CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 052 Guatemala, mayo 15 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 050 Guatemala, mayo 04 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 049 Guatemala, may 03 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

Comisión antimafias de Naciones Unidas sacude Guatemala

Por FRANK BAJAK y JUAN CARLOS LLORCA
The Associated Press

Pese a que la tasa de homicidios triplica la de México y jueces y fiscales mal pagados viven desprotegidos ante el crimen organizado, un equipo investigativo apoyado por la ONU para combatir la impunidad encontró en Guatemala una rígida resistencia de empresarios y políticos para investigar a criminales.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) investiga desde hace tres años organizaciones criminales cuyas actividades gozan de impunidad en los organismos de justicia, muchos de los cuales fueron fundados durante las dictaduras militares de las décadas pasadas.

Entre los encausados por la CICIG están el ex presidente Alfonso Portillo por corrupción, el hijo del ex dictador Efraín Ríos Montt, un ex ministro de la defensa, dos ex ministros de Gobernación, un director de prisiones, tres directores de la policía y dos zares antidrogas.

La comisión, integrada por policías e investigadores de unos 25 países, mandó tras las rejas a un nutrido grupo de ex funcionarios, todo un hito en un país donde la elite se había asegurado que la aplicación de la ley fuera selectiva y laxa.

Eduardo Stein, vicepresidente entre 2004 y 2008 y conocido por su labor como enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) a crisis en todo el continente y dirigir la comisión de la verdad en Honduras, ha acusado a la comisión de “estar fuera de control” luego que ésta acuso de ejecución extrajudicial a los máximos funcionarios de seguridad pública del gobierno que del que él fue segundo al mando.

Stein y algunos empresarios han sugerido que la comisión debería tener supervisión política. El director de la comisión, el ex fiscal general de Costa Rica Francisco Dall’Anese ha rechazado esa idea, que considera parte de una “campaña oscura de grupos poderosos” que buscan disolver la CICIG.

En su trabajo, la comisión “está tocando a personas que nunca se pensó que tocaría” , dijo Pedro Pablo Marroquín, director del Diario La Hora. “Y el problema es que vivimos en un país donde hay gente que es intocable”.

Además de las acusaciones contra funcionarios, hay condenas -rápidas y firmes- contra asesinos, secuestradores y personas vinculadas al narcotráfico, entre estos algunos miembros del temido grupo de origen mexicano conocido como los “Zetas”.

“Todos los casos que hemos llevado a juicio, todos han sido sentencias condenatorias contra todos los acusados. (Eso) es un terremoto para un país como Guatemala”, dijo el ex titular de la CICIG Carlos Castresana.

Durante el periodo que este ex juez español dirigió la comisión, se destituyó a unos 1.700 policías, un puñado de fiscales renunciaron y seis jueces fueron destituidos a sugerencia de éste.

El caso más sonado fue el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de morir grabó un vídeo acusando al presidente de su asesinato. La CICIG, con métodos de investigación científica, demostró que Rosenberg había ordenado su propio asesinato a una banda de sicarios contratada por sus primos, quienes creían que los asesinos librarían a Rosenberg de un supuesto extorsionista.

Los motivos de por qué Rosenberg querría inculpar al presidente continúan siendo motivo de intensas especulaciones e investigación criminal. La comisión usó métodos que en otros países son comunes como testigos protegidos, colaboradores eficaces  (delatores a cambio de reducción de condena) y escuchas telefónicas aprobadas por juez, pero que en Guatemala resultaban innovadores.

La comisión espera que un día el aparato de justicia de Guatemala pueda lograr esas investigaciones por sí solo. El presupuesto anual de la CICIG es de unos 20 millones de dólares, proveído por Estados Unidos, España, los Países Bajos y los nórdicos. De momento se quedarán al menos dos años más a petición del presidente Avaro Colom.

La oposición de líderes empresariales a la CICIG surgió luego que ésta pidiera la captura en España de Carlos Vielmann, ex presidente de la Cámara de industria, empresario y ex ministro de Interior. Se le acusa de ordenar la ejecución extrajudicial de siete reos el 25 de septiembre de 2006 durante un operativo en que unos 3 mil policías y soldados tomaron control de la cárcel más grande del país. Por ese caso también está preso el ex director de presidios Alejandro Giammattei.

Permanecen prófugos el ex director de la policía Erwin Sperisen y el ex subdirector de la policía Javier Figueroa. Investigadores, quienes no dieron su nombre debido a la carga política que tiene el caso, aseguraron a la  AP  que Vielmann y Giammattei fueron vistos en Pavón luego que los reos fueron detenidos, desnudados y llevados al lugar donde fueron ejecutados.

Una vez muertos, dijo uno de los investigadores, quienes les mataron los vistieron con ropa que no tenía agujeros de bala y les colocaron armas, que no funcionaban. Las fotos que obran en el expediente del caso fueron obtenidas por  AP  y también fueron mostradas a embajadores en Guatemala.

En ellas aparecen Vielmann y Sperisen dentro de la prisión, así como Luis Alfonso Zepeda antes de morir, usando una camisa café y sin un zapato y, luego, otra imagen le muestra ya muerto con una camisa azul y con los dos zapatos.

Otra muestra al reo Jorge Eduardo Batres muerto en su cuarto con objetos desparramados debajo del cuerpo, indicando que el cadáver fue colocado en después de que el cuarto fue registrado. Los fiscales consideran ese elemento como una contradicción con la afirmación de Vielmann de que el día del operativo Batrés murió en un enfrentamiento armado mientras se resistía a su captura.

“Presentan fotos, pero no se sabe de cuándo. Algunas sí se puede decir, porque salieron en la prensa, pero de las demás en ninguna se puede determinar con certeza la fecha y hora en que fueron tomadas”, dijo el abogado defensor Francisco Palomo al cuestionar el valor probatorio de las fotos.

Una jueza rechazó darle valor a dichas fotos para reinstalar la acusación de ejecución extrajudicial a Giammattei quien ahora solo enfrenta cargos por asociaciones ilícitas y podría salir libre con fianza si es hallado culpable.  La misma lógica podría aplicar a Vielmann de ser extraditado.

Colom ha propuesto que Vielmann sea juzgado en España. “Es un caso paradigmático, complicado, políticamente complicado”, argumentó a la  AP .

También es un caso que pone a prueba las vulnerabilidades del frágil sistema de justicia de Guatemala, como el programa de protección a testigos, jueces y fiscales.

Más de cinco fiscales han sido asesinados durante el último año, de acuerdo con el jefe de la unidad contra el crimen organizado Ronny López. Él mismo y su esposa sobrevivieron a atentados separados, pero uno de los guardaespaldas de su mujer murió, dijo.

El presupuesto anual para el programa de protección es de 700 mil dólares anuales. El gobierno también dejó de financiar casas especiales para los testigos.

“Nos tomó dos años tener el programa de protección a testigos y en el momento que dejamos de presionar”, el gobierno los manda “a los mismos viejos, asquerosos hoteles en una zona donde las mafias los cazan como a conejos”, dijo Castresana.

Dos testigos en casos importantes fueron recientemente asesinados, dijo Dall’Anese, quien rehusó identificar los casos u ofrecer otros detalles “porque no quiero arriesgar a otros testigos”. Atraer fiscales capaces y honestos también es un desafío. No hay detectives propios y los de la policía no son de fiar. Los que realizan el trabajo investigativo ganan menos de mil dólares al mes.

Otro obstáculo para la comisión: algunos de los políticos que promovieron su creación se volvieron sus presas. Uno es Francisco Jiménez, un ex ministro de Gobernación acusado de licitaciones fraudulentas para contratar la emisión de de nuevas identificaciones oficiales en el país.

“Somos como la sala de emergencias en donde el doctor interviene en casos extremos, pero eso no puede resolver los problemas profundamente arraigados” , comentó Castresana.

Dall’Anese es menos agresivo que su predecesor. Pero él puso a dos ex presidentes costarricenses en prisión por corrupción y promete ser igual de tenaz en Guatemala.

Durante una conferencia en Panamá el 26 de octubre, aseguró que quien intente parar el trabajo de la comisión podría lamentarlo ya que “somos como un tractor, que carga con todo lo que encuentra en su camino”

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