Jefe de CICIG conversa en El Colombiano

Jefe de CICIG conversa en El Colombiano

NOTICIA 96


El periodista Santiago Cárdenas del periódico El Colombiano, Colombia entrevistó al Comisionado Iván Velásquez, quien se refirió sobre la semejanza entre la corrupción en Colombia y Guatemala. (Se publica con fines informativos).

Hay mucha semejanza entre la corrupción en Colombia y Guatemala: Iván Velásquez

Criticado por algunos y elogiado por otros, el jurista antioqueño Iván Velásquez Gómez es una estrella hoy por hoy en Guatemala. Direccionando las investigaciones de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), destapó uno de los mayores escándalos de los últimos años en Guatemala, el caso de La Línea, una red de corrupción dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios y que precipitó la caída del presidente de ese país, Otto Pérez Molina, obligándolo a renunciar a su cargo.

En el marco del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez, la periodista Alejandra Gutiérrez directora de Plaza Pública, contó como en Guatemala esta Comisión hizo las revelaciones y como la mirada de la ciudadanía en ese país está puesta en el sistema de justicia, luego del trabajo que hizo Velásquez en la Cicig.

Velásquez, también conocido como el magistrado estrella” del escándalo de la “parapolítica” en Colombia, asegura que “existe prueba sólida y contundente que dará lugar a una sentencia de condena” contra Pérez Molina. Además habló de Colombia afirmando que “falta más independencia de los órganos de investigación y una mayor decisión y compromiso para adelantar investigaciones profundas, serias y objetivas” en el país.

¿Cómo fue liderar esa investigación que costó la renuncia del presidente Pérez?

“Como investigador, es obvio que cada resultado positivo, cada éxito investigativo produce satisfacción. Entiendo que cada golpe a la corrupción, mucho más cuando se produce en las altas esferas del poder, significa un avance del país en la construcción del Estado Democrático de Derecho y tiene que repercutir en el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de sus habitantes. Sin embargo, no deja de ser lamentable que personas elegidas por el pueblo para que asuman las máximas responsabilidades del Estado, traicionen de semejante manera la confianza pública”.

¿Es posible desmantelar una estructura como La Línea sin un organismo internacional como Cicig?

“Una de las razones que justifican la existencia de una comisión como la CICIG es su capacidad de adelantar investigaciones serias, profundas, objetivas y, sobre todo, independientes. Afectar los poderes fácticos que pretenden cooptar al Estado, enfrentar la criminalidad de cuello blanco en un país en el que la independencia judicial siempre ha estado en entredicho, considero que difícilmente lo habría podido hacer sola la Fiscalía General de la República. Una ventaja adicional de la CICIG es que puede servir de una especie de pararrayos que impide o neutraliza las presiones que importantes actores nacionales y el propio crimen organizado pretenden ejercer sobre los organismos nacionales de justicia”.

¿Está satisfecho con los resultados de la investigación? ¿Qué falta por hacer?

“Naturalmente estoy satisfecho, pero es mucho lo que aún falta por hacer en Guatemala. La corrupción existente en el país no es ocasionada sólo por el gobierno que asumió el 14 de enero del 2012, sino que se trata de un fenómeno estructural -como ocurre en tantos países de nuestra América Latina- con incidencia en todas las esferas del Estado pero también en la sociedad. Por fortuna, esa “normalización” de un estado de cosas corrupto se ha venido transformando especialmente a partir de las manifestaciones ciudadanas iniciadas el 25 de abril, reacción espontánea del pueblo contra la corrupción que espero se profundice. Mucho que hacer en materia investigativa, pero también bastante que hacer en la tarea de reconstrucción nacional y de la formación de una nueva ciudadanía participativa, responsable, vigilante y reclamante”.

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¿Se puede comparar la corrupción de Guatemala con la de Colombia o aquí estamos peor? ¿Qué ha aprendido del funcionamiento de estas estructuras de corrupción en Guatemala y en qué se diferencian a las que existen en Colombia?

“Encuentro mucha semejanza en la situación de los dos países. Tanto en Guatemala como en Colombia, la connivencia de autoridades de diverso orden, especialmente locales y en departamentos más alejados de la capital, han permitido que el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, capture al Estado en un proceso que, como lo vivimos en Colombia, va expandiéndose hasta llegar a las más altas instancias del poder. El tema de la corrupción en la contratación de obra pública es un fenómeno extendido en ambos países y también el financiamiento de campañas políticas a partir de esa práctica delictiva. Los cuestionamientos al órgano legislativo son similares, si bien la debilidad institucional en Guatemala es mucho mayor y la inexistencia de partidos ideológicos unida al transfuguismo rampante e impune hacen más profunda la crisis. La corrupción judicial tiene muchas similitudes y alcanza a altos funcionarios. La corrupción en la salud es también semejante, desde la compra fraudulenta de medicamentos hasta la construcción de hospitales o el soborno a los médicos para que receten tal o cual medicamento. En fin, sería grande el listado: el sistema penitenciario, la administración de impuestos y aduanas, migración y un largo etcétera…”.

