ARTÍCULO 003 | Foto: CICIG.
El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó en el foro “Desafíos para implementar el nuevo modelo de Carrera Judicial en Guatemala” organizado por la asociación Impunity Watch, en el cual compartió algunas reflexiones sobre la importancia de dicha carrera y la independencia judicial.
El Comisionado Velásquez destacó que ha existido una cierta contradicción referente a la Carrera Judicial como actualmente está vigente, porque en la elección de jueces muchas veces no se toma en cuenta la trayectoria técnica, sino que prevalecen los criterios políticos.
Agregó que en Guatemala ha sido evidente que hay una gran incidencia de los partidos políticos para nombrar a los magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, pese a la pretensión de las comisiones de postulación de ser un filtro con los criterios del artículo113 constitucional, que señala que la selección de candidatos tiene que basarse en la idoneidad, capacidad y honradez.
Autonomía
En relación al Consejo de la Carrera Judicial, el Comisionado Velásquez, resaltó que tiene que existir independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia. “Es indispensable que ese Consejo asuma su papel, entendiéndose como un poder administrativo dentro del Poder Judicial, y eso supone actuar de acuerdo al mandato que se le ha conferido, con independencia de la Corte Suprema de Justicia”.
“Sin embargo, estamos en un sistema en el que todavía la Corte Suprema de Justicia conserva poder e incidencia respecto a los magistrados de la Corte de Apelaciones y jueces de Primera Instancia y de Paz, quienes en su mayoría son los que integran el Consejo de la Carrera Judicial”, aseveró.
Por ello afirmó que sería muy importante la autonomía financiera del Consejo de la Carrera Judicial para asegurar su independencia y el adecuado funcionamiento.
El jefe de la CICIG señaló que también son importantes la estabilidad en el cargo y un régimen disciplinario para la independencia judicial. “Se contempló en el proyecto de reforma constitucional la eliminación de períodos para jueces y magistrados, y que fuera sólo limitado por la edad de retiro forzoso, ya que esto restaba autonomía al juez”.
“Hay una afirmación general que la independencia judicial no puede ser sinónimo de impunidad, que es indispensable la existencia de un régimen disciplinario respetuoso del debido proceso que permita también evaluar desde ese aspecto la posibilidad de exclusión o sanción respecto algunos funcionarios”, expresó.
El Comisionado Velásquez destacó la importancia de la ciudadanía de velar no sólo por la actividad independiente de los jueces sino “rechazar la utilización perversa de mecanismos de control que no tienen la finalidad de establecer la disciplina adecuadamente, sino la capacidad de incidir desviadamente para afectar la independencia de jueces y magistrados”.
Afirmó que la independencia judicial tiene que ser un derecho ciudadano, el cual permite la fiscalización ciudadana, de la crítica, de la función jurisdiccional cuando se estime desviada, y es un derecho para ejercer esa auditoría social.
“Solo la judicatura podrá rescatar en situaciones de crisis el Estado de Derecho, sólo la judicatura podrá permitir la preservación de las garantías, y por eso hemos apostado siempre por la independencia del Poder Judicial, y también asumir con toda responsabilidad esa independencia que tanto reclamamos”, puntualizó el Comisionado.
En el evento además participaron Liliana Valiña, representante de OACNUDH; Patricia Gámez, jueza de Primera Instancia Penal, Jary Méndez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, y Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura.