COMUNICADO 055 | Foto: MP
El ex presidente de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina fue ligado hoy a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación como uno de los líderes de la red de defraudación aduanera “la línea”, caso por el cual también se encuentra en la misma situación jurídica la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías.
En el tercer día de la audiencia de primera declaración, Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, halló suficientes elementos de investigación contra el ex mandatario para dejarlo ligado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
El juez dictó la prisión preventiva por existir peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, al tomar en cuenta el alto cargo que ostentó Pérez Molina con lo cual podría influir e interferir en el desarrollo de las pesquisas.
Por más de cuatro horas el juez Gálvez fundamentó cada uno de los delitos imputados al ex mandatario, y en detalle fue relacionando cada una de las interceptaciones telefónicas presentadas por el Ministerio Público y la CICIG, las cuales confrontaba con documentos localizados durante los allanamientos en los inmuebles de varios integrantes de la estructura criminal.
En relación a los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, el juez recalcó que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se conformó una estructura interna y una externa, integrada aproximadamente por más de 50 personas que tenían como objetivo beneficiarse monetariamente a través de las aduanas, facilitando el ingreso de contenedores con mercadería subvalorada.
Agregó que el propósito de esta estructura era tomar la SAT y otras de sus dependencias, que incluían desde los técnicos, jefes de las aduanas, Recursos Humanos y Superintendente de aduanas, para que los integrantes de la organización obtuvieran un porcentaje de dinero. “Está documentando que los ex superintendentes recibían aproximadamente Q150 mil en sobornos”, expresó el juez.
Vinculación de ex mandatario
Durante su resolución el juez hizo referencia a varias escuchas telefónicas que evidencian la relación directa que el ex presidente Pérez Molina tenía con algunos integrantes de la estructura, entre ellos Salvador Estuardo González (alias Eco) y Carlos Enrique Muñoz Roldán (ex jefe de la SAT).
Al juez le llamó la atención que en las oficinas de Salvador Estuardo González se localizaron documentos como un organigrama de la SAT, tablas de distribución de los sobornos, cambios de puestos y un memorando dirigido al ex presidente Otto Pérez Molina. En una conversación con Carlos Muñoz Roldán, el ex mandatario le pide agilizar el cambio inmediato del jefe de Recursos Humanos de la SAT.
También se evidenció con las interceptaciones y documentos, una reunión que sostuvo Salvador Estuardo González con el ex presidente Pérez Molina la cual fue confirmada con otra conversación entre la ex vicepresidenta y González.
El juez señaló que una conversación no es delito, pero arroja indicios si se analiza con prueba documental. “Con la información obtenida se evidencia que existía una relación entre Salvador Estuardo González y Baldetti Elías (…). No está acreditado que González haya tenido un cargo en el Gobierno para que exista una relación con la ex vicemandataria”, resaltó el juez.
Otros indicios
Otro de los elementos de investigación que analizó el juez es que en las interceptaciones telefónicas entre algunos de los integrantes de la estructura criminal se hace referencia al “señor de la finca”, “el número uno”, “el dueño de la finca”, “el presidente”, “el alto señor”, y “el mero, mero”, lo cual daba indicios de la participación de Pérez Molina con la estructura criminal.
El juez fijó el próximo 7 de diciembre para que el Ministerio Público (MP) y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal contra Pérez Molina. Mientras que para el 21 de diciembre programó la audiencia en la cual se decidirá si el ex mandatario debe enfrentar juicio.
Antecedentes
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP y la CICIG presentaron en la diligencia judicial interceptaciones telefónicas, con las cuales se evidenció la manera de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país a través de las conversaciones de algunos de sus integrantes, funciones de la organización criminal, manera en que subvaloraban la mercadería que ingresaba, así prueba documental que incluye listados y controles de porcentajes que le correspondían a los líderes y jefes de la organización criminal, entre otros.
Por este caso fue ligada a proceso y enviada a la cárcel Santa Teresa, la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Además se encuentran detenidas otras 28 personas; mientras que ligados a proceso otros 9 comerciantes, y 14 más pendientes de captura.