COMUNICADO 100 | Foto: CICIG.
El 5 de julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso de la República la Iniciativa 5311: “Reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos”, con el objetivo de crear un mecanismo que agilice la resolución de procesos penales en los que las personas tienen voluntad de aceptar total o parcialmente los cargos, con garantías y respeto a sus derechos humanos y los de las víctimas, a cambio del otorgamiento de beneficios penales proporcionales y razonables, que no generen impunidad.
Este mecanismo, necesario para agilizar el sistema de justicia, debe servir para garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, la reparación y garantías de no repetición.
Ante la próxima aprobación de esta iniciativa por parte del Pleno del Congreso de la República, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, manifiesta su preocupación por las enmiendas actualmente en discusión, que podrían convertir este instrumento que es adecuado para fortalecer la justicia, en un mecanismo de impunidad. En particular preocupa:
- La disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos. Esta enmienda tendría los mismos efectos que el Decreto 15-2017, dejado sin efecto por el Congreso ante el clamor ciudadano del 15 de septiembre de 2017.
- La disminución de las condiciones de reparación a la víctima que desnaturalizan el mecanismo originalmente planteado. Estas condiciones buscan que el beneficio del procedimiento de aceptación de cargos se extienda a las víctimas y a la sociedad en general, a través del sistema de justicia.
En ese marco, se insta al Congreso de la República a adoptar las propuestas presentadas por las instituciones del sistema de justicia y por la sociedad civil, evitando que la aprobación de las enmiendas a la iniciativa se convierta en un instrumento de impunidad.