COMUNICADO 090 | Foto: Emisoras Unidas.
La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, resolvió enviar a juicio a 12 personas, entre ellas la exdiputada Emilenne Mazariegos, vinculadas a una estructura criminal que operó como una red político-económica ilícita y que aprovechó una serie de relaciones políticas en el poder local para defraudar las finanzas de la municipalidad de Chicamán, Quiché.
En la audiencia de la etapa intermedia, la jueza estimó que hay suficientes pruebas para que los sindicados enfrenten juicio por los siguientes delitos:
- EMILENNE MAZARIEGOS. Asociación ilícita, lavado de dinero.
- ROBERTO CANDELARIO GAMARRO ALVARADO. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
- ANA PATRICIA MAZARIEGOS SÁNCHEZ. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
- FERNANDO JOSÉ SILIEZAR MENA. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
- ERICK ANTONIO SILIEZAR MENA. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- ANGEL FRANCISCO GARCÍA JAVIER. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- JOAQUÍN ROMERO GARCÍA ALVARADO. Lavado de dinero.
- OSMAN NOEL GAMARRO ALVARADO. Lavado de dinero.
- AXEL REGINALDO GAMARRO ALVARADO. Lavado de dinero.
- WALTER ANIBAL GAMARRO. Lavado de Dinero.
- SERGIO GUILLERMO ENRÍQUEZ GARZARO. Lavado de dinero.
- VÍCTOR ENRÍQUEZ MORALES. Lavado de dinero.
El Tribunal de Mayor Riesgo C fue designado para conocer el debate contra los 12 sindicados. El ofrecimiento de prueba fue programado para el próximo 11 de diciembre del presente año.
Antecedentes
La investigación demostró que alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán. Los fondos provenientes de la municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.
Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una ONG que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos.