SALA CONFIRMA DELITO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL A EX COMISARIO DE LA PNC

SALA CONFIRMA DELITO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL A EX COMISARIO DE LA PNC

COMUNICADO 018


La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal confirmó el delito de ejecución extrajudicial a Pedro González Rodríguez, ex jefe de las Fuerzas Especiales de la Policía (DIFEP), sindicado de la muerte del campesino Antonio Beb Ac durante un desalojo en un predio, ocurrido el 15 de marzo de 2011 en el departamento de Alta Verapaz (Caso Polochic).

El fallo de la Sala se origina de un amparo que presentaron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) luego que la jueza Carol Patricia Flores Polanco, a cargo del Juzgado Primero de Mayor Riesgo “A”, le modificara el delito de ejecución extrajudicial por homicidio culposo, el 8 de junio de 2012.

Con la resolución de la Sala ahora la jueza debe programar una audiencia con las partes involucradas en el proceso a manera de cambiar el delito contra el sindicado.

ANTECEDENTES: 
El 15 de marzo de 2011 se realizó la diligencia de desalojo del predio “Miralvalle”, Valle de Panzós, Alta Verapaz, por orden del Juzgado Primero de Instancia Penal de Cobán, como resultado de la denuncia por el delito de usurpación agravada que plantearon los representantes legales del Ingenio Chabil Utzaj en contra de las comunidades campesinas de esa área.

La diligencia la practicó la Fiscalía municipal de La Tinta, Alta Verapaz, en compañía de unidades de la Dirección de Fuerzas Especiales -DIFEP- de la Policía Nacional Civil al mando del Comisario Pedro González Rodríguez. Durante el desalojo murió el campesino Antonio Beb Ac al recibir un impacto en la parte superior del cráneo por la indebida utilización de una bomba lacrimógena lanzada directamente a esta persona.

Lectura de interés:  LIGAN A PROCESO A EX POLICÍA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

La CICIG participa como querellante adhesivo en este caso, y de acuerdo con su mandato puede intervenir cuando hay evidencia de la capacidad que tienen agentes del Estado de generar impunidad. (Art. 1, inciso d: Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas).

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