Comunicado del caso ejecuciones extrajudiciales y tortura

Comunicado del caso ejecuciones extrajudiciales y tortura

 COMUNICADO 101 | Foto: Radio Punto.


El 29 de octubre de 2018 la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, develó el caso conocido como: “Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura”. En esa fecha se realizaron 14 allanamientos y se ejecutaron cuatro de cinco órdenes de captura emitidas por el Juzgado Mayor Riesgo A. Un sindicado, quien servía como Viceministro de Gobernación, permanece fugado. El caso se encuentra actualmente en audiencia de primera declaración.

La investigación evidenció ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

Contexto:

En 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel “El Infiernito”. Las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron entonces en marcha el llamado Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos. La estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados. Una vez ubicados, grupos armados ilegales del Ministerio de Gobernación y la PNC ejecutaban a los detenidos. Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas.

De esta manera la estructura, que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil, cometió graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las personas quienes, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente o torturados. Miembros de esa estructura fueron investigados y juzgados en 2013 por hechos diferentes. En esta oportunidad, la investigación se refiere a 7 hechos nuevos que no han sido juzgados en tribunales nacionales o extranjeros. Esto es: víctimas nuevas ejecutadas en fechas y lugares diferentes.

Pueden encontrar más información sobre los antecedentes del caso en el siguiente link: Ver aquí

En el marco de este caso, el 29 de octubre el Juzgado de Mayor Riesgo A emitió orden de captura contra el Viceministro de Gobernación Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad.  El Sr. Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005.  El Sr. Rivera escapó el día de los operativos y se encuentra prófugo, habiendo sido declarado en rebeldía por el Tribunal.  El mismo día de su fuga, el Viceministro presentó su carta de dimisión.

Lectura de interés:  Ejecuciones extrajudiciales y torturas 2004-2007

Entre los capturados se encuentra también el ex Ministro de Gobernación Carlos Roberto Vielman (2004 – 2007), quien presuntamente encabezó la estructura y participó directamente en actos de tortura, según el testimonio directo de algunas de las víctimas.

El alto perfil de las personas vinculadas a proceso ha desatado una fuerte campaña de descalificación y desinformación contra la labor de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la CICIG. Ante informaciones que no se ajustan a la realidad o son tendenciosas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG- se permite informar:

Alegaciones:

Con respecto al respeto del principio non bis in ídem

Los ilícitos que están siendo señalados corresponden a hechos nuevos y distintos a los presentados en casos anteriores.  Se trata, en concreto, de 7 presuntos actos delictivos (3 ejecuciones extra judiciales y 4 torturas), acciones que no han sido ventiladas ni imputadas en tribunales nacionales o extranjeros con anterioridad. Por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho (non bis in idem, Artículo 17 del Código procesal Penal).

Contrariamente a lo que se ha señalado, al Sr. Carlos Vielmann no se le imputa la pertenencia a la estructura criminal que operaba en el Ministerio de Gobernación (asociación ilícita) dado que en la época de los sucesos no estaba en vigor la Ley de Delincuencia Organizada. Lo que se le imputan son delitos específicos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, que no han sido juzgados con anterioridad.

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso, relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas, tal como se detalla a continuación:

Imputaciones de ejecuciones extrajudiciales anteriores en Guatemala y en España

Víctimas ejecutadas extrajudicialmente
(Que se les imputan a los sindicados actualmente en Caso Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas)

  • Edwin Santacruz Rodríguez (“Río Hondo”) 3 de noviembre 2005
  • Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (“Las Cuevas”) 1 de diciembre de 2005
  • José Abraham Tiniguar Guevara (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Mario Misael Castillo (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Jorge Eduardo Batres Pinto (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Luis Alfonso Zepeda González (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Carlos René Barrientos Vásquez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Gustavo Adolfo Correa Sánchez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Erick Estuardo Mayorga Guerra (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Hugo Humberto Ruiz Fuentes 14 de noviembre de 2005
  • Douglas Sadiel Arauz Palacios 20 de diciembre de 2005
  • Adonis Asael Murillo 20 de diciembre de 2005

Personas torturadas, imputadas a los sindicados en la actualidad


  • Marco Tulio López y López 23 de octubre 2005
  • Luis Humberto Arana Sarceño  23 de octubre 2005
  • Julio Oswaldo García Palacios 19 de noviembre de 2006
  • Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005
Lectura de interés:  Ligan a proceso a cinco sindicados caso ejecuciones extrajudiciales y tortura

De la calidad de la evidencia.

Han circulado fuertes críticas a algunos testigos privados de libertad, cuestionando su credibilidad y por ende la solidez de la investigación.

La evidencia en el caso incluye más de cincuenta declaraciones testimoniales de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que fueron testigos de los hechos, algunos de ellos porque estuvieron presentes en el lugar de la comisión de los mismos y otros que tuvieron conocimiento de los hechos por razón del cargo que desempeñaban en ese momento, como policías nacionales civiles y funcionarios del Organismo Judicial, entre otros. Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia.

Además de las declaraciones testimoniales presentadas, tanto las realizadas en la sede del Ministerio Público como aquellas brindadas ante juez competente en calidad de anticipo de prueba, existen documentos oficiales que ratifican lo manifestado por testigos, así como pericias científicas que fortalecen la hipótesis del caso.

De los más de 50 testimonios, 4 son de privados de libertad. Estos testigos han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Sus testimonios no servirán como evidencia en materia de ejecuciones extrajudiciales. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole. No son colaboradores eficaces ni tendrán reducción de pena alguna por su testimonio. 

Con respecto al ofrecimiento de beneficios a los testigos

En el presente caso no existen colaboradores eficaces ni tampoco han sido ofrecidos u otorgados beneficios económicos ni de otra índole a los testigos. 

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A ese respecto ha circulado un audio que supuestamente recoge una negociación entre fiscales de la FECI y el Sr. Marco Tulio López, privado de libertad, con el presunto objetivo de que éste realizara declaraciones particulares como testigo a cambio de beneficios. Tal grabación está editada y el Ministerio Público se encuentra verificando su veracidad o adulteración. Posiblemente tal audio fue grabado en 2013 en el marco de una solicitud de prueba por parte de la Confederación Suiza en el proceso que se siguió con el Sr. Sperissen, quien fue sentenciado en tal país.

Las declaraciones del Sr. Marco Tulio utilizadas como evidencia en la presente investigación, prestadas ante la Fiscalía y ante juez, están fechadas 2011 y 2012 respectivamente, anteriores a la grabación del audio.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aprovecha la oportunidad para recordar que los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin discriminación de sexo, raza u origen social.  Es grave que los crímenes de tortura y ejecución extrajudicial hayan sido cometidos por funcionarios del gobierno responsables de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos bajo su custodia. Ello desnaturaliza el rol del Estado como garante del debido proceso, la protección de defensa y garantía de los derechos humanos. Este caso presenta un perfil de cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad -CIACS- en su definición más pura, razón de la creación y funcionamiento de CICIG.

Confiamos en que se respetará el debido proceso y se permitirá a las Cortes guatemaltecas dilucidar los hechos libres de presiones e influencias indebidas.

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