CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

Foro para superar la impunidad en Petén

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Guatemala, julio 12 de 2011. Inseguridad, violencia, narcotráfico, crimen organizado, impunidad y corrupción fueron los temas que trataron autoridades, representantes locales y el Comisionado de la CICIG en el foro: "Petén, ¿cuántos más? El camino para superar la impunidad", el cual se efectuó recientemente en ese departamento. El evento fue organizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Convergencia por los Derechos Humanos (CDH).

En la actividad participaron: Francisco Javier Dall'Anese Ruiz, jefe de la CICIG; Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República; Mario Fiandri, Obispo del Vicariato Apostólico de Petén; Rosa María Chan, directora de Fundación pro Petén, y Rudel Mauricio Álvarez, Gobernador de Petén. La moderadora del conversatorio fue la periodista Marielos Monzón.

"El problema es que en el país hay una baja recaudación fiscal que le impide a cualquier gobierno tener una buena Policía y oportunidades de vida y de desarrollo humano, y mientras no se corrija esta situación la inseguridad continuará en este departamento".

Francisco Javier Dall'Anese Ruiz
Jefe de la CICIG

Alberto Brunori, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, manifestó que el propósito de la actividad era crear un espacio de diálogo y reflexión a efecto de buscar una respuesta de atención y solidaridad para los habitantes de Petén por los problemas de violencia que están viviendo.

"Entre las causas estructurales del deterioro de la inseguridad está la posición geográfica de Petén, que se ha convertido en una zona de tráfico de drogas, armas, migrantes y trata de personas; la falta de certeza jurídica ha propiciado un proceso de concentración de la tierra que permite la operación de grandes fincas ganaderas que han tenido un impacto devastador en el ecosistema y han sido utilizadas para el lavado de dinero", explicó.

Agregó que las comunidades han quedado en medio de esta situación que las hace vulnerables ante los hechos de violencia que se han registrado en ese departamento: "Se han recibido denuncias sobre estrategias para despojar a los campesinos de sus tierras, así como amenazas y coacciones para que trabajen en las fincas ganaderas".

Violencia, narcotráfico y crimen organizado
El conversatorio fue iniciado por Rosa María Chan, directora de Fundación pro Petén, quien expuso que se ha convertido en un departamento vulnerable a las operaciones del narcotráfico y del crimen organizado por su ubicación cerca a la frontera norte con México.

"Este departamento tiene una debilidad institucional en el tema de justicia, en la protección de las áreas protegidas y en la participación de la sociedad civil, que muchas veces por temor no toma este espacio; por estas razones se debe fortalecer estas áreas para que Petén salga de la crisis en que se encuentra", comentó.

Mario Fiandri, Obispo del Vicariato Apostólico de Petén, expresó que para superar la situación de violencia en ese lugar se debe combatir a las raíces estructurales como la ilegalidad, la impunidad, la corrupción, la politiquería, el crimen organizado y el narcotráfico.

"La violencia enraizada en nuestro pueblo es el problema real que hay que enfrentar, buscando soluciones de fondo y permanentes por la vía del diálogo constructivo y la participación ciudadana; y no por soluciones reactivas o populistas. La respuesta debe ser de parte de todos los sectores, no sólo del Estado o de la Iglesia", enfatizó.

Rudel Mauricio Álvarez, Gobernador de Petén, expresó que por la expansión del narcotráfico en ese departamento era previsible el aumento de la violencia, y prueba de ello fue el asesinato de los 27 campesinos el 15 de mayo del presente año.

"Se incrementaron los secuestros, extorsiones y las operaciones de los grupos del narcotráfico y del crimen organizado que no sólo operaban en los municipios de Petén, sino en zonas urbanas. El narcotráfico tiene un poder de corromper a las personas y muchas de estas situaciones eran toleradas por la misma autoridad, por lo cual hubo rotaciones de agentes de la Policía Nacional Civil", expresó.

En su intervención Claudia Paz y Paz, Fiscal General, expuso que por las debilidades estructurales Petén se ha convertido en un lugar propicio para el tráfico de drogas, armas, personas y especies protegidas. "Petén es una zona de trasiego de droga que proviene de Colombia, pasa por los países centroamericanos y llega a este departamento con rumbo hacia Estados Unidos".

Agregó, que por la lucha contra el narcotráfico en México y el estado de sitio en Alta Verapaz se podría haber trasladado las operaciones del narcotráfico a Petén, por lo cual aumentó la violencia en ese departamento en los últimos meses y que como ejemplo de esa situación ocurrió la masacre de los 27 campesinos.

A consideración del Comisionado Dall´Anese, Petén es una región abandonada que ha quedado a merced del crimen organizado, que ha aprovechado los espacios cedidos por el Estado al no invertir en el desarrollo humano de ese departamento.

"El problema es que en el país hay una baja recaudación fiscal que le impide a cualquier gobierno tener una buena Policía y oportunidades de vida y de desarrollo humano, y mientras no se corrija esta situación la inseguridad continuará en este departamento", aseveró.

A su criterio se debe desarrollar una política de "persecución agresiva", pero dijo que sin dinero no se puede hacer nada, más aún cuando las instituciones de justicia han anunciado que para el mes de octubre ya no tendrán recursos para continuar funcionando.

Manifestó que ahora la principal preocupación que deben tener las autoridades es que no ocurran más crímenes ni más delitos en ese departamento, porque la seguridad es un derecho que tienen todos los habitantes del planeta.

