delito de cohecho pasivo, el mismo día que se presentó el caso Redes ante los tribunales de justicia. En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de la FECI y el expediente fue enviado a la Sala Cuarta Penal para desarrollar las acciones correspondientes.

Caso fiscal del Ministerio Público José Isabel Maldonado Castillo: Dentro de la  investigación en el caso conocido como Lavado y Política, el Ministerio Publico y la CICIG establecieron evidencia que implica al agente fiscal José Isabel Maldonado Castillo,  quien en el  2011,  desestimó –parcialmente-  una denuncia presentada por la IVE en contra de Francisco Edgar Morales Guerra (alias Chico Dólar), por lo que en agosto de 2015 se procedió a su detención y fue ligado a proceso por el delito de obstrucción de justicia.

 

CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN ADUANERA

Caso La Línea: Es complejo y amplio en su alcance, además de ser paradigmático por la forma en que operaron los CIACS dentro del Estado, pues utilizaron una serie de ventajas políticas -del más alto nivel- para diseñar una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria y generó ganancias millonarias para todos los socios en varias escalas, incluyendo a los entonces presidente y vicepresidente de la República, esto bajo un esquema complejo de recepción de pago de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos. La primera fase del caso es presentada el 16 de abril (estructura  intermedia) y la segunda fase el 21 de agosto del 2015, cuando se logra documentar la participación de los líderes de toda la estructura.

De esta manera, particulares con experiencia en el funcionamiento aduanal y en algunos casos de inteligencia, ejercían determinadas funciones para que la estructura funcionara sin complicaciones por medio del control de cargos operativos en la SAT (Intendencia de Aduanas, Recursos Humanos) y en cargos  directivos (superintendente). Interna y externamente los mandos medios controlaban que nadie alterara el esquema de trabajo y se rendía cuentas a miembros superiores.

 

FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO

Lavado y política: Se elaboró el informe temático sobre “El Financiamiento de la Política en Guatemala” como una herramienta para detectar los mecanismos irregulares que han utilizado algunos partidos políticos para realizar sus campañas electorales. Asimismo se presentó ante los tribunales el caso denominado  “lavado y política” que motivó la solicitud del retiro del antejuicio de los parlamentarios Manuel Barquín, Jaime Martínez  Lohayza y del entonces candidato vicepresidencial del partido Líder, Edgar Barquín. Los motivos que llevaron a solicitar el antejuicio se debieron a que existían suficientes elementos para determinar que los tres colaboraron con una red de lavado de dinero cuyo cabecilla principal era Francisco Edgar Morales Guerra y por lo cual, en su calidad de dirigentes del partido GANA, los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza recibieron financiamiento para su organización política a cambio de protección por parte de Edgar Barquín, quien ocupaba el cargo de presidente del Banco de Guatemala cuando ocurrieron los hechos. 

Antejuicio alcalde de Jutiapa: Derivado de la investigación del caso Lavado y Política, la CICIG y la FECI presentaron el 1 de septiembre de 2015 las solicitudes de antejuicio contra Basilio Cordero Cardona, alcalde de la Municipalidad de Jutiapa y de Wiliam Geovanny Duarte Guerra, entonces candidato a la Municipalidad de Santa Catarina Mita, del mismo Departamento. Además, se capturó al tesorero de la Municipalidad de Jutiapa  y a los particulares Miguel Esmerio González Rivas (exgobernador de Jutiapa) y a Geovanni Alejandro Zúñiga, sindicados de peculado por sustracción.  Las interceptaciones telefónicas y documentales llevan a la conclusión que Miguel Esmerio González Rivas, con la anuencia del alcalde de Jutiapa, Basilio Cordero Cardona y del candidato municipal Duarte Guerra presuntamente desviaron fondos de la Alcaldía aparentando una compra de material de construcción, la cual respaldaron con documentación falsa.

