Jueza Marta Sierra de Stalling ligada a proceso y enviada a prisión preventiva

COMUNICADO 062

El juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, tras analizar los argumentos de las partes involucradas en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling resolvió ligarla a proceso por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Además dictó prisión preventiva y arraigo específicamente por el delito de cohecho pasivo, más una fianza de Q200 mil por el delito de prevaricato.

El juez declaró sin lugar un recurso de reposición presentado por el abogado defensor de Sierra de Stalling con el que pretendía que el juez se retractara.

ANTECEDENTES
Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling: Sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Capturada en su oficina.

Se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera “la línea”, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad. El 16 de abril de 2015, fecha de las capturas de los integrantes de dicha red, la jueza Sierra de Stalling convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha. La magnitud del operativo frustró la aspiración de la jueza, quien tuvo que reprogramarla para el día siguiente.

La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias “eco”, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas. La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.

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El mismo día de los operativos la jueza habría negociado la medida sustitutiva con al menos tres de los sindicados. Se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía (prófugo) y personas cercanas a él, a cambio de dinero. Esto dentro del caso “bufete de la impunidad”, una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.

Por el caso del bufete se encuentran ligados a proceso varios abogados, además del hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra, en prisión preventiva.

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