COMUNICADO 072 | Foto: La Red.
En operativos conjuntos coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ejecutaron 48 órdenes de allanamiento, 22 órdenes de captura y 10 citaciones solicitadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.
Las capturas ejecutadas hasta el momento son de las siguientes personas:
- Jorge Rolando Barrientos Pellecer (exalcalde).
- Rossana Schoenfeld Gramajo De Barrientos (familiar de Barrientos).
- Maximiliano Ingemar De León Argueta (funcionario de municipalidad).
- Carlos Daniel Illescas López (funcionario de municipalidad).
- María Elisa López Ixtabalán (exgobernadora de Quetzaltenango).
- Carlos Roberto Pereira Gálvez (funcionario de municipalidad).
- Willy Rolando Vásquez De León (empresario).
- Carmen María Barrientos Salguero (familiar de Barrientos).
- René Arturo Morales Rosal (allegado de Barrientos).
- Ana Gabriela Barrientos Salguero (familiar de Barrientos).
- Julio César SajGüinac (empresario).
- Luis Alberto Menchú Maldonado (empresario).
- Mario César Pacay García (funcionario de municipalidad).
- Vivian Carolina Jacobs Rodríguez (allegada de Barrientos).
- Celso Sarceño González (empresario).
- Werner Gudiel Domínguez Sánchez (empresario).
Entre los delitos que se sindica a las personas capturadas están: asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, malversación y abuso de autoridad.
El caso
En la investigación conjunta de la Sede de CICIG en Quetzaltenango y la FECI se evidenció la existencia de una estructura criminal organizada, integrada por funcionarios municipales (alcalde y miembros del Consejo municipal y el jefe de la oficina de planeación); empresarios y otros particulares que actuaban de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta al menos 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales llegaban al 40% del valor del contrato.
En el 2004, Jorge Rolando Barrientos Pellecer ganó las elecciones como alcalde de la Municipalidad de Quetzaltenango y fue reelecto por los períodos 2008-2012 y 2012-2016. Para llevar a cabo los supuestos actos de corrupción en el manejo de obra pública, Barrientos Pellecer desarrolló una estrategia que implicó la generación de una estructura conformada por distintos concejales y síndicos, así como personas particulares, quienes pertenecían a su círculo más cercano. Este grupo era referido por distintas fuentes como “el grupo de amigos del alcalde”.
Los funcionarios integrantes de dicha estructura ocupaban puestos estratégicos en comisiones clave o de interés como la Comisión de Infraestructura; Comisión de Empresa Municipal de Agua; Comisión de Recepción de Obras; Comisión de Electrificación y Comisión de Finanzas entre otras, ocupando algunos de ellos, las presidencias de dichas instancias. En estas delegaciones se aseguraba que ciertos empresarios -con los que previamente se habían acordado sobornos- fueran los beneficiados con los contratos municipales.
El constructor Palomo Leppe, principal adjudicatario de las obras, ocultaba su participación en las ofertas de obra pública a través de 12 empresas (dos creadas por él mediante otras personas, y 10 que respondían a otras constructoras), las que participaban como licitadores aparentes, y que prestaban su documentación en las licitaciones a cambio de un 10% del valor del contrato.
La ejecución de la obra era realizada por el constructor Palomo Leppe, mientras los supuestos adjudicatarios les trasladaban el 90% del valor de la misma a través de cheques a sus trabajadores o proveedores.
A su vez, los funcionarios municipales se repartían entre un 20 y un 30% de la obra. Como mediadores entre la estructura y el constructor se encontraba uno de los concejales, Carlos Daniel Illescas López, y la exgobernadora de Quetzaltenango, madre del concejal, María Elisa López Ixtabalán. El dinero se entregaba a los funcionarios en efectivo, a través de pagos de deudas, entregas de automóviles y sumas en efectivo, entre otros.
Durante la investigación se constató la existencia de cheques para los trabajadores del empresario y colaborador eficaz Palomo Leppe, lo cual fue corroborado en sus declaraciones, que junto con el análisis de los procesos de licitación son elementos de prueba del fraude en el otorgamiento de los contratos.
Igualmente el análisis financiero, la identificación de bienes, inversiones, pagos en efectivo y documentación ante la Contraloría General de Cuentas comprueban las acciones de ocultamiento de bienes y dinero obtenido ilícitamente, en las que también participaron familiares de los principales sindicados.
Oficina de CICIG en Xela
Cabe destacar que este es el segundo caso de corrupción a gran escala que se presenta por la FECI y la Oficina de CICIG en Xela. La región Occidente se ubica entre las más pobres y desiguales de Guatemala (PNUD, 2017) y es foco de gran cantidad de movimientos migratorios hacia Estados Unidos.
En octubre de 2016 se abrió la Oficina de CICIG en Quetzaltenango, gracias al apoyo de los Estados Unidos, la principal fuente de cooperación para las operaciones de dicha sede.
El trabajo en contra de la corrupción e impunidad se expande a todo el territorio nacional de Guatemala, gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y la CICIG.
PRESENTACIÓN
Corrupción Xela_low