COMUNICADO 006

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) permanecerá en el país por un período de dos años más, luego de que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, confirmara la prórroga al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, a través de un intercambio de cartas entre ambas partes.

El mandatario Pérez Molina solicitó a la ONU la extensión del mandato el 30 de noviembre de 2012 por medio de una carta enviada al Secretario General, quien el pasado 15 de enero respondió: “Deseo confirmar que el contenido de la citada misiva es aceptable para la Organización de las Naciones Unidas, y que, por lo tanto, dicha carta y esta respuesta serán consideradas como constitutivas de un Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para la extensión del mismo, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por un período adicional de dos años más”, expresó Ban Ki-moon.

Lo anterior significa que el cuarto período de la CICIG iniciará el 4 de septiembre de 2013 y finalizará el 3 de septiembre del 2015. El respaldo del gobierno guatemalteco al trabajo de la Comisión también se manifestó cuando una delegación encabezada por la vicepresidenta Roxana Baldetti viajó a Nueva York en septiembre de 2012 y solicitó el apoyo a los representantes de los países donantes para que el mandato de la CICIG se extendiera hasta el 2015. En esa ocasión, la Vicepresidenta destacó la importancia de la ayuda que la Comisión ha dado al país en la lucha contra la impunidad.

El presidente Otto Pérez Molina manifestó su satisfacción con la labor realizada por la Comisión; al mismo tiempo resaltó el trabajo hecho por la vicepresidenta Roxana Baldetti para lograr la ampliación del mandato de la CICIG. Recordó también que en la Asamblea General de la ONU el año pasado, reiteró la solicitud de ampliación del mandato.

El Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007, y entró en vigencia el 4 de septiembre de ese año para apoyar a las autoridades guatemaltecas a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

CARTA SECRETARIO GENERAL