Soluciones
"Se debe investigar y llevar a la justicia a los responsables sin importar sin son personas particulares o funcionarios nacionales o extranjeros, porque en la medida en que se cumpla con esta función se está enviando un mensaje: que la vida tiene valor y quien trasgrede este derecho tendrá un castigo en el marco de la legalidad", expuso la Fiscal General.

Sin embargo, dijo, que por la falta de presupuesto que enfrenta el MP es difícil combatir el crimen organizado y el narcotráfico. "La lección que aprendimos de la masacre de los 27 campesinos es que se tienen que redoblar los esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Gobernación, autoridades de México y Centroamérica por ser un problema regional.

"Si no fortalecemos los lazos de cooperación entre la Procuraduría General de México y el resto de fiscalías centroamericanas y fuerzas de seguridad sólo vamos a reaccionar cuando sucedan este tipo de hechos, sin lograr prevenirlas", advirtió la Fiscal Paz y Paz.

A criterio del Comisionado, se requiere una planificación política que permita a cada ciudadano ejercer libremente todos sus derechos y vivir de manera tranquila y sin temor a ser víctima de algún hecho delictivo. "Se debe trabajar para eliminar la pobreza, crear oportunidades de desarrollo humano, fortalecer a las fuerzas de seguridad y así evitar que las personas se integren a los grupos del crimen organizado y provoquen zozobra en los ciudadanos", comentó.

Consideró que los estados de sitio, como actualmente está Petén, son medidas transitorias y no una forma permanente de vivir de los habitantes de un país, porque "nadie tiene que tener la casa como que fuera una cárcel para que los delincuentes operen impunemente".

Prevención del delito
Para monseñor Fiandri, si las autoridades trabajaran en prevenir los delitos se ahorrarían más dinero y las personas vivirían en un clima de seguridad: "Hay que invertir en educación por el bien común del país; una juventud que se educa y que tiene oportunidades tendrá menos posibilidades de caer en la delincuencia, el narcotráfico o la corrupción.

El gobernador Álvarez manifestó que en el 2009 hubo 482 muertes violentas que se redujeron a 385 en el 2010, con el apoyo de las fuerzas de seguridad e instituciones de justicia. Por ello dijo que después de que finalice el estado de sitio en Petén trabajarán para que funcione la Comisión de Seguridad porque gracias a la coordinación interinstitucional han tenido resultados positivos en el combate de los grupos criminales.

"En cuanto a la impunidad hay entidades encargadas de combatir ese flagelo, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en la prevención de los delitos y en coordinación con el MP para que secuestradores, extorsionadores o integrantes de las bandas organizadas paguen sus delitos", aseguró.

Narcotráfico en áreas protegidas
En relación al tema sobre la usurpación de fincas en áreas protegidas por parte del narcotráfico, Rosa María Chan, directora de Fundación pro Petén, manifestó que se debe aplicar la ley para desalojar a los supuestos ganaderos que tienen grandes extensiones de tierra en esos lugares, situación que afecta el eco- sistema.

"La mayoría de las fincas no tienen ganado ni pasto, y son utilizadas por los narcotraficantes, por lo cual en estos casos debe aplicarse la ley de manera severa; pero se tiene que diferenciar con las comunidades que habitan en algunas de éstas áreas porque por la pobreza llegan a vivir allí sin saber que son zonas protegidas", agregó Chan.

El gobernador Álvarez explicó que a través de una política de seguridad ambiental se ha logrado recuperar 118 mil hectáreas de áreas usurpadas por el crimen organizado. "Se ha tenido que ir directamente a las fincas para que sean desalojadas, y seguiremos en esa línea porque es nuestra obligación recuperar las áreas usurpadas por los narco-finqueros que lamentablemente se aprovechan de las necesidades de las personas para que trabajen con ellos", expresó.

Conclusiones
A criterio de la Fiscal Paz y Paz, la infiltración del narcotráfico y crimen organizado en el Estado se debe a dos situaciones: la capacidad que tienen de provocar violencia y temor en los funcionarios de justicia así como en la ciudadanía en general, y por la compra de voluntades en las instituciones gubernamentales.

"El sistema de justicia y seguridad están infiltrados, por lo que como funcionarios judiciales debemos generar las condiciones para lograr depurar a las instituciones del Estado e identificar a los funcionarios que han pasado a integrar a estas estructuras criminales", enfatizó.

A consideración del Comisionado, para que se reduzcan los niveles de impunidad en Guatemala se requiere de un Organismo Judicial independiente y que acepte la crítica porque no se puede permitir que se prohíba a la sociedad civil opinar sobre las resoluciones de los jueces, tal como recientemente lo manifestaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una publicación en los medios de comunicación.

"La impunidad comienza cuando los jueces se quieren amparar con este tipo de prohibiciones, lo cual significa que la sociedad no tiene posibilidad de fiscalizar a los operadores de justicia cuando cometen corrupción o fallan contrario a lo que establecen las leyes. Los juicios son públicos para que cualquier ciudadano llegue a observar cómo actúan los jueces y puedan criticar el trabajo que están realizando sobre determinado caso", aseveró.

Para el jefe de la CICIG se requiere de una reforma judicial para que existan jueces distantes de la política y de los poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de que no respondan a intereses políticos ni económicos sino a lo que establece la Constitución de la República guatemalteca.

Los panelistas concluyeron que para que tenga éxito la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado es necesario fortalecer a las instituciones de justicia y buscar el intercambio de información regional que permita la desarticulación de estos grupos criminales.


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