Guatemala, septiembre 24 de 2014. Recientemente el Comisionado Iván Velásquez Gómez disertó en el foro "El rol del poder judicial en la lucha contra la impunidad" sobre la independencia del poder judicial: ¿cómo mejorarla?, en el que resaltó la importancia de contar con jueces independientes e imparciales, así como en la necesidad de una reforma constitucional que establezca una carrera judicial seria para lograr una verdadera transformación del sistema judicial guatemalteco.

La actividad fue organizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), en la cual participaron representantes de otras organizaciones internacionales.

El Comisionado señaló que la independencia judicial se basa en un proceso riguroso, objetivo, transparente y público de elección de los profesionales del Derecho que serán seleccionados como miembros de la judicatura, y que de acuerdo con los principios básicos adoptados por el Séptimo Congreso de Naciones Unidas, las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales deben ser íntegras e idóneas.

"Todo método utilizado para la selección de personal judicial, garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos; en la selección de los jueces no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole de origen nacional o social", aseveró, citando dicho documento.

Recordó que el Consejo Económico Social de Naciones Unidas referente al fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial señala que un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente y ajena de presiones, amenazas o interferencias de cualquier índole.

"Un juez exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, fundamental para mantener la independencia judicial", manifestó.

El Comisionado indicó que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Carta Magna y a las leyes, y quienes atenten contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponerles las penas establecidas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

Recordó que a su llegada al país le pareció positivo la manera en que se integraban las comisiones de postulación para la elección de magistrados, ya que participaban diversas instituciones del sector justicia y del sector académico, lo cual se presumía que elegirían a los candidatos idóneos y capaces, basándose en la ley.

Sin embargo, dijo que en los actuales procesos se evidenció que este mecanismo no es funcional por la manera en que las instituciones participantes eligen a sus representantes para integrar las comisiones de postulación, ya que algunas se conforman según los intereses de cada sector.

Resaltó que pese a la veeduría ciudadana que ejercieron las organizaciones sociales y a las propuestas para mejorar los mecanismos de evaluación de candidatos, las postuladoras hicieron caso omiso. Entre ellas citó la Guía de buenas prácticas éticas y procedimentales para comisiones de postulación, presentada por la CICIG y el Instituto Nacional Demócrata, con aportes de la sociedad civil.

Por ello dijo que era necesaria una reforma constitucional para lograr una verdadera transformación en el sistema de justicia, que establezca una carrera judicial seria, que sea administrada por un órgano permanente, y en la cual se ingrese por los méritos de capacidad, idoneidad y honorabilidad. 

Entre otros, participaron en el evento: Mirte Postema de la Fundación para el Debido Proceso; Alejandro Solís, juez de Chile, el abogado Edgar Pérez del bufete jurídico de Derechos Humanos en Guatemala; Katie Gallagher, vicepresidenta de la FIDH; Luis Guillermo Pérez, representante ante la OEA de la FIDH; y Juan Francisco Soto, director de CALDH.