¿Hubiera sido posible todo esto sin la presión de parte de la sociedad guatemalteca?

“En realidad, cuando se trata de investigar actos de corrupción imputables a un gobierno en ejercicio, las manifestaciones de respaldo a los órganos de investigación y en contra de la impunidad y la corrupción que realizaron amplios sectores de la sociedad, han tenido la virtud de contener reacciones de cualquier tipo que el poder, amenazado por la acción de la justicia, podría desatar. Adicionalmente, creo que de no haberse presentado ese despertar ciudadano a partir de las primeras manifestaciones realizadas el 25 de abril y el 2 de mayo, que condujeron a la renuncia de la vicepresidenta de la República el 8 de mayo, y que se sucedieron cada sábado durante casi veinte semanas, el Congreso no hubiera levantado la inmunidad al presidente de la República.

Sin embargo, más allá de la presión que las multitudinarias manifestaciones pudieran significar, me parece importante destacar cómo una sociedad tradicionalmente silenciosa, bien sea por el temor, la apatía o el conformismo que va generando la impunidad crónica, de pronto se levanta espontáneamente y se expresa en las calles, mientras simultáneamente la universidad pública convoca a organizaciones sociales para conformar una plataforma nacional por las reformas del Estado de la que actualmente hacen parte más de 120 colectivos. La construcción de nueva ciudadanía que reclama justicia y el freno a la corrupción y a la impunidad, ha sido un proceso realmente emocionante que espero pueda concretarse en formas organizadas de participación ciudadana en los asuntos del Estado”.

¿Usted piensa que nos faltó esa misma presión en Colombia en procesos como las chuzadas y la parapolítica?

“Para que la actividad de la justicia pueda producir algún efecto transformador en cualquier país, es necesario que la sociedad se apropie de esa causa y deje de ser simple espectadora. En Guatemala, todo ese formidable movimiento social contribuyó –no sé cuán determinante pudo ser- a que en la primera vuelta electoral, celebrada 3 o 4 días después del encarcelamiento del presidente Pérez Molina, saliera derrotado el partido mayoritario en el Congreso y su candidato presidencial no pasara a la segunda vuelta. En Colombia, por el contrario, las esposas, hijos y hermanos de los congresistas condenados por parapolítica, ocupan ahora sus escaños en el Congreso y la situación en las regiones parece no haber cambiado mucho”.

¿Qué sigue para Pérez Molina y qué pasa si al final del día es inocente?

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“El expresidente Pérez Molina, actualmente preso en una instalación militar, será formalmente acusado por la Fiscalía General en el mes de diciembre. La opinión que la señora Fiscal General y yo tenemos del caso, es que existe prueba sólida y contundente que dará lugar a una sentencia de condena”.

Mucha gente en Guatemala lo considera a usted un héroe y un “referente ético”. ¿Qué piensa de eso?

“Naturalmente, el hecho de que se reconozca el trabajo realizado, que se valore el esfuerzo, el empeño puesto en esta cruzada contra la corrupción y por la vigencia de la justicia, me produce satisfacción. Poder contribuir a que el pueblo guatemalteco recupere la esperanza en un futuro mejor, que se involucre en los asuntos del Estado y empiece a sentirse dueño de su destino, es emocionante. Estoy muy agradecido con Guatemala, que me ha permitido materializar mis convicciones de justicia por las que he luchado con tanto sacrificio desde la época en que fui Procurador Departamental de Antioquia hace más de dos décadas hasta el papel que cumplí en las investigaciones de la llamada parapolítica”.

¿Le pasó lo mismo en Guatemala que en Colombia? ¿Tuvo algún tipo de presión, resistencias, amenazas, lo desacreditaron por algo?

“Investigar conductas delictivas atribuidas a personas o estructuras que se encuentran en el poder, genera siempre un gran riesgo y se realizan con mayor dificultad. Entiendo que una de las maneras como suelen defenderse estas personas es deslegitimando las investigaciones y que la vía más expedita para ello es desprestigiando al investigador. Esta, por lo demás, ha sido también una práctica histórica llevada a cabo por el crimen organizado, como tuvimos oportunidad de verificarlo en Colombia a través de los montajes que hicieron en mi contra y la persecución a que fui sometido por la agencia de inteligencia de la presidencia de la República de mi país.

También en Guatemala hay un pequeño grupo que utiliza la misma estrategia, pero aún no ha hecho operaciones propias sino que está atento a Colombia para hacerle eco a cualquier información negativa que se publique sobre mí o a investigaciones como la que aún tengo en la Procuraduría General de la República por el escaneo de unos expedientes para preservar la memoria histórica, hecho que malintencionadamente quisieron presentar en Guatemala como una investigación penal –tal vez por la confusión que genera la expresión ministerio público, asimilada a Fiscalía General de la República- relacionada con sobornos a testigos”.