 

NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS

Antejuicio alcalde Puerto de San José: Derivado del caso denominado Kerkaporta, generado a raíz de la detención de Ramón Antonio Yañez Ochoa -ciudadano mexicano- líder de una red de narcotráfico, se logró vincular a Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde de la Municipalidad de Puerto de San José, Escuintla, a su esposa Marcos Odilia González García y a sus hermanos Israel González García y Jairo Antonio González García. La esposa y cuñados de Rizzo Morán fueron capturados  el 30 de julio de 2015 y ligados a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. El  30 de julio de 2015, la CICIG y la FECI presentaron una solicitud de antejuicio (en trámite) contra Jorge Alberto Rizzo Morán por su presunta vinculación con este caso.

 

La CICIG analizó un sexto fenómeno criminal que merecía investigación:

ESTRUCTURAS HOMICIDAS DE ALTO PODER

Estructura Criminal de Haroldo Mendoza Matta: En noviembre de 2014 se capturó diez miembros de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta, quien se dedicaba a cometer delitos de homicidios, desapariciones de personas, allanamientos, despojo de tierra, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes en los departamentos de Izabal y Petén. El Juzgado de Primero Mayor Riesgo A encontró pruebas suficientes para ligar proceso a los sindicados por los delitos de asociación ilícita, asesinato, allanamiento  con agravación especifica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro.

Caso periodistas Mazatenango: El 10 de marzo  de 2015, en Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, en el parque central frente a la Gobernación Departamental, fueron asesinados los periodistas Danilo Efraín Zapón López, corresponsal de Prensa Libre y Federico Benjamín Salazar Gerónimo de Radio Nuevo Mundo, y resultó herido el periodista Marvin Israel Túnchez Ayala. Por este caso fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva dos expolicías y tres particulares. Las investigaciones determinaron que los sindicados integran una estructura criminal dedicada al sicariato, limpieza social, robo de vehículos y tráfico de armas que operan en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez.

 

CASOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL MP

 

Desaparición forzada y/o posible asesinato de agentes DEIC: El 1 de marzo del 2012, desaparecieron los policías Benjamín Jiménez Martín, Byron Iván González, Breyner Orozco Fuentes y Juan Pablo Suhul Lapoyeu. La investigación reveló que los agentes habrían ingresado a la vivienda del presunto narcotraficante Danubio Esteban Matamoros Castillo (prófugo) con la intención de robar una cuantiosa suma de dinero. Con el apoyo técnico de la CICIG, la FECI presentó el 11 de marzo de 2015, más de 80 medios de prueba contra los expolicías César Augusto Castillo Recinos y Overne Filomeno Alfaro Martínez, sindicados de la desaparición forzada de los cuatro agentes de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC de Quetzaltenango. Por este caso fue condenado a 50 años el exsubdirector de la DEIC, Israel Miranda Ramírez.

Vargas Sosa: El 21 de enero de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo A condenó a 90 años de prisión a Byron Humberto Vargas Sosa, al hallarlo culpable del asesinato de las menores María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas, hecho ocurrido el 20 de abril de 2008. Este es el segundo debate contra el acusado, ya que en el primero (2011) su defensa logró que una Sala de Apelaciones anulara el fallo y ordenara el reenvío. En  casación dos de sus guardaespaldas, Esteban Bolvito Pérez y Mario Cojoc Quej (prófugo), fueron condenados a 75 años de cárcel en el 2012.

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

  • Capacitaciones dirigidas a funcionarios de la FECI.
  • Apoyo al Plan Ofensivo Integral contra el Delito de Extorsión.
  • Apoyo al fortalecimiento de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI).
  • La CICIG generó 21 propuestas de reformas o creación de leyes divididas en tres ejes: carreras profesionales, obstáculos en la investigación y persecución penal, y acceso de los pueblos indígenas a la justicia.

Informes temáticos elaborados por la CICIG:

  • Informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala.
  • Informe sobre trata de personas con fines de explotación sexual.
  • Informe sobre violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad.

Ver informe completo en versión pdf aquí

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