¿Quién puede estar interesado en este momento en Colombia en hacerle daño a su figura ahora que está logrando avances en Guatemala?

“Algunas personas que en el pasado resultaron afectadas directa o indirectamente con las investigaciones que realicé o coordiné, no perdonan y continúan rumiando su venganza”.

Esa investigación en la Procuraduría. ¿En qué se basa y en qué etapa va?

“Documentos históricos tan valiosos como los que obran en un expediente relacionado con la masacre de Segovia, que daban cuenta de una época importante del país cuando el paramilitarismo era amo y señor en el Magdalena Medio, corrían el riesgo de perderse irremediablemente por el deterioro que el paso del tiempo ocasionaba. Pensé entonces que era indispensable preservarlos haciendo una copia digital de ese expediente y otros dos relacionados con la parapolítica, lo que para el procurador general significó una extralimitación de funciones y por eso me formuló cargos disciplinarios. El proceso se encuentra para fallo de única instancia, porque el procurador general asumió directamente la competencia desplazando al delegado que, en condiciones normales, debía ser el encargado de investigarme”.

¿Qué faltó en Colombia para avanzar más en las investigaciones y llegar tan alto como en Guatemala?

“Indudablemente, falta más independencia de los órganos de investigación y una mayor decisión y compromiso para adelantar investigaciones profundas, serias y objetivas”.

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¿Le duele no haber sido una especie de “profeta en su tierra”?

“No tengo ningún sentimiento negativo. Entiendo las realidades del momento y las razones por las que se pretendió obstaculizar mi trabajo en la Corte Suprema de Justicia primero por el Gobierno Nacional y luego por la propia Sala de Casación Penal. Con todo, bastantes cosas se lograron y no tengo amargura sino, por el contrario, muchas satisfacciones”.

¿Considera que el modelo de la Cicig se puede replicar en otros países como Colombia? ¿Cabe la posibilidad de que exista un organismo como la Cicig en Colombia lejos de la Fiscalía y el sistema judicial? No cree que es un súper poder sin control alguno.

“La CICIG es producto de un convenio suscrito entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, celebrado a petición del gobierno guatemalteco, acuerdo aprobado luego por el Congreso de la República y examinado por la Corte de Constitucionalidad que lo halló conforme a la Carta Política.

La CICIG no tiene la titularidad de la acción penal ni puede realizar actuaciones que limiten los derechos y garantías individuales como allanamientos, órdenes de captura o interceptaciones telefónicas, procedimientos que llevan a cabo los fiscales guatemaltecos previa autorización judicial. Está facultada para realizar investigaciones preliminares que comparte luego con la fiscalía o para investigar conjuntamente con ésta y se le permite además constituirse como querellante adhesiva. No se trata, pues, de ningún “súper poder sin control alguno”, como ciertos contradictores pretenden hacer ver a la CICIG. Lo que ocurre es que dada su absoluta independencia de cualquier factor de poder local, así como la capacidad investigativa que tiene gracias a la experiencia internacional que reúne y la calidad y seriedad de sus investigaciones, resulta en la mayoría de las veces más temida que los órganos nacionales de investigación.

En muchos de nuestros países de América Latina la debilidad del sistema de justicia, su poca o nula independencia del poder político, su permeabilidad a influencias o injerencias externas al poder judicial y aun las que internamente se ejercen sobre jueces y magistrados y también sobre los fiscales generales y respecto de agentes fiscales o fiscales delegados, hacen recomendable la existencia de comisiones similares a la CICIG si es que de verdad se quiere enfrentar con decisión la lucha contra la corrupción. Pero su creación no se podrá dar, si las autoridades nacionales no manifiestan su voluntad en ese sentido y solicitan la colaboración de Naciones Unidas”.

¿Volvería al país a algún cargo público o a liderar una “Cicig a la colombiana” en el posconflicto?

“No creo que sea adecuado que una comisión internacional contra la impunidad sea liderada por un nacional del país en el que actúa, porque eso la hace susceptible a las presiones de diverso orden que puedan ejercerse contra el comisionado o a que puedan surgir intereses personales que afecten la absoluta independencia e imparcialidad que, como decía, es una de las virtudes esenciales de una organización de este tipo.

Como lo expresé antes, estoy muy agradecido con Guatemala porque me ha permitido materializar mis convicciones de justicia y emprender una cruzada contra la corrupción y contra la impunidad. Si en alguna oportunidad se estimara en mi país que puedo contribuir en el mismo sentido, estaré dispuesto a hacerlo. En todo caso, jamás he sido un burócrata que simplemente desempeña el trabajo que se le encomienda sino que pongo en ello todo mi entusiasmo, todo mi esfuerzo, todo mi compromiso, porque para mí la lucha por la verdad y la justicia no es un empleo sino una opción de vida que desde hace años asumí”